Está en San Rafael y fue explotada durante dos décadas por la CNEA. El valor actual del
mineral empuja a la Nación
a plantear su reapertura y la
Provincia aceptaría. Pero hay resistencia.
por Laura Fiochetta
El Gobierno provincial no lo oculta. Una vez más hay interés
de la Nación
por reabrir la mina de uranio Sierra Pintada, que queda en San Rafael y que fue
explotada por la
Comisión Nacional de Energía Atómica desde 1975 hasta 1995.
Con ese cierre, se abrió un conflicto que lleva 17 años sin
resolución debido a la presencia de residuos contaminantes que aún no fueron
saneados. El rechazo que genera ese emprendimiento quedó en evidencia ayer en
Alvear, con la manifestación de
ambientalistas que reclamó al gobernador, Francisco Pérez, que no vuelva a
funcionar.
En 2003, con otro marco político-económico, el organismo
nacional anunció su intención de extraer nuevamente uranio y como requiere de
la venia de la Provincia
para hacerlo, le presentó al por entonces gobernador radical Julio Cobos una
evaluación de impacto ambiental avalada
por la
Universidad Tecnológica de Avellaneda.
Pero el Gobierno
rechazó la posibilidad de reabrir la mina. A través de una resolución
firmada por el ex ministro de Ambiente y Obras Públicas Francisco Morandini se
estableció que la CNEA
debía resolver antes la situación de los residuos si pretendía extraer otra vez
uranio. Además, puso condiciones a la evaluación presentada: debía estar bajo
el régimen legal provincial.
Más allá de las decisiones gubernamentales, ante la
presencia de las colas de uranio en el Sur y las denuncias crecientes de
contaminación, se gestó en los últimos diez años la multisectorial del Sur por
un Desarrollo Sustentable (que reúne a casi 40 entidades de distinta índole del
departamento) que comenzó con una
intensa lucha que incluyó una pelea judicial. Fue así que la organización se presentó
ante el Juzgado Federal de San Rafael y consiguió en 2005 una medida cautelar
que impedía la actividad en Sierra Pintada.
Esa presentación tuvo muchas idas y vueltas, pero finalmente
la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
frenó la reapertura de la mina en un fallo de diciembre de 2010. Los jueces
supremos advirtieron que, para poder reiniciar la explotación, la CNEA debe remediar los
pasivos ambientales, pero aunque puso un límite a la actividad, obvió plazos
para ese tratamiento. Paralelamente, se convocó a una audiencia
pública para la remediación de los pasivos, que fracasó varias veces.
La tarea de saneamiento comenzó pero aún no está terminada y
hay quejas de distintos sectores sociales por falta de información de la Nación respecto del estado
de avance. En las últimos meses, con el precio del uranio en alza y la decisión
expresa de la Nación
de impulsar extracciones mineras, la reactivación de Sierra Pintada volvió a
ser una posibilidad cierta. El Gobierno nacional está ilusionado en
transformarse en uno de los principales exportadores de uranio del mundo y en
ese sentido, la mina sanrafaelina es clave. Por eso, el Ejecutivo provincial
está planeando distintas formas de retomar la extracción uranífera en el Sur.
Entre ellas, la de hacerla pasar como “combustible”, en el
marco de la empresa provincial de energía, que impulsa el oficialismo y aún no
consigue aún el aval del Senado. Pero esa posibilidad ya trajo voces en contra,
especialmente por la sospecha latente de que el Gobierno estaría tratando de
obviar el cumplimiento de la ley 7.722 que en 2007 prohibió el uso de
sustancias contaminantes en la minería.
No a la mina
“Pérez quiere reabrir la mina de Sierra Pintada obviando la
ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio,
ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros
metalíferos. En la extracción del uranio se utiliza el ácido sulfúrico, no
existen muchas vueltas semánticas que se le puedan dar a la cuestión de Sierra
Pintada”, explicó el diputado nacional por la UCR Enrique Vaquié.
En esa línea, la diputada nacional radical Mariana Juri
confirmó que esta semana intentará el tratamiento de dos proyectos en el
Congreso Nacional. “Uno es para exigirle a la CNEA que remedie los pasivos en todo el país y
otro para que no reinicie ninguna explotación uranífera si no remedia esos
pasivos”, sostuvo la legisladora.
Hace diez días, la
CNEA confirmó que se detectaron filtraciones en uno de los
diques de remediación de Sierra Pintada, lo que alertó más a la población. En
ese sentido, Eduardo Sosa, el titular de
Oikos Red Ambiental que trabajó en el tema en sintonía con la Multisectorial ,
aseveró: “Que la sociedad se haya enterado de una fuga de residuos peligrosos
por los medios de comunicación habla claramente de todo lo que tenemos que
trabajar antes de pensar en la reapertura de la mina de uranio. La historia de
la industria nuclear se ha construido en base al secreto y esta situación no
puede volver a ocurrir”.
Fuentes:
Los Andes, 13/05/12, La mina de uranio que hace 17 años genera conflictos. Consultado 15/05/12.
La Voz de la Tierra, 26/04/12, Residuales de la minería del uranio – Contradicciones que preocupan. Consultado 15/05/12.
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