La "Masacre de Curuguaty", como se conoce al
episodio del 15 de junio pasado, fue explotada de inmediato por los opositores
a Fernando Lugo.
Lucía Agüero estaba con los aproximadamente 300 campesinos
que ocuparon unas tierras de un político acaudalado, tierras que según ellos no
le pertenecían. No muy lejos asomó la policía antimotines, aproximadamente 200
agentes. La mujer vio cómo dos negociadores comenzaron a hablar en el claro que
había entre ambos bandos. De repente se escuchó un disparo, seguido de una
feroz balacera.
Los negociadores fueron los primeros en caer. El campo se
llenó del ruido de las balas. Agüero se tiró al piso, protegiendo un niño de
cuatro años que era hijo de un amigo y sintió que un balazo le estremecía la
pierna. Cuando los tiros cesaron, había 17 personas muertas, incluidos un
hermano suyo y los dos negociadores que intentaron poner fin a una ocupación de
seis semanas.
La "Masacre de Curuguaty", como se conoce al
episodio del 15 de junio pasado, fue explotada de inmediato por los opositores
a Fernando Lugo: apenas siete días después, el ex sacerdote izquierdista
acostumbrado a usar sandalias era destituido por el "mal manejo de la
crisis". La reforma agraria de la que se viene hablando desde hace tiempo
y que él quería impulsar parece cada vez más distante.
Seis meses después, todavía no se ha explicado cómo fue que
lo que comenzó como una negociación pacífica dio lugar a un intenso tiroteo en
el que murieron 11 campesinos y seis policías. Los campesinos y sus
simpatizantes dicen que las investigaciones le apuntan solo a los trabajadores
rurales, en un esfuerzo tendiente a hacerles saber que nadie puede desafiar a
los grandes terratenientes.
Parientes de las víctimas sospechan que algunos de los
campesinos que habían resultado heridos recibieron un golpe de gracia de los
policías una vez concluida la batalla. En distintas entrevistas describieron
que tres de los cadáveres tenían indicios de que les habían disparado desde
cerca, cuando estaban en posiciones defensivas.
Uno de los muertos en el combate fue De los Santos Agüero,
hermano de Lucía.
"Me dieron el cadáver descompuesto de mi hijo en una
bolsa de plástico negra", expresó el padre de ambos, Catalino Agüero, un
campesino de 55 años. "Tenía un disparo en la nuca. Creo que fue ejecutado
porque me comentaron personas que estuvieron cerca de él que estando herido en
la pierna pidió ayuda y un policía le disparó en vez de ayudarle".
Lucía, de 25 años y quien tiene dos hijos, fue detenida
junto con otras 11 personas, en su mayoría campesinos. Fue llevada a la sala de
emergencia de un hospital, pero los médicos no alcanzaron a sacarle la bala que
tenía alojada en la pierna de tan ocupados que estaban.
"Unos cinco días después, cuando no soportaba el dolor,
en la cárcel yo misma me hice un corte con una hoja de afeitar y con mi dedo
retiré la bala de calibre 38
milímetros ", dijo la mujer.
Agüero se plegó a una huelga de hambre de campesinos
detenidos para protestar el hecho de que no se les ha instruido de cargos. Duró
59 días y estuvo al borde de la muerte, hasta que un juez dijo que ella y otros
tres campesinos en huelga de hambre podían permanecer en arresto domiciliario
hasta que se realizase una vista programada para el 17 de diciembre.
Lugo afirma que la matanza fue un montaje. Que su campaña a
favor de una redistribución de las tierras amenazaba los intereses económicos
de poderosos empresarios, quienes necesitaban de un escándalo de proporciones
para voltearlo.
"A este gobierno de golpistas no le interesa ni tiene
la voluntad política de investigar seriamente y esclarecer el caso. El
desempeño del fiscal tiene poca credibilidad", declaró Lugo el mes pasado.
Lugo resultó elegido en parte por sus promesas de llevar a
cabo una reforma agraria, pero el estado no tiene tierras para redistribuir y
ningún terrateniente grande quiere vender en vista de que los precios de la
soja están en niveles históricos.
Un dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico del nuevo
presidente, el diputado Elvis Balbuena, dijo que Lugo carga con toda la
responsabilidad de lo sucedido.
"El Caso Curuguaty es de su entera
responsabilidad.Tiene en su historia como presidente la muerte de 17 personas.
Lugo era comandante de las fuerzas de seguridad, era amigo de los líderes
campesinos de las diferentes organizaciones de sin tierra y fue autoridad
administrativa, un superior del director de la oficina que administra la
entrega o compra de tierras", dijo Balbuena.
El caso se encuentra actualmente en la etapa de
investigación fiscal. El plazo legal de seis meses para que el fiscal Jalil
Rachid presente la acusación en contra de los 12 sospechosos detenidos vence el
17 de diciembre. Pero el abogado de los campesinos Vicente Morales dijo que la
ley le permite al fiscal pedir una prórroga para la presentación de la
acusación.
Morales dice que una causa penal, por Ley, en Paraguay debe
finiquitarse en tres años. Si supera los tres años, la defensa de los acusados
puede pedir el archivamiento del caso.
La policía no ha hablado del tema y deriva cualquier
pregunta al fiscal.
A pesar de que algunos sectores se quejan de que está
ignorando posibles violaciones a los derechos humanos por parte de la policía,
Rachid declaró a la AP
que está enfocado exclusivamente en los campesinos, quienes están acusados de
homicidio doloso, asociación criminal, invasión de propiedad privada y
resistencia a la autoridad.
Hay además de 54 personas prófugas, señaló el fiscal.
La mayoría de los sospechosos son campesinos que resultaron
heridos en la balacera. Los nombres de los fugitivos fueron sacados de una
lista de gente que esperaba conseguir títulos de terrenos mediante la
ocupación.
Martina Paredes dijo que el cadáver de su hermano tenía una
herida de bala en una pierna y otra en la cabeza. "Para mí, le dispararon
de arriba", como si lo hubiesen ejecutado, manifestó.
Cuando la
Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay se quejó ante la
oficina de la fiscalía, se le dijo que "la legislación paraguaya no
contempla ninguna pena para la ejecución arbitraria", según la abogada de
esa agrupación Jimena López.
Paredes dijo que los familiares de las víctimas quieren
radicar denuncias contra la policía nacional, pero que la prioridad de su
abogado en estos momentos es defender a los 12 detenidos, que podrían ser
condenados a entre 18 y 25 años de cárcel de ser hallados culpables.
Exámenes balísticos probablemente podrían demostrar si los
negociadores fueron abatidos por armas automáticas como las que portaban los
policías o por alguno de los rifles de caza de bajo calibre que se encontraron
entre los campesinos. Rachid, sin embargo, no ha dicho con qué evidencia
cuenta.
Partidarios de los campesinos sostienen que el fiscal es
tendencioso porque es hijo de un gran amigo del propietario de las tierras
ocupadas. Rachid lo niega, diciendo que sus detractores están tratando de influir
las elecciones presidenciales programadas para abril del año que viene.
Pero los campesinos dicen que tienen miedo. El sábado por la
mañana, uno de los pocos líderes de esa comunidad que sobrevivió, Vidal Vega,
fue asesinado por dos individuos enmascarados que iban en motocicleta cuando
alimentaba sus pollos. Se esperaba que declarase a favor de los campesinos
detenidos.
"Creemos que fue asesinado por sicarios enviados, no
sabemos por quiénes, tal vez para amedrentarnos y frustrar nuestra lucha por
recuperar las tierras estatales tomadas por Riquelme en forma ilegal",
señaló Paredes.
La mayoría de los detenidos son campesinos, aunque hay
también un comerciante que transportó a un campesino herido y un militante del
Partido Comunista que ayudó a organizar la ocupación.
El conflicto se ha venido gestando durante décadas. Los
residentes pobres de la región afirman que esas tierras fueron robadas por el
senador Blas Riquelme, líder del Partido Colorado que apoyó la dictadura de
Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, y que domina la política paraguaya desde
el retorno de la democracia.
Riquelme, quien falleció de un derrame en septiembre, se
apropió de las tierras en 1964, amparado en una ley que concedía títulos sobre
terrenos a cualquier adulto hombre dispuesto a cultivarlos. Tantos oficiales de
las fuerzas armadas, políticos y empresarios se beneficiaron de esa ley, que
hacia el final de la dictadura todas las tierras rurales que alguna vez fueron
del estado estaban en manos privadas.
Agricultores locales cuestionaron la legalidad del título de
Riquelme y luego de ocho años de disputas legales perdieron la paciencia e
invadieron las tierras en mayo.
"Nuestro dirigente Rubén Villalba nos dijo con tanta
convicción que la propiedad estaba por ser repartida, entonces nos fuimos
detrás de él", relató con tristeza Roberto Ortega, un agricultor de 58
años que días antes de la balacera vendió a un vecino su pequeña vivienda de
madera por 3.000 dólares, reunió sus escasas ropas y las metió en un bolso de
plástico junto con el dinero de la venta y se marchó al campamento con su
esposa María Mora, de 49 años, para encontrarse con su único hijo, Luciano, de
18 años.
Al producirse el tiroteo, Luciano fue muerto. En medio de la
confusión, sus padres extraviaron el bolso con el dinero.
La mayoría de los ocupantes de eran de Yby Pytá (Tierra Roja
en guaraní), un asentamiento muy pobre de casuchas de madera junto a la
carretera por la que se transporta soja a Brasil. El pueblo tiene una pequeña
capilla -sin párroco-, un par de plazas que nadie mantiene y dos escuelitas
primarias. No hay sistema de cloacas ni transporte público.
Los habitantes de Yby Pytá generalmente tienen pequeños
terrenos donde crían algunos animales y cultivan hortalizas, pero no hay
tierras para sus crecientes familias. El asentamiento está rodeado por vastas
extensiones de tierras donde se realiza una agricultura industrial: la hacienda
de los Riquelme que produce soja, una gigantesca plantación de girasoles
propiedad de brasileños y campos de soja por todos lados.
Para Lidia Romero, la madre de Lucía y De los Santos Agüero,
el precio que se está pagando en la lucha por conseguir terrenos es demasiado
alto.
"Con mi hija en la cárcel y un hijo muerto, estoy
destrozada, casi no tengo ganas de seguir viviendo", dijo llorando la
señora, de 46 años.
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Fuente:
"Masacre de Curuguaty": Paraguay exige respuestas... y justicia, 06/12/12, Observador Global.com. Consultado 06/12/12.
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