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| Hoy. Uno de los galpones donde se originó el siniestro, en Fábrica Militar, hoy, a 19 años |
por Fernando Colautti
De los cuatro militares imputados en el juicio oral por las explosiones ocurridas en 1995 en Fábrica Militar Río Tercero, dos de ellos declararon ante el Tribunal y otros dos evalúan si lo harán antes de que se dicte sentencia.
En la primera audiencia del juicio, el 13 de agosto pasado, pidió hablar Edberto González de la Vega, quien al momento de la explosión era director de Coordinación de Fabricaciones Militares. Este martes, en tanto, decidió declarar Carlos Franke, que fue director de Producción de la empresa estatal, pero lo hizo en modo monólogo, sin aceptar preguntas de las partes.
Los otros dos imputados, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, esperan el consejo de sus abogados para definir si dan alguna explicación en el juicio. Ambos ocupaban roles en la planta militar riotercerense.
Si las declaraciones no aceptan preguntas de las partes, lo que la ley permite a los imputados, el aporte al debate se limita.
El que habló
Franke declaró este martes. Su exposición tuvo como intención central deslindar sus responsabilidades respecto de las decisiones que la empresa estatal asumía para vender armamento al exterior. Es que en la causa se debate si las ventas ilegales a Croacia estuvieron vinculadas con la voladura de la fábrica riotercerense.
Según Hugo Burgos, abogado defensor (de oficio) de Franke, este “dejó en claro cuáles eran sus funciones y atribuciones como director de Producción”. Franke señaló que no participaba de las decisiones de ventas al exterior y apuntó hacia estamentos superiores. Sobre todo, pareció marcar la responsabilidad del exinterventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga.
Fue casi una devolución de favores: la semana pasada, Sarlenga declaró en este juicio y citó en varios párrafos el rol de Franke, aunque no respondió numerosos interrogantes sobre su propio papel en el entramado para el contrabando, en el que ambos, junto a otros 16 imputados, resultaron condenados en un juzgado porteño el año pasado.
“Franke dejó en claro que no tenía poder de decisión sobre eso que se investiga en esta causa”, señaló el abogado Burgos.
Sobre las explosiones de Río Tercero en sí prácticamente no hizo referencia. De algún modo, como un modo de marcar que no conocía detalles, aunque también intentó quedar fuera del cuadro al indicar que las cuestiones de seguridad de las plantas industriales no estaban bajo su área.
Otra mirada aportó uno de los abogados querellantes, Horacio Viqueira, quien tildó de “anodina” la declaración del imputado. Marcó que “no aportó nada sustancioso” y que “sólo intentó deslindar responsabilidades, apuntando hacia arriba, aunque sin nombrar a nadie”.
Cuestionó Viqueira que también Franke se haya desentendido de las operaciones de transferencia de material del Ejército que ingresaba a Fabricaciones Militares para su supuesta reparación, pero que terminó vendido a Croacia.
En su declaración, Franke habló mucho más de los trámites por ventas de armamento que sobre lo sucedido en noviembre de 1995 en Río Tercero.
Otros testigos
En la audiencia de ayer declaró ante el Tribunal Federal 2 de Córdoba como testigo Miguel Gómez, un exsuboficial del Ejército que trabajaba en la Fábrica Militar al momento de la explosión. Relató los movimientos de los momentosd previos y posteriores a las explosiones del 3 de noviembre de 1995. Según la querella, un dato de valor fue que confirmó que en la noche previa al siniestro, el superior que estaba de turno a cargo de la guardia de seguridad del predio militar era el entonces mayor Marcelo Gatto, uno de los imputados en la causa.
Para hoy están citados otros tres militares que se desempeñaron en ese momento en la planta riotercerense: Dante Tolin, José Palma y Juan Blúa.
Luego de ellos, quedarían sólo ocho testigos más, salvo que el Tribunal acepte sumar a otros nuevos no previstos hasta ahora, a pedido de las partes.
Sarlenga, sin memoria para la causa Río Tercero
El exinterventor de Fabricaciones Militares, que fue clave para la causa por la venta ilegal de armas, no aportó ayer precisiones al declarar como testigo por las explosiones de 1995.
por Fernando Colautti
A esta causa le falta un Sarlenga. Eso se dijo durante años respecto de la investigación judicial por las explosiones ocurridas en 1995 en Fábrica Militar de Río Tercero, que requería para su esclarecimiento de una especie de arrepentido que contara lo que nadie decía.
La causa por la venta ilegal de armas durante el gobierno menemista se “abrió” en los tribunales de Buenos Aires cuando Luis Sarlenga, uno de los imputados, tras dos años de prisión empezó a contar las maniobras para las exportaciones clandestinas a Croacia y Ecuador. Por ejemplo, que Emir Yoma, cuñado y asesor del presidente de la Nación Carlos Menem, era quien le daba las órdenes para avanzar en esas ventas.
Dicen que aquel 6 de abril de 2001, al terminar su declaración, Sarlenga se agarró la cabeza y exclamó: “¡“Qué quilombo se va a armar!”. Con los años, junto al expresidente y a otros 16 imputados, terminó condenado por la Justicia por contrabando de armas.
Ayer, ese mismo Sarlenga declaró en Córdoba, pero como testigo, en el juicio oral por las explosiones de Río Tercero. Su presencia en el Tribunal Federal 2 generó expectativas porque la hipótesis que se debate es que la voladura de la fábrica se provocó para ocultar pruebas de aquellas operaciones.
“No lo sé”
Sarlenga, de 72 años, no dejó ayer aportes de valor para la causa Río Tercero. Dijo no saber la razón de las explosiones y recalcó que al ocurrir, hacía 10 meses que había dejado de ser el interventor de la estatal Fabricaciones Militares, cargo en el que Menem lo había designado tres años antes. “Tuve que renunciar por el tema mediático, cuando empezó a salir todo esto de las ventas de armas en los diarios”, admitió.
En su testimonio sobraron los “no recuerdo”, “no tengo idea” o “no lo sé”, ante numerosas preguntas respecto de precisiones sobre aquellas operaciones y sus protagonistas. Dejó la impresión de que aunque era la principal autoridad, no manejaba todos los resortes de Fabricaciones Militares.
De todos modos, lo que dijo alcanzó para ratificar el marco irregular en que se desarrollaron aquellas maniobras por las cuales se retiraba material bélico viejo del Ejército y se vendía como nuevo a países en guerra, mediante intermediarios que se quedaban con una comisión -según dijo- de entre el 10 y el 13 por ciento.
“Cuando Fabricaciones Militares no tenía stock , recurría al Ejército”, ratificó. Pero cuando fiscales o querellantes le reclamaron precisiones, respondió que no los conocía o pidió remitirse a sus declaraciones en juzgados porteños por la causa del contrabando de armamento.
Sarlenga intentó defender todas las operaciones de ventas, argumentando que la empresa estatal estaba en pésima situación económica. “Cuando asumí, la idea que daban era sólo sobrevivir hasta privatizar todas las fábricas militares que quedaban”, dijo.
Sobre su situación personal, aseguró que hoy vive de su jubilación de 5.400 pesos mensuales y de efectuar reparaciones electrónicas en su hogar.
Para los fiscales y querellantes, aunque no fue de alto impacto, el testimonio suma elementos para sus planteos de que las explosiones fueron un atentado provocado para ocultar esas operaciones ilegales.
Para los abogados de los cuatro militares imputados, aunque con matices, lo escuchado no varía el cuadro.
Quedan 13 testigos
Si el Tribunal Federal 2 de Córdoba no admite pedidos de nuevos testigos, quedan por declarar 13 de la lista original prevista de casi 50. Como ya anticipó este diario, se estima que durante noviembre serán los alegatos de las partes y que en diciembre se dictaría el fallo, cuyos fundamentos se darían a conocer en febrero de 2015.
Fuentes:
Fernando Colautti, Causa Río Tercero: otro imputado decidió hablar en el juicio, 15/10/14, La Voz del Interior. Consultado 15/10/14.
Fernando Colautti, Sarlenga, sin memoria para la causa Río Tercero, 08/10/14, La Voz del Interior. Consultado 15/10/14.
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