Este miércoles se conocería la sentencia del Tribunal Federal 2 de la ciudad de Córdoba en la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995. Qué se debatió durante los cuatro meses de audiencias. El caso no cerrará con esta resolución.
por Fernando Colautti
A 19 años de los hechos, la Justicia federal cordobesa está a punto de dictar sentencia en uno de los casos más complejos y resonantes de las últimas décadas en esta provincia: las explosiones del 3 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero.
El próximo miércoles -si los alegatos culminan el martes-, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, integrado por los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón, dará su fallo tras una treintena de audiencias, en las que durante cuatro meses desfilaron más de 50 testigos y peritos.
Este juicio, de todos modos, no cerrará el caso. Sea cual fuere la sentencia, será apelada por la parte disconforme ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Tampoco culminará ahí el ya largo recorrido: quedará el recurso ante la Corte Suprema. Al menos, cuatro o cinco años más habrá que esperar para tener un fallo firme, que realmente cierre la causa judicial.
Si ahora hubiere condenados, no habría detenidos hasta esa instancia final de la Corte.
Sin sorpresas
El desarrollo del juicio oral no aportó grandes sorpresas. No aparecieron testimonios ni elementos que varíen el cuadro con el que el caso llegó a esta instancia. Cada parte mantuvo su libreto. Tampoco era esperable que dos décadas después surgieran pruebas que no se obtuvieron en los claves primeros años de investigación.
Para entender el juicio, conviene empezar por la imputación: se acusa a cuatro militares de “haber provocado, por intermedio de personas cuya identidad aún se desconoce, de manera intencional y programada, el incendio de un tambor”, en la Planta de Carga de explosivos de la Fábrica Militar. Ese fuego inicial se hizo incontrolable y fue seguido por varias explosiones independientes, también organizadas. La acusación agrega que la voladura se hizo “con el objeto de ocultar un faltante de proyectiles”, para borrar evidencias de los explosivos que habían sido exportados ilegalmente a Croacia en esos años.
No hay otra hipótesis en pie. Podría decirse que es eso o nada. Si se concluyera ahora que fue un accidente o una escenificación similar, resultaría judicialmente abstracto porque, para delitos culposos, el caso ya prescribió.
Qué se debate
Tres ejes centrales se discutieron en las audiencias. De lo que los jueces consideren dependerá el fallo.
Uno es qué contenían los tambores donde se vio el primer y descontrolado fuego. Otro es si hubo faltante de proyectiles respecto de los inventarios reales. Y el tercero, si puede probarse que se hizo volar la fábrica para ocultar pruebas de otro ilícito ya probado: el contrabando de armas.
Saber qué tenía ese tambor donde los operarios vieron el primer fuego es la pregunta del millón, desde hace 19 años. Para la mayoría de los exempleados de la planta que declararon, debieron contener trotyl de descarga (retirado de proyectiles vencidos). Si eso contenía, nadie duda de que no pudo prenderse fuego y menos de ese modo imparable como se lo vio.
Fiscales y querellantes, que plantean el atentado, insisten en que se debieron usar detonadores, en un acto programado. Los defensores, que intentan bajar esa hipótesis, refutan que pudo haber otros materiales mezclados por un eventual descuido del personal.
Un par de testigos citaron que pudo haber trotyl con hexolita, otro material afín. Fiscales y querellantes argumentaron que las pericias químicas demostraron que tampoco esa combinación toma fuego ni explota. Los defensores replican que esas pericias tuvieron serias fallas, que no reprodujeron las condiciones del lugar del siniestro, que no se probaron otros elementos y que sus resultados no son fiables.
En la causa elevada a juicio por el juez federal riocuartense Carlos Ochoa, se expone que las pericias contables arrojan un faltante de 35.576 proyectiles, entre los inventariados al 3 de noviembre de 1995 y los recontados luego, entre salvados, recolectados y explotados. La sospecha es que esa diferencia marcaría los que se desviaron ilegalmente a Croacia y que con la voladura se intentó ocultar.
Policía y Gendarmería informaron que recogieron tras el siniestro 26.543 proyectiles de diverso calibre por el predio fabril y los barrios de la ciudad. No se sabe con certeza cuántos miles explotaron y repartieron mortales esquirlas.
Fiscales y querellantes defendieron los peritajes oficiales y hasta elevaron la diferencia a más de 45 mil unidades. Sostuvieron que los directivos de la planta y de Fabricaciones Militares intentaron dibujar esos inventarios, para ocultar que municiones del Ejército eran desviadas en ventas clandestinas al exterior.
Para Tristán Gavier, abogado defensor, ese peritaje induce a error, consideró que, sumando los depositados en el batallón de Holmberg, el faltante desaparece y hasta desafío con una pregunta: “Si querían ocultar un supuesto faltante de proyectiles, ¿no era más fácil adulterar los registros contables que hacer volar una fábrica?”, planteó.
El contrabando
La evidencia de que la fábrica riotercerense fue un eslabón relevante para las operaciones de ventas ilegales de armas a Croacia entre 1993 y 1995 fue probada en el juicio que en Buenos Aires condenó al expresidente Carlos Menem y a otros 17 procesados, entre ellos a tres de los cuatro militares imputados por las explosiones.
Lo que se discute ahora es si hay pruebas para concluir que una causa es fruto directo de la otra.
Por Fábrica Militar Río Tercero pasaban los proyectiles que se retiraban de unidades del Ejército, supuestamente para repotenciar, pero que se desviaban con destino a Croacia. El operativo se bautizó “Ejército Argentino” y dejó a esa fuerza sin miles de municiones de guerra y numerosos cañones y obuses que, retocados en Río Tercero, fueron vendidos como nuevos a aquel país en guerra.
En marzo de 1995, los diarios publicaron los primeros datos sobre esas ventas clandestinas y un nuevo embarque que se preparaba en Río Tercero quedó suspendido.
Diez meses después, esas bombas desprolijamente acopiadas en sus polvorines, incluyendo uno sin taludes de protección y ubicado a pocos metros del poblado barrio Las Violetas, bombardearon la ciudad y dejaron siete muertos, cientos de heridos y miles de propiedades dañadas.
Para el fiscal Alberto Lozada, ocultar las evidencias de la venta de armas fue el motivo por el que se provocó la voladura, “en una operación decidida desde la cúpula de Fabricaciones Militares”. Marcó que de no haber fallecido, estarían también imputados quienes en 1995 eran interventor y subinterventor de la empresa estatal, el general Juan Andreoli y el civil Norberto Emanuel.
Los abogados querellantes Horacio Viqueira y Aukha Barbero sostuvieron similar planteo: aseguraron que fue un “hecho criminal planificado desde el Estado, para eliminar pruebas del contrabando y justificar la falta de entrega de material vendido y cobrado a Croacia”.
La tragedia de Río Tercero
Para Ernesto Gavier, defensor de dos de los cuatro imputados, “no hay prueba alguna” que vincule ambas causas y menos que involucre a los acusados. Al iniciarse el juicio, había sostenido que sus defendidos “son chivos expiatorios de una causa politizada”; y marcó: “Si la hipótesis es ligar el caso con la venta de armas, los que deberían estar sentados acá son Carlos Menem y Martín Balza”.
En realidad, Menem y Balza estuvieron procesados años atrás, pero luego resultaron sobreseídos, en instancias anteriores. Hasta ahora, es la Justicia la que avaló la teoría del hecho organizado, pero es también la que les puso en techo a las imputaciones, limitándolas a los mandos medios de Fabricaciones Militares.
Los militares imputados Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto eran director y jefe del área de la que dependían los polvorines en la planta riotercerense, respectivamente. Carlos Franke y Edberto González de la Vega ocupaban cargos directivos en la sede central de Fabricaciones Militares.
Sobre Menem y Balza, querellantes y fiscales recusaron sus sobreseimientos, pero la Cámara de Casación Penal aún no se pronunció. Resta luego el paso de ese trámite por la Corte Suprema. Cuesta imaginar que haya otro juicio por las explosiones, dentro de varios años, con alguno de ellos en el banquillo.
Mientras, tres jueces cordobeses están a punto de resolver en este juicio, algo rengo, que esperó dos décadas. Para conocer sus fundamentos, habrá que aguardar hasta febrero.
La ciudad, lejos del juicio
Lo cierto es que el juicio oral por las explosiones de 1995 no es, hoy, un tema relevante en la agenda de los riotercerenses.
por Fernando Colautti
Puede que sorprenda, visto desde afuera. Puede que la respuesta sea un tema de abordaje complejo, para psicólogos sociales. Pero lo cierto es que el juicio oral por las explosiones de 1995 no es, hoy, un tema relevante en la agenda de los riotercerenses.
No aparece en la conversación cotidiana de los vecinos, ni es tema frecuente en las omnipresentes redes sociales, ni está entre las noticias más abordadas por los medios.
Es evidente que la sociedad riotercerense no está pendiente del juicio que se desarrolla en Córdoba. Lo que no resulta evidente es la razón que lo explique. ¿Es que han pasado casi 20 años y no hay modo de que no sea así tras tanta lejanía?, ¿es que la sociedad hizo una especie de clic, casi como un mecanismo colectivo de defensa, y dejó el caso atrás? ¿No estará ligado a cierta desconfianza en la Justicia?, ¿o a la impresión de que lo que se pueda resolver en este caso no se ajusta a la verdad que la mayoría supone?, ¿o que no están bajo juicio los que debieran o todos los que debieran?, ¿o será una mezcla de todo eso?
Los menores de 20 años no vivieron aquel día y son un tercio de la ciudad. Los que las sufrieron las recuerdan como una marca indeleble en su historia. No hay uno que no sepa contar qué estaba haciendo en ese preciso momento. Siete familias -las de las víctimas fatales- padecieron la peor consecuencia. La gran mayoría sigue sin explicarse cómo la tragedia no fue mayor, cuando miles de bombas de guerra que se apilaban para que los croatas mataran a serbios terminaron bombardeando sin aviso la ciudad usada para preparar esos embarques clandestinos.
Una paradoja, entre tantas que ofrece esta historia: ese día, cuando todos huían, el cementerio (en el otro extremo de la ciudad) pareció el lugar que aseguraba la vida.
De la condena a la absolución
Las imputaciones son por estrago doloso agravado, con penas de 8 a 20 años.
Al juicio le queda una audiencia, el martes próximo, para que los abogados defensores cierren sus alegatos.
Esta semana, los fiscales Alberto Lozada y Guillermo Lega pidieron una pena de 15 años de prisión para los cuatro imputados.
Antes, los abogados querellantes Aukha Barbero y Horacio Viqueira reclamaron una condena de 17 años. Ambos representan a las hijas de Ana Gritti, fallecida en 2011, viuda de una de las siete víctimas fatales y única querellante penal en la causa.
El delito de estrago doloso agravado que se investiga supone condenas de ocho a 20 años.
Fiscales y querellantes coincidieron al sostener que si bien no se pudo identificar a las personas que iniciaron el primer fuego o detonaron las explosiones, corresponde considerar a los acusados como “autores mediatos” del hecho. Esto implicaría el reconocimiento de que los imputados no fueron los autores materiales directos del estrago, pero que se los debe considerar copartícipes del entramado que organizó o permitió que ocurriera.
“Una estructura organizada de poder decidió la voladura de la Fábrica Militar”, coincidieron ambas partes en sus alegatos. Esa “organización vertical” habría involucrado, según esta posición, a los más altos estamentos del Gobierno nacional, el Ejército y la Dirección General de Fabricaciones Militares. En este juicio, sin embargo, sólo se limita la acusación a exdirectivos de la empresa estatal.
Los abogados defensores, que no han tenido una estrategia homogénea en el juicio, pedirán el próximo martes la absolución de los cuatro imputados. Insistirán en la carencia de pruebas y desacreditarán la aplicación de la “autoría mediata” para este caso.
Mientras querellantes y fiscales defendieron la credibilidad de los peritajes oficiales químicas y contables, que representan el corazón de la acusación, los imputados y sus abogados plantean duras críticas a esos informes, señalando que sus conclusiones son falaces.
Ernesto y Tristán Gavier, defensores de Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, marcaron que “no hay modo de saber ya si las explosiones fueron accidentales o intencionales, pero jamás se podrá demostrar que fueron programadas y direccionadas; es descabellado”. También opinaron que ningún fallo “podrá probar que hubo faltante de proyectiles, con lo que se cae la motivación de la acusación”.
El martes, en el último turno, alegarán los abogados Hugo Burgos (de Carlos Franke) y Marcelo Arrieta (de Edberto González de la Vega). En ambos casos, se trata de defensores oficiales porque no designaron abogados particulares.
Fuentes:
Fernando Colautti, Llega el fallo, 19 años después de las explosiones, 14/12/14, La Voz del Interior.
Fernando Colautti, La ciudad, lejos del juicio, 14/12/14, La Voz del Interior.
De la condena a la absolución, 14/12/14, La Voz del Interior.
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