Aunque la Barrick
afirma que el líquido no llegó al río, vecinos y especialistas
denuncian que sí lo hizo y que el derrame sería mayor al del 2015,
considerado el mayor desastre ambiental de la minería.
por Roberto
Andrés
Este jueves 15 los
medios de comunicación relataron durante toda la jornada los hechos
ocurridos en Veladero, la mina de oro de San Juan explotada por la
imperialista Barrick Gold. Una discordancia entre dos senadores
sanjuaninos habría permitido la filtración de información del
suceso: el pasado 8 de septiembre se produjo un “incidente dentro
del valle de lixiviación producto del desacople de una cañería
corrugada de 18 pulgadas con solución de proceso”, hecho
confirmado por la empresa en un comunicado de prensa. En un segundo
comunicado se confirmó que el agua cianurada superó el dique de
contención.
El demonio del
derrame de cianuro en los ríos de Jáchal y otros pueblos revivió
coincidentemente al conmemorarse un año del derrame de más de un
millón de litros de agua cianurada (aunque recientemente abogados de
Jáchal como Enrique Viale señalan que se trató de cinco millones
de litros) en los ríos Potrerillos, Jáchal, Las Taguas, Palca y
Blanco, hecho considerado como el mayor desastre ambiental de la
minería en Argentina y que tuvo como primera víctima a un nene de
cinco años con arsénico y mercurio en la sangre.
La Barrick Gold ya
había ocultado al menos tres derrames de cianuro que se produjeron
entre 2011 y 2012 en la mina Veladero. Esta información se
desprendió de un informe elaborado por la ex Secretaría de Medio
Ambiente y que fue dado a conocer en el marco de la causa que
observaba el juez Sebastián Casanello por el derrame ocurrido hace
un año atrás. Ante este nuevo acontecimiento, el pueblo de Jáchal
no tardó en salir a protestar en defensa del agua y la vida.
Aunque en esta
ocasión, la Barrick afirma que el líquido no llegó al río
Potrerillos, vecinos de la zona y especialistas denuncian que sí lo
hizo y que el derrame sería mayor al del año pasado. Recordemos que
la multinacional canadiense negaría en un primer momento el derrame
del 12 de septiembre de 2015, y posteriormente distorsionaría el
impacto del derrame diciendo que eran unos pocos litros: de 15 mil
litros se pasaría luego a 224 mil, hasta finalmente admitir que se
habría tratado de más de un millón de litros de agua cianurada
derramados.
En el reciente caso,
tras filtrarse la información y ante la amenaza de una pueblada, el
nuevo Gobernador provincial Sergio Uñac (PJ), en conferencia de
prensa, declara el cierre preventivo de la mina y el pago obligado de
los empleados durante este cierre. La medida preventiva de Uñac da
cuenta de una correlación de fuerzas distinta. Tras el derrame del
12 de septiembre de 2015, el entonces Gobernador provincial y ahora
presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja habría actuado
directamente como un “abogado” de la empresa, acompañando en un
primer momento la negación del hecho ocurrido por parte de la
Barrick, y luego cuestionando los resultados de la investigación
realizada por la Universidad Nacional de Cuyo que demostró la
presencia de aluminio, magnesio y mercurio por encima de los límites
permitidos en las localidades de Mogna y Tamberías. Uñac, ayer
vicegobernador de Gioja, y que estuvo participando activamente en el
mini Davos, en esta ocasión declaró el cierre preventivo de la mina
ante la amenaza de una pueblada.
En un comunicado los
vecinos y ambientalistas organizados en la Asamblea Jáchal No Se
Toca declararon que “frente al quinto derrame de cianuro
confirmado” en las fuentes naturales de agua y ante el
reconocimiento de Uñac de “no contar con información certera”
sobre lo sucedido, “nuevamente los mecanismos de control y
seguridad demuestran completa incompetencia”. Este jueves 15 se
movilizaron a partir de las 20 horas hasta la plaza 25 de mayo de San
Juan (capital), exigiendo el cierre total y definitivo de Veladero y
la remediación y prohibición de la megaminería.
Por su parte, el
ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman (PRO),
cauteloso, señaló acompañar la medida preventiva indicada por
Uñac, sin embargo un grupo de diputados de su propio partido piden
interpelarlo por el nuevo derrame de cianuro en Veladero. El pedido,
que también se extiende al secretario de Minería, Daniel Meilan,
fue impulsado por el sanjuanino Eduardo Cáceres, pero lleva las
firmas de Nicolás Massot, jefe del bloque PRO en Diputados, Eduardo
Amadeo, Silvia Lospennato, y Luciano Laspina, entre otros
legisladores. Elaboraron un proyecto para que el ministro de Ambiente
explique en el Congreso qué sucedió en la mina de oro. Bergman en
marzo de este año habría anunciado en la misma ciudad sanjuanina de
Jachal que el Gobierno Nacional pediría que se ejecute un seguro
ambiental de 90 millones de pesos en agua potable por el impacto
ambiental negativo que produjo el derrame de solución cianurada de
septiembre pasado. Sin embargo en la misma ocasión y ante la
exigencia de los asambleístas de Jáchal de cerrar Veladero, el
ministro macrista aclaró que no tiene la más mínima intención de
“modificar una actividad que tiene que ver con una política de
Estado, como es la minería”. Por su parte, el juez Sebastián
Casanello ordenó un procedimiento en los ministerios de Ambiente y
de Energía y Minería, y dándoles a Bergman y Meilan cinco días
para sumar la información que les provean los técnicos que están
en el terreno.
Sobre el andamiaje
jurídico del menemismo, sostenido y profundizado por el kirchnerismo
y ahora por el macrismo, la megaminería se desarrolló como una
nueva forma de explotación de recursos minerales hasta hace pocos
años desconocida en el país. Las multinacionales que la impulsan
provienen de Canadá, Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Suiza
y Brasil, sin embargo su característica principal se basa en su
dimensión a gran escala y en su modalidad de explotación intensiva,
lo que la hace contaminante, insostenible e incontrolable.
El uso colosal de
energía, explosivos, agua y sustancias extremadamente tóxicas,
sumado a la ubicación geográfica de las minas en zonas
cordilleranas, la convierte en una actividad absolutamente peligrosa
y antipopular. Solo la Alumbrera de Catamarca consume el 85 % de la
energía eléctrica del total de la provincia (en un país con crisis
energética) y el uso de agua por día llega a los 86 millones de
litros, mucho más que todo el resto de la provincia. En el caso de
Veladero, en San Juan, que consume hasta nueve millones de litros de
agua por día, esta mina opera sobre glaciares y ambiente
periglacial, tal como se desprende del propio Informe de impacto
ambiental realizado por la empresa. Esto convierte en ilegal a esta
actividad, al contradecir la Ley de Protección de Glaciares, que
establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre
esas superficies.
Y en el caso
específico de la extracción de oro, el 80 % del producto tiene como
objetivo el uso como instrumento de especulación financiera,
mientras que el 18 % es para joyería (la elaboración de un simple
anillo genera más de 18 toneladas de desechos tóxicos), y solo un 2
% tiene como objetivo el uso tecnológico en la industria. Tampoco
existe en el mundo alguna región que haya logrado desarrollarse
socioeconómicamente con la gran minería y en la que esta actividad
no esté ligada a la conflictividad social. Tras 20 años de
explotación de La Alumbrera de Catamarca y ya en su fase final, el
paisaje socioeconómico de la provincia no cambió favorablemente,
sino todo lo contrario: los índices industriales y de la
construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo más
altos que la media nacional y con porcentajes de población asistida
a través de los diversos programas sociales entre los más altos del
país. Por ejemplo, Catamarca es la provincia que presenta el mayor
número de beneficiarios de la asignación universal por hijo. En San
Juan, la minería ocupa a menos del 1 % de la población
económicamente activa.
El nuevo derrame en
Veladero generó un amplio repudio en la población y el arco
político y social. La joven senadora provincial por Mendoza, del
Frente de Izquierda, Noelia Barbeito (PTS) junto al diputado
provincial Lautaro Jiménez (PTS), viajó el mismo jueves a Jáchal
tras enterarse del nuevo derrame en Veladero para solidarizarse junto
a la comunidad y los asambleístas que luchan por el cierre de la
mina: “Hemos venido para ponernos a disposición de la comunidad de
Jáchal, que nuevamente ha sufrido la contaminación de su agua, de
sus ríos, por la Barrick Gold, una empresa multinacional que quiere
saquear nuestros recursos naturales”, dijo Barbeito en una
entrevista. “Lo que la naturaleza ha tardado millones de años en
hacer, ellos quieren extraerlo en pocos segundo a costa de la vida de
los trabajadores, a costa de la vida de las comunidades”.
Anoche, la diputada
nacional del FIT y abogada de derechos humanos Myriam Bregman, señaló
en televisión que “en esto no hay pesada herencia (para el
macrismo), sino que hay una continuidad absoluta”. “El
federalismo les importa tanto a la hora de no meterse contra la
Barrick, (pero) a la hora de quitarle impuestos, el federalismo sirve
para este tipo de empresas, que les sacan impuestos, no pagan
absolutamente nada y que hacen que provincias como la de San Juan
sean cada vez más dependientes del Gobierno Nacional. Casi no
generan puestos de trabajo y se llevan todo afuera, y encima no pagan
impuestos”.
Miguel Bonasso,
expresidente de la Comisión de Recursos aturales y conservación del
ambiente, y autor de la Ley de Glaciares, indicó que “el ministro
(Bergman) ignora que en el estudio de impacto ambiental de la famosa
compañía canadiense Barrick Gold, anterior a que nosotros
discutiéramos y aprobáramos en la cámara de diputados la Ley de
Glaciares, cuya primera versión fue vetada por CFK (una de las dos
leyes que vetó), Barrick reconoce que hay glaciares y periglaciares
en Veladero”.
Enrique Viale,
presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y
abogado de los asambleístas de Jáchal declaró en televisión:
“Ahora nos enteramos de este nuevo derrame, que tiene todas las
características, muy similares, al del año pasado: hermetismo,
silencio, ocultamiento”. “La justicia de San Juan está
absolutamente a merced de las corporaciones mineras y fueron las que
garantizaron la impunidad del anterior derrame. El juez Oritja, que
es un juez local, fue el que garantizó la impunidad y nos
encontramos hace un año con ningún responsable del anterior
derrame. No hay funcionario procesado provincial, ni directivo de la
Barrick real. El peor desastre ambiental de la historia Argentina
quedó impune hasta la actualidad”.
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Fuente:
Roberto Andrés @RoberAndres1982, El derrame en Veladero reaviva el debate sobre los peligros de la megaminería, 16/09/16, La Izquierda Diario. Consultado 16/09/16.
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