domingo, 15 de enero de 2017

Los 5 temas ambientales del 2016 en Calamuchita

Uno de los generadores de vapor llegando a la Central Nuclear Embalse, el 11 de agosto de 2016

Un repaso por las principales noticias relacionadas con la ecología en el el Valle de Calamuchita durante el 2016.

por Cristian Basualdo

1. Extensión de vida de la Central Nuclear Embalse
Elegimos en primer lugar la readecuación de una instalación de la cual pende la seguridad de una amplia región del centro del país, que además elimina sus efluentes en la principal reserva de agua dulce de la provincia, y genera residuos radiactivos que serán peligrosos durante miles de años. Se trata de la Central Nuclear Embalse, que alcanzó su vida útil de diseño en marzo de 2012. La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA pretende operar la central unas décadas más mediante el Proyecto Extensión de Vida (PEV).

Retrasos y sobrecostos, son dos palabras que sirven para describir al PEV. En 2011 el por entonces ministro de infraestructura Julio De Vido firmaba unos contratos: "Para proceder a la etapa final del alargamiento de vida de la Central Embalse Río Tercero". La parada para el retubado del reactor y el reemplazo de los generadores de vapor, fue programada para noviembre de 2013, postergada para abril de 2014, y finalmente realizada en diciembre de 2015. Los costos inicialmente fueron calculados en 1.366 millones de dólares, pero a mediados de 2016 se llevaban gastados 1.388 millones de dólares y Nucleoeléctrica requería otros 760 millones de dólares del Tesoro Nacional.

La Central Nuclear Embalse se jacta de estar sujeta a severos controles nacionales e internacionales (ARN, OIEA, WANO), además de cumplir con una constelación de leyes, normas, reglamentos y procedimientos internos. Sin embargo, el PEV comenzó hace una década sin el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). El Gobierno de la Provincia de Córdoba lo solicitó formalmente en abril de 2011 y se ignora por qué razón la empresa demoró 5 años en cumplir y las autoridades provinciales en reclamar por ese incumplimiento.

En febrero de 2016, Nucleoeléctrica inició los trámites del EsIA ante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, cuyo titular Javier Britch emitió la Resolución N° 77 con el objeto de alterar el procedimiento de obtención de la Licencia Ambiental regido por la Ley 10.208, de Política Ambiental Provincial. Para legitimar una extensión de vida de facto, los funcionarios nacionales y provinciales tramitaron un expediente incestuoso y ad hoc, cuya autorización ya estaba decidida de antemano.

La Audiencia Pública se realizó el 7 de julio de 2016 en el salón Tío Tom de la localidad de Embalse. Duró unas 8 horas durante las cuales los sindicatos Uocra y Luz y Fuerza, obstaculizaron las exposiciones de quienes se oponían al PEV. Javier Britch dijo que: "Se pudo expresar la gente con total normalidad y tranquilidad, más allá de ese ruido de fondo que puede haber". El lector que quiera contrastar los dichos de Britch con la realidad de los hechos puede hacer clic aquí, para ver el video de la exposición de un conocido activista antinuclear, el biólogo Raúl Montenergo, realizado por la radio El Brote.

Audiencia Pública del Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, en el Salón Tío Tom el 7 de julio de 2016

El lobby nuclear argentino dio otra muestra de autoritarismo y prepotencia, resabios de los tiempos del almirante Castro Madero. Lo único que importaba era no perder la financiación Estatal, los argumentos para enmascarar esta pretención se desarrollaron, a grandes rasgos, alrededor del cambio climático y la crisis energética. Nucleoeléctrica vendió como de punta una tecnología que se está dejando de usar en el país que la desarrolló.

Efectivamente, el reactor embalseño fue diseñado y construído en Canadá, donde la central gemela Gentily II cerró en 2012 sin extención de vida. La operadora Hydro-Québec señaló que entre los factores que influyeron en la decisión se encuentran: "Los grandes problemas incurridos en proyectos similares como Point Lepreau (Canadá) y Wolsong (Corea)". A la luz de los resultados obtenidos sobre el ciclo completo de extender la operación de la planta, la compañía llegó a concluir que ya no podía justificarse desde el punto de vista económico. Para 2025 Canadá habrá cerrado 9 de sus 22 reactores.

2. El herbicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)
En la década de 1940 los científicos descubrieron que ciertas hormonas producidas sintéticamente controlan el crecimiento de las plantas, y aplicadas en grandes dosis provocan su muerte. Esto llevó al desarrollo del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), un herbicida hormonal sistémico que se absorve por las hojas o la raíz, y produce malformaciones que matan a las plantas. Es considerado selectivo pues mata a las plantas de hoja ancha y causa poco daño a las de hoja angosta como los cereales. No se puede soslayar que el 2,4-D fue un componente escencial del "agente naranja", un desfoliante utilizado por el ejército norteamericano en la guerra de Vietnam.

El 2,4-D es un viejo y peligroso enemigo de Calamuchita. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba prohibió el uso del 2,4-D ester en las pedanías Reartes, Santa Rosa, Cañada de Álvarez y Río de los Sauces, mediante la Resolución N° 133 emitida en septiembre de 2014. Después se extendió la prohibición a todo el territorio provincial, desde el 1 de agosto al 31 de marzo de cada año, mediante la Resolución N° 112 emitida en 2016. El motivo de las prohibiciones lo encontramos en las palabras del titular de la citada cartera productiva, Sergio Busso, que en un acto en Colonia Caroya habló de no perjudicar las economías regionales: "En este caso algo tan emblemático para la zona como es la vid, además de la fruticultura y la horticultura". Es importante advertir que no se trata de una prohibición total del 2,4-D, sino de sus compuestos más volátiles y sólo en los meses más calurosos. Ante esta situación corresponde preguntar ¿Puede el 2,4-D afectar a los seres humanos?

Exhibición de plantas con malformaciones debidas presuntamente al herbicida 2,4-D. En el Festival del Bosque, Villa del Dique el 23 de diciembre de 2016

Un comunicado reciente de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) y la Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina (RENACE), señala que existe suficiente información epidemiológica del 2,4-D que da cuenta de la posibilidad de producir síntomas y enfermedades. A nivel agudo: dolor de pecho y abdomen, dolor de cabeza, irritación de la garganta y del tracto respiratorio, náuseas, vómitos, mareos, fatiga, diarrea, pérdida temporal de la visión, confusión, contracciones musculares, alcalinización de la orina, parálisis fláccida, baja presión sanguínea y aumento de la temperatura corporal, entre otros síntomas. Asimismo, la exposición oral crónica al 2,4-D tiene efectos sobre el sistema nervioso central, la sangre, el hígado y los riñones. Además es mutagénico y un alterador endocrino que puede interferir en el sistema hormonal y ponerlo en riesgo, con la posibilidad de causar muchos problemas graves, incluso cáncer.

María Godoy, Florencia Alloni, Silvina Saez y Matías Gianfelice, son los referentes del colectivo Calamuchita Consciente. Durante el 2016 se reunieron cada mes para confeccionar un mapa de los conflictos ambientales e iniciativas agroecológicas de Calamuchita. Buscan la prohibición del uso y aplicación de todas las formulaciones del 2,4-D, en todo el departamento durante todo el año, por cualquier medio y para cualquier cultivo. María es una de las "Madres de Ituzaingó", el grupo de mujeres que evidenció los efectos devastadores en la salud, ocasionados por las fumigaciones en dicho barrio de la capital provincial.

En junio de 2016 el secretario comunal de Villa Amancay, Franco Sarrachini, impulsó un Proyecto de Resolución para regular el uso y aplicación de productos químicos y biológicos de uso agropecuario. De los 24 municipios y comunas de Calamuchita, han aprobado Ordenanzas o Resoluciones que limitan el uso de estos productos las localidades de Santa Rosa, Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque Los Reartes, Las Bajadas, Amboy, San Ignacio y Villa Amancay. En Embalse sigue cajoneado un proyecto de Ordenanza desde mediados de 2015.

Mortandad de peces en la costa de Saturno, el 18 de agosto de 2016
3. El lago Embalse
El sábado 13 y el domingo 14 de agosto de 2016, unos turistas dieron la voz de alerta sobre una mortandad de peces en las costas de Villa del Dique y Embalsina. En ese momento no lo sabíamos, pero el fenómeno se repetiría durante un mes, apareciendo peces muertos en sitios tales como la costa de la Unidad Turística Embalse y el murallón del dique. Los ejemplares pertenecían a una misma especie, conocida como mojarra plateada (género Astyanax).

El 29 de agosto de 2016 la Policía Ambiental le informó a La Voz del Interior que había tomado muestras del agua y de los peces, y las había derivado a un laboratorio. El 22 de septiembre de 2016 el director de ese organismo de control, Adrián Rinaudo, declaró que todavía no estaban los resultados. Para el 14 de octubre de 2016, 2 meses después del comienzo de la problemática, Rinaudo disponía tan solo de unos sencillos análisis físico químicos y microbiológicos (Para verlos hacer clic aquí). Pero no disponía de los análisis realizados por el Ceprocor y la Secretaría de Ambiente, ni había emitido conclusiones sobre el origen de la mortandad de peces. Resulta de notoria obviedad señalar que los análisis y estudios deben ser oportunos, para alertar a la población de la eventual presencia de un contaminante. En este caso la Policía Ambiental actuó como un placebo para la opinión pública.

A solicitud de la Asociación Civil Gustavo Riemann y la Municipalidad de Villa Rumipal, la Universidad Nacional de Río Cuarto realizó un estudio del caso en cuyas conclusiones se lee que la mortandad de peces: "Se debió fundamentalmente a la presencia del oomyceto del género Saprolegnia (...) Se estima que las bajas temperaturas ambientales registradas en los últimos meses podrían tener un rol importante, ya que han generado una disminución de la temperatura del agua del embalse, lo que podría favorecer la gravedad del cuadro".

Para el lector interesado en los números, el lago Embalse tiene una superficie de 4.600 hectáreas, con una profundidad media de 12 metros y una máxima de 46 metros. El volumen medio es de 375 hectómetros cúbicos. Se ha producido una disminución natural del volumen de amacenamiento de agua de un 15 % desde 1936. La Central Nuclear Embalse toma 163.000 metros cúbicos por hora en funcionamiento normal, produciendo un salto térmico de 7 grados centígrados al final del canal y una pluma térmica que impacta en la desembocadura del río Quillinzo.

El lago se encuentra altamente influenciado por la agricultura, el manejo pecuario en alta pendiente, la erosión del suelo, y la descarga de efluentes domésticos no tratados. Desde el punto de vista físico químico, el indicador nitrógeno total está mostrando en los últimos años concentraciones elevadas respecto a valores históricos, según el Instituto de Limnología Ringuelet. Se observa una disminución de la transparencia que se atribuye al incremento de material particulado en suspención, principalmente plancton fotosintético, asociado a un incremento de las concentraciones de fósforo en el lago.

El proceso de deterioro de la calidad de un cuerpo de agua debido al enriquecimiento con nutrientes se denomina eutrofización. La Universidad de Fortaleza, Brasil, publicó en 2013 un estudio del lago Embalse, en cuyas conclusiones se advierte que: "Se encontraría experimentando un deterioro en la calidad del agua y un avance progresivo hacia un estado elevado de eutrofia, pasando de mesotrófico a eutrófico". Como ejemplos de lagos eutróficos tenemos el de Yapacaraí en Paraguay y el de Valencia en Venezuela. La situación del lago Embalse puede ser peor y se necesitan políticas públicas activas para preservarlo. Una gestión eficaz de los sistemas naturales es mucho más barata a la hora de plantear soluciones. Cosas para pensar, antes que el lago se muera.

4. La planta cloacal de Santa Rosa de Calamuchita
En mayo de 2016 el Concejo Deliberante de Santa Rosa de Calamuchita aprobó la compra de un terreno para la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales. El lugar elegido fue Villa Río Santa Rosa, más conocida como Villa Incor, un populoso barrio marginado del casco urbano, donde no hay gas natural, muy pocas cuadras están asfaltadas y el alumbrado público escasea.

Un grupo de vecinos del barrio se manifestaron frente a la sede Municipal el 18 de mayo de 2016, solicitando la reubicación del proyecto. Entre las razones esgrimidas por los manifestantes encontramos la cercanía con las viviendas del sitio de implantación del proyecto, que es un bajo inundable cercano al cauce del arroyo Seco, también mencionaron la falta del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). "No hay progreso posible sin una planificación equitativa para todos los habitantes de un pueblo y no solo para los barrios acomodados", señaló un comunicado de los vecinos movilizados.

El intendente Claudio Chavero expresó en una carta pública que: "Durante varios años se realizaron análisis pormenorizados sobre los posibles lugares de instalación (...) que deben estar ubicados dentro de nuestro ejido urbano y responder a las especificaciones técnicas solicitadas por profesionales del gobierno de la Provincia". La base argumental del intendente es la división social del conocimiento, al fin y al cabo quien determina que es la verdad, tiene el poder. Para Chavero son los técnicos y no la gente, los que deben opinar sobre la planta cloacal. Las autoridades nunca exhibieron estudio alguno del proyecto.

El Ejecutivo local implementó una estrategia criminalizadora de la protesta pacífica, cuyo ejemplo más contundente fue el despido de una trabajadora social que hacía 8 años desempeñaba tareas en el municipio. En una de las marchas los manifestantes utilizaron máscaras y disfraces para evitar "aprietes" a vecinos y empleados municipales, tal como expresaba una pancarta.

La polémica entorno a la planta cloacal de Villa Incor contó con la deslucida participación del secretario de Servicios Públicos provincial, ingeniero Alberto Bresciano. Cabe señalar que los recursos hídricos de Córdoba son administrados por un grupo reducido de funcionarios desde hace más de 30 años. Para evaluar su desempeño basta considerar las recurrentes crisis hídricas e inundaciones que padece la provincia.

Finalmente, el 20 de septiembre de 2016, los vecinos autoconvocados anunciaron en una conferencia de prensa que diferentes autoridades del Gobierno Provincial -incluyendo Alejandra Vigo- confirmaron la reubicación de la planta cloacal.

5. La Planta de Cañada Grande
Elsa Trincheri vive en Cañada Grande desde hace más de 2 décadas. Para trasladar a su hija de 9 años a la escuela lo hace a caballo, tardan una hora y media en llegar a la escuela San José. A pocos metros de la humilde vivienda de Elsa se instaló la Planta Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Calamuchita, en un terreno suyo y de su familia: los Medina Trincheri. En 2008 les pagaron solamente un mes de alquiler y, sin que medie ninguna notificación de expropiación, en 2010 las máquinas tumbaron los alambrados y comenzaron a excavar la fosa para la cava de basura. Eran los comienzos de la polémica planta de Cañada Grande, que nació cumpliendo aquella regla de los riesgos ambientales que dice que la contaminación sigue al pobre.

La madrugada del martes 29 de marzo de 2016, las penurias económicas empujaron a los Medina Trincheri a bloquear el acceso al vertedero. "No vamos a permitir el ingreso a la planta hasta que nos permitan hablar con alguien de la Comunidad Regional, que se haga cargo de pagarnos la expropiación", repetía Adriana -hermana de Elsa. De esta manera se produjo un inusual embotellamiento de camiones de basura en un solitario rincón de las Sierras Chicas. Con esta escena, propia del realismo mágico latinoamericano, la planta de Cañada Grande fue noticia por enésmia vez en La Voz del Interior.

Embotellamiento de camiones de basura en el camino a la planta de Cañada Grande, el 29 de marzo de 2016. Foto: La Voz

"Después nos llevaron a la comisaría de Villa Rumipal, nos pintaron los dedos como en cincuenta papeles" relató Elsa al periodista Emilio Emiliano. El caso es un ejemplo del doble estándar de la Justicia cordobesa, que actuó en contra de la familia Medina Trincheri aunque la planta funciona ilegalmente y ningún camión de basura debería ingresar al predio. Efectivamente, el Juzgado Civil de Primera Instancia de los Tribunales de Río Tercero ordenó: "El inmediato cese de actividades", mediante la Resolución N° 110, con fecha 23 de mayo de 2012. Resolución que no cumple ni la Comunidad Regional, ni los funcionarios de la Secretaria de Ambiente que operan la planta.

La planta es una copia de modelos europeos que no se adaptan a la realidad de nuestro país. Trasladar la basura hasta Cañada Grande es un suplicio para los municipios y comunas del Valle, tanto por las distancias que se manejan como por el estado del camino. "Ya no se puede entrar al vertedero, entonces la basura la tenemos que conservar acá en el pueblo no más (...) Ayer había cuatro camiones empantanados", relataba Jorge Risso Patrón, funcionario de la Municipalidad de Villa General Belgrano, a TV El Sauce el 12 de abril de 2016.

El mismo día habló el presidente del Consorcio Caminero de La Cumbrecita, Agustín Ernesto Furgiuele: "El acceso a la planta de tratamiento de residuos también es un camino nuestro, pero que ya estamos pidiendo a Vialidad que nos lo saque, porque no tiene sentido llevar la máquina" dijo en declaraciones radiales. En un avance contra sus propios actos, puesto que en 2010 había firmado un documento con el compromiso de mantener ese camino: "A partir del momento de construcción de la planta y luego su puesta en marcha hasta que cese en su actividad la misma" (Para ver, descargar o imprimir este documento y otros relacionados con la planta de Cañada Grande hacer clic aquí).

El lector se sorprenderá al saber que el mismo Furgiuele fue quien presentó el proyecto de la planta de Cañada Grande, mediante la empresa Furgiagro SA, que figura en un edicto del Boletín Oficial de la República Argentina del 24 de julio de 2008. Los accionistas fueron Sara Inés Massa, una jubilada de 79 años, y Ana Gabriela Furgiuele, como director figura Agustín Ernesto Furgiuele. Quien luego le alquiló el campo a los Medina Trincheri, generando dudas el hecho que un privado invierta sin tener el negocio cerrado. "Por que soy así" respondía Furgiuele, a la vez que se paseaba por los medios locales animado de augurios de verdades y certezas inquebrantables. Unos 3 meses después de su creación, Furgiagro SA presentó el aviso de proyecto de vertedero controlado ante la Secretaria de Ambiente.

La planta de Cañada Grande el 10 de marzo de 2016. En primer plano se distingue la cava de basura y al fondo se observa una parte del galpón. Foto: Franco Ezequiel Sarrachini

Furgiuele se retiró de su propia creación al poco tiempo de iniciadas las operaciones de la planta. Su intervención estuvo destinada a darle un barniz de emprendimiento privado a una decisión tomada en los más altos niveles del Gobierno Provincial. Donde se encargaron de fraccionar las responsabilidades para generar la impunidad necesaria ante el dispendio de fondos públicos que habían cavilado. En mayo de 2010, el gobernador Schiaretti fue consultado por los vertederos regionales: "Hay uno que está llevando adelante la Comunidad Regional, que es un proyecto que yo le dí instrucciones a la Secretaría de Ambiente que lo agilice y lo ponga en marcha. Porque nosotros tenemos recursos de la Provincia junto con el impuesto al Fuego", dijo Schiaretti. Así en Cañada Grande se fueron más de 20 millones de pesos del Plan del Fuego.

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