En
Parque Santa Ana se gesta un conflicto social complejo y difícil de
resolver.
por
Virginia Guevara
Hace
10 años, la localidad de Bouwer estaba en pie de guerra contra el
enterramiento sanitario de Potrero del Estado y su gigantesca montaña
con basura de décadas. El 1° de abril se cumplieron siete años
desde que ese establecimiento fue clausurado para dar fin a un
creciente conflicto ambiental.
A la
Municipalidad de Córdoba le costó mucho encontrar adónde llevar
entonces la basura: en ningún lado aceptaban un nuevo enterramiento.
Terminó montándolo en un predio de 60 hectáreas alquilado -durante
dos años se adeudó el alquiler- denominado Piedra Blanca, al sur
de la Capital. Hubo conflicto, pero finalmente fue aceptado con la
promesa de que sería temporario: apenas por dos años. Fue en 2010.
Hoy
la basura sigue en ese predio “temporario” que está a punto de
desbordarse, que tiene montañas de 20 metros de residuos y que,
contra promesas y recomendaciones, seguirá recibiendo los desechos
de la Capital y de otros municipios al menos hasta fin de año.
Otra
vez no hay adónde llevar la basura, porque nuevamente hay un
conflicto socioambiental que, lejos de resolverse, se extiende y se
profundiza.
Mientras
el Estado minimiza los planteos de los vecinos de
Villa Parque
Santa Ana, la sociedad intermunicipal Cormecor sigue adelante con el
proceso de licitación de ese complejo ambiental -hay cuatro
oferentes, uno con ventaja: las firmas Urbaser-Cotreco-Petramas- y
pronto estará lista para la adjudicación. Cuando concrete ese paso,
ya otorgará derechos a un consorcio empresarial, y no es difícil
imaginar que la resistencia vecinal será más intensa.
Ese
conflicto tiene varios elementos que lo asemejan al que impidió el
desembarco de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas. El
modo en que el Estado deslegitima la preocupación de los vecinos es
el primero. La organización y el asesoramiento legal también son
coincidentes: como en Malvinas, los vecinos fueron a la Justicia a
plantear que no estaban completos los estudios ambientales, y los
jueces les dieron la razón. Desde octubre, una cautelar impide que
esa obra comience.
Como
en Malvinas, además, hay un acampe que se mantiene hace meses, y que
difícilmente se levante. En especial, después de lo ocurrido tras
la inundación de la planta de residuos peligrosos de Taym, que está
a escasos metros del predio donde Cormecor planea su enterramiento.
Como ocurrió en Malvinas entre 2012 y 2015, no deja de crecer la
tensión y de aumentar la desconfianza. Y no surge ninguna
alternativa efectiva de mediación.
Pero
este conflicto es más complicado que el de Malvinas. Al frente de
los vecinos no hay una poderosa multinacional: está toda la basura
del Gran Córdoba, que no para de crecer porque no hay una sola
política pública en ese sentido.
Lo
que se vive en Santa Ana es un conflicto social complejo. Alguien
debería tomarlo en serio.
Fuente:
Virginia Guevara, Basura: el conflicto que se recicla y se multiplica, 15/04/17, La Voz del Interior. Consultado 15/04/17.
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