Un
grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y militantes
agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron durante más
de tres años en los accesos al predio.
Pronto
hará cinco años desde que, primero la expresidenta Cristina
Fernández y luego el exgobernador José Manuel de la Sota,
anunciaron una megainversión de la multinacional Monsanto en
Malvinas Argentinas: 1.500 millones de pesos para construir una de
las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas
más grandes del mundo. 800 puestos de trabajo cuando estuviera
funcionando y la articulación de un cinturón maicero de relevancia
internacional en Córdoba. Eso decía el anuncio.
Hoy
ese predio de Malvinas está vacío. Monsanto se lo vendió a
Regam/AMG, luego de desmontar la obra que quedó inconclusa debido al
bloqueo que un grupo de vecinos, junto a activistas ambientales y
militantes agroecológicos de varios lugares del país mantuvieron
durante más de tres años en los accesos al predio. Fueron ellos los
que decidieron que esa inversión no se concretaría: con 30 carpas
frente a los accesos al predio, persistencia y reclamos judiciales
impusieron esa determinación a la compañía de agronegocios más
poderosa del mundo, al Estado que propició su desembarco y a todos
los sectores empresarios que vieron azorados cómo caía un proyecto
productivo gigantesco a manos de "un grupo de fanáticos".
Tal vez sea ese error de diagnóstico sobre lo que supone un
conflicto socioambiental lo que condenó al fracaso el proyecto de
Monsanto.
Mientras
los funcionarios desacreditaban el "acampe" de Malvinas por
"marginal, trosko y minoritario", el impacto internacional
de esa pelea desigual contra Monsanto crecía y llovían apoyos para
los manifestantes: desde una foto del Papa con la bandera que decía
"Asamblea Malvinas lucha por la vida", a la visita de Manu
Chao entre muchos otros artistas, además respaldos locales que
crecieron, derivaron en marchas en Córdoba e instalaron una lógica
que ningún poder local pudo frenar: agitación a través de redes
sociales y resistencia pacífica en los ingresos al predio.
Reflexión
postergada
La
reflexión política sobre lo que ocurrió en Malvinas Argentinas
todavía no se produjo, pero ese conflicto insignia dejó mensajes
alarmantes: todas las instituciones del Estado naufragaron ante un
grupo que logró convencer a mucha gente de que su salud estaba en
peligro. Ni el municipio ni la Provincia lograron explicarle nunca a
los vecinos de Malvinas Argentinas lo contrario.
Tampoco
acreditaron en base a qué estudios de impacto ambiental habían
autorizado ese proyecto, y por esa razón la Justicia frenó las
obras. Continúan imputados por abuso de autoridad el entonces
intendente de Malvinas y actual secretario de la Municipalidad de
Córdoba, Daniel Arzani; el exsecretario de Ambiente de la Provincia,
Luis Bocco; el exfuncionario municipal Rubén García y siete
exconcejales.
Muchas
veces se evaluó la posibilidad de una consulta popular en Malvinas,
pero nunca se concretó. Finalmente, la Provincia bajó los brazos en
la defensa del proyecto en base a encuestas, y luego de la Justicia
avanzara con las imputaciones. Pero en las elecciones municipales de
2015 ganó por estrecho margen Silvina González, también radical y
secretaria de Gobierno de la gestión de Arzani, que autorizó el
proyecto. Le ganó por casi 500 votos a Malvinas Despierta, expresión
política de la asamblea anti-Monsanto.
Cinco
años después, no tienen respuestas las principales preguntas sobre
aquel proyecto: ¿Realmente esa planta era un peligro para la salud
de Malvinas Argentinas o esa localidad perdió una gran oportunidad
productiva y 800 puestos de trabajo? ¿La oposición a Monsanto
realmente era mayoritaria en Malvinas? ¿Cómo pudo el Estado
autorizar ese emprendimiento de esa magnitud y de esa sensibilidad
antes de que estuvieran los estudios de impacto ambiental?
Fuente:
Conflictos socioambientales: Monsanto en Malvinas, una insignia, 23/04/17, La Voz del Interior.
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