Greenpeace
denuncia presiones y conflictos de interés por la ley de semillas. Una
investigación de la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y
legisladores y empresas de transgénicos, que dominan el 60 por
ciento del mercado mundial de semillas, están detrás del impulso a
la nueva ley.
por
Darío Aranda
Quien
controla las semillas, controla la alimentación”, señala en el
comienzo la reciente investigación de Greenpeace que denuncia el
lobby empresario que impulsa una nueva ley de semillas y precisa que
al menos treinta funcionarios tienen conflictos de intereses por sus
vínculos con las compañías que serían beneficiadas con la ley. El
estudio también denuncia el rol de ONG y fundaciones que se
presentan como “apolíticas” y “científicas” pero son
financiadas por las empresas dedicadas a productos transgénicos.
Cuatro conglomerados dominan el 60 por ciento del mercado mundial de
semillas: Monsanto-Bayer, Syngenta-ChemChina, Dow-DuPont y BASF.
“Ley
de semillas: del campo al plato, el lobby de las empresas químicas”
es el nombre de la investigación que detalla los intereses detrás
del nuevo proyecto para modificar la legislación vigente. “Conflicto
de intereses, ‘puertas giratorias’ (ayer en las empresas, hoy en
el Gobierno, y viceversa), negocios compartidos y lobby son algunas
de las situaciones que confirman que se trata de un proyecto de ley
que sólo busca beneficiar a las grandes compañías”, denuncia
Greenpeace.
Entre
los funcionarios señalados con preocupación en el informe figuran
Ricardo Buryaile (ministro de Agroindustria), Guillermo Bernaudo
(jefe de Gabinete de Agroindustria), Ricardo Negri (secretario de
Agricultura), Pablo Torello (diputado nacional), Beatriz “Pilu”
Giraudo (coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo
Sustentable), Ignacio Garciarena (director nacional de Agricultura),
Gustavo Lopetegui (coordinador Económico de Jefatura de Gabinete),
Martín Lema (director nacional de Biotecnología), Leonardo Sarquís
(ministro de Agroindustria de Buenos Aires) y Gustavo Idígoras (ex
Ministerio de Ciencia, actual Monsanto), entre otros. Todos ellos
figuran con conflictos de intereses por pertenecer a espacios (como
ONGs y empresas) que tienen vínculos con las compañías que
impulsan la nueva ley de semillas.
En
octubre, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que avanza
en el Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sobre semillas, un paso
más hacia el patentamiento de semillas, como si fueran un invento
empresario, que limita el “uso propio” (guardar semillas de una
cosecha y utilizarlas en la próxima siembra, una práctica tan
antigua como la agricultura). El oficialismo intenta aprobarla este
año. “La connivencia política entre los gobiernos y las grandes
empresas, en particular del agronegocio, atenta contra la democracia
y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas”,
alerta el informe.
Fundamental
es el rol de organizaciones que se presentan como “apolíticas” o
“científicas”, pero son parte fundamental del lobby empresario:
Aapresid (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa),
Aacrea (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola), Argenbio (Consejo Argentino para la
Información y el Desarrollo de la Biotecnología), ASA (Asociación
Semilleros Argentinos), Asacim (Asociación Argentina de Ciencia de
las Malezas), Arpov (Asociación Argentina de Protección de las
Obtenciones Vegetales), Casafe (Cámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes), Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), ILSI
(Instituto Internacional de Ciencias de la Vida), Fundación
Barbechando. Todas ellas impulsan la nueva ley y tienen vínculos
directos con las compañías de semillas y agroquímicos.
La
investigación cuenta con un apartado que explicita el vínculo entre
funcionarios y empresas. Una de las personas mencionadas es la
funcionaria Beatriz “Pilu” Giraudo, hasta 2016 presidenta de
Aapresid (impulsores del modelo transgénico), entidad que cuenta con
financiamientos y auspicios de Monsanto-Bayer, Syngenta, Dow-Dupont y
BASF. “Aapresid es una organización clave para camuflar el uso de
agrotóxicos con un discurso ‘sustentable’”, denuncia
Greenpeace. Giraudo asumió en el ministerio de Agroindustria un área
que le crearon especialmente, desde donde impulsa beneficios para el
agronegocios.
“Argenbio
se presenta como un espacio científico, difunde las supuestas
bondades del modelo transgénico. Ejercen lobby en el ámbito
académico pero desde allí proponen políticas públicas de
promoción del agronegocios. Sus fundadores y financiadores son Basf,
Bayer, Bioceres, Dow, Monsanto, Nidera, Piooner y Syngenta”, señala
el informe.
Greenpeace
cuestiona los intentos de una ley que pretende limitar el uso libre
de semillas, en beneficio de las grandes empresas. Al mismo tiempo,
no se contempló ninguna de las solicitudes de agricultores
familiares, campesinos, indígenas, académicos y universidades. “Se
trata de un proyecto de ley de semillas que da más poder a empresas
agroquímicas, y sólo puede traer más contaminación para los
pueblos fumigados, más destrucción de bosques nativos y menos
alimentos saludables”, explicó Franco Segesso, de Greenpeace.
Sobresale
el rol de la Fundación Red de Acción Política (RAP), que tiene
como objetivo fundacional “ocupar espacios de poder para
transformar el país en función de valores y conductas compartidas”.
Es apoyada por empresas de la Cámara de Comercio
Argentino-Estadounidense (Amcham): Dow Chemical, Barrick Gold, Coca
Cola, Luis Dreyfus, Los Grobo, Monsanto y el fondo NML Capital
(presidido por Paul Singer).
La
Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, conformada por más
de 50 organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas,
rechaza cualquier modificación a la Ley de Semillas vigente (20.247)
y exige que los senadores y diputados detengan “las maniobras que
benefician a los actores del agronegocio y legislen a favor de la
salud, la vida y la alimentación de los argentinos”.
La
red de políticos interesados
La
Fundación Red de Acción Política (RAP) publicita que está
integrada por “160 políticos argentinos”, pero Greenpeace
denuncia que es un ámbito de lobby para beneficios de las empresas.
En ella figuran la vicepresidenta, Gabriela Michetti, los
gobernadores Juan Manuel Urtubey, Miguel Lifschitz y Hermes Binner.
En el Congreso cuenta con 18 diputados y siete senadores. De la
comisión de Agricultura y Ganadería, revisten en la Fundación RAP
los diputados Juan Casañas, Carlos Rubin, Luis Basterra, Ricardo
Spinozzi, Francisco Taboada, Sergio Buil y el senador Cristian Fiore.
Otros “políticos RAP” son Ricardo Buryaile, Rogelio Frigerio
(ministro del Interior), Carolina Stanley (ministra de Desarrollo
Social), Federico Sturzenegger (presidente del Banco Central), José
Cano (Plan Belgrano), Federico Pinedo, Ernesto Sanz y Margarita
Stolbizer, entre otros.
Fuentes:
Darío Aranda, El cuento de lo apolítico para hacer lobby, 06/04/17, Página/12.
La red de políticos interesados, 06/04/17, Página/12.
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