En el
Congreso avanzan las normas de humedales, la de áreas protegidas y
parque nacionales, y la penalización por desmontes; qué establece
cada una.
por Lorena
Zapata
En
las comisiones del Congreso se cocinan a fuego lento una serie de
proyectos de ley que reavivan la puja. La ley de humedales, la de
áreas protegidas y parques nacionales-reclamada por el presidente
Mauricio Macri durante su discurso del primero de marzo ante la
Asamblea Legislativa- y la penalización por los desmontes son sólo
algunas de las normas que pueden alterar el statu quo en un futuro no
muy lejano.
El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ya
reclamó la sanción de una ley de humedales para inventariarlos y
planificar acciones sobre esos hábitats, no sólo con una mirada
productiva o de desarrollo urbano, sino también con una visión
integral de conservación de la biodiversidad y de uso sustentable de
la naturaleza. El proyecto de presupuestos mínimos para la
conservación, protección y uso racional y sostenible de los
humedales en todo el país logró media sanción en el Senado con el
apoyo de todos los bloques políticos y espera su resolución en
Diputados.
Durante
el debate en el Senado, la Asociación por la Justicia Ambiental
(AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC)y la Cátedra
Libre de Ingeniería Comunitaria -UBA-, entre otras organizaciones,
denunciaron que "áreas del litoral argentino se encuentran
devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por
actividades productivas intensivas e invasivas" y aseguraron que
"igual estado de situación aplica para el área que comprende
el cauce del Río Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas del
Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en el
uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de
monocultivos, deforestación y construcción de diques". En el
país existen 600.000 kilómetros cuadrados de humedales, equivalente
al 21,5 por ciento de la superficie del territorio nacional. La media
sanción clasifica a los humedales en tres tipos: los de alto valor
de conservación que no podrán transformarse; los de nivel medio,
donde se permitirán las actividades extensivas, salvaguardando a la
ganadería; y los de usos múltiples, donde se podrán realizar
actividades económicas-productivas pero con criterios de
sostenibilidad. Además, se deja en manos de las provincias la
confección de un inventario -tendrán tres años para hacerlo y no
uno como fijaban los proyectos originales- y el posterior
ordenamiento territorial. El texto consensuado eliminó el artículo
que paralizaba cualquier producción hasta tanto se confeccionara el
registro y se excluyeron de los alcances de la ley a los salares de
altura.
"Es
muy positivo que se intente buscar un equilibrio, una solución,
porque no podemos darnos el lujo de decir que en más del 20 por
ciento del territorio nacional no se va a producir o desarrollar
ningún tipo de actividad", opinó Mariano Maurette, presidente
de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR). Su
expectativa está puesta en un debate que podría saldarse este año,
luego de las elecciones.
Parques,
en reserva
"Avanzamos
en la creación de áreas protegidas como la Reserva Natural
Silvestre "El Rincón" en Santa Cruz, el Parque Nacional
Aconquija en Tucumán, los Esteros del Iberá en Corrientes y el
Impenetrable de Chaco. Esperamos que el Congreso sancione las leyes
para convertirlas en Parques Nacionales", reclamó el presidente
Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. La
creación del parque chaqueño ya se sancionó y promulgó en octubre
de 2014 pero el Ejecutivo aún no ha enviado al Congreso la cesión
de las jurisdicciones ambientales de las otras tres áreas. Sin ello,
los legisladores tienen las manos atadas.
No
obstante, Diputados tiene para su debate un proyecto de ley de
presupuestos mínimos para las áreas naturales protegidas -que
cubren el 10,7 por ciento del territorio nacional-,. "Además de
la creación de más áreas protegidas, es necesario lograr el
ordenamiento federal de todas las áreas con un mínimo grado de
organización y financiación", fundamentó Mario Barletta, el
impulsor de la ley, y presidente de la comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente de Diputados
La
propuesta fija áreas que deben conservarse íntegramente en su
estado natural, y otras que compatibilizarán recursos renovables
con conservación -permitiría ciertos usos extractivos cuyo manejo
sustentable no afecte la persistencia de los recursos naturales
renovables ni la biodiversidad-.
Crimen
y castigo
Un
proyecto de Victoria Donda -Libres del Sur- y Greenpeace establece
una pena de 2 a 10 años de prisión a quien desmonte o cambie el uso
del suelo sin autorización, destruya bosque nativo o provoque un
incendio. Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de
la organización ambientalista, señaló que "grandes
productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la
ley de bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una
multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la
destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad
de los funcionarios en la violación de la normativa. Quienes
destruyen los bosques no son empresarios, son delincuentes". El
proyecto de ley también penaliza con cárcel de 2 a 6 años a quien
ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria
o conocimiento técnico, académico o científico. Además, propone
agravantes cuando el ilícito se haya cometido para obtener beneficio
económico, desalojando familias, con la colaboración de un
funcionario público, afectando reservas, parques o áreas protegidas
nacionales o locales y territorios indígenas o campesinos. Si bien
todos estos proyectos han logrado algún avance, sólo se convertirán
en ley aquellos que tengan el aval del gobierno y logren un alto
consenso entre los distintos sectores.
Fuente:
Lorena Zapata, Leyes que enfrentan a los ecologistas con los desarrolladores, 15/04/17, La Nación. Consultado 15/04/17.
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