El ajuste que llega a los más ajustados

 
 
La atención sanitaria a la población vulnerable del Riachuelo se redujo en más del 60 por ciento. La cantidad de personas atendidas bajó de 32 mil en 2015 a 13 mil el año pasado. Y fue desarticulado el Plan Integral de Saneamiento Ambiental, que dejó sin atención a los sectores más vulnerables de la cuenca. La Acumar debía cumplir esa tarea por orden de la Corte Suprema.

por Juan Funes

La atención sanitaria a la población vulnerable que vive en las costas del Riachuelo se redujo en 2016 más de un 60 por ciento: mientras que en 2015 fueron asistidas casi 32 mil personas, el año pasado se atendió sólo a menos de 13 mil; las dosis de vacunas bajaron la mitad, de 14 mil a 7 mil; y las personas vacunadas bajaron de unas 2.638 a 726. Este recorte se realizó cuando el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar, mantuvo los mismos recursos en ambos años. De las 12 Unidades Sanitarias Móviles con las que cuenta el organismo, en 2016 cada operativo utilizó un máximo de cuatro. Algunas no fueron usadas en todo el año. Un informe titulado “Retroceder en el cuidado de la salud y el ambiente”, elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria, publicó estos datos luego de un relevamiento sobre la implementación del PISA. El estudio señala además un retroceso cualitativo en la implementación del Plan, y la reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales que fueron desplazados o se los dejó sin funciones.

“Lo que se está viendo es la diferencia entre la concepción de salud como beneficencia que tiene el gobierno de Cambiemos, a la idea de salud como derecho que tenía el kirchnerismo”, opinó en diálogo con PáginaI12 el presidente de la Fundación, Nicolás Kreplak. El ex viceministro de Salud de la Nación se refirió a los barrios asentados a orillas del Riachuelo, tanto de Capital Federal como de la provincia de Buenos Aires, como “algunas de las zonas más vulnerables del país por cuestiones socioeconómicas y además por la contaminación y los problemas de sanidad que implica”. “Es un lugar en el que tiene que estar el Estado, porque sino la gente no tiene a dónde acudir para acceder a los servicios básicos de salud. Hoy están dejando desamparada a la población más necesitada, y teniendo los recursos para ayudarla”, agregó Kreplak.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a la Acumar para que diera datos precisos sobre los indicadores del saneamiento de la cuenca y la atención de salud a los vecinos. No hubo mucho para mostrar. En ese momento, el presidente del organismo era Julio Torti, quien renunció días después de la audiencia. Torti había sido designado por el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín, que dejó el cargo en enero de este año. En ese mismo mes, para reemplazar a Torti asumió la presidencia de Acumar Gladys González, que venía de la intervención en el SOMU y ahora es mencionada como posible candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

En el año 2008, el PISA puso en marcha el Plan Sanitario de Emergencia (PSE), para dar respuesta a la intimación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicó sobre Acumar. La Corte estableció tres objetivos fundamentales: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; lograr la recomposición del ambiente en la cuenca tanto en el aire, como en el agua y en los suelos; y prevenir los posibles daños con suficiente y razonable grado de predicción. En ese sentido, el PSE se creó para promover y proteger la salud, prevenir enfermedades, y trabajar de manera coordinada con instituciones y organizaciones locales de cada barrio.

Con la creación del PSE, se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis. Su tarea consistía en realizar intervenciones integrales de asistencia a las poblaciones vulnerables, que articulaban la atención médica y pediátrica, la salud de la mujer, campañas de vacunación, atención psicológica, evaluaciones oftalmológicas con entrega de lentes, estudios complementarios de imágenes como radiografías, ecografías y mamografías. “Se trataba de un trabajo continuo para garantizar los derechos elementales de salud. A partir de las primeras intervenciones se pensaba en cómo encarar los problemas que antes no contemplábamos, y en cómo articular el trabajo con las instituciones locales. Así, se fortalecía la relación entre el Estado y la sociedad”, explicó Kreplak.

“Los pacientes iban a atenderse por algo puntual, y cuando llegaban veían todas las Unidades y aprovechaban todas las posibilidades”, contó el presidente de la Fundación para describir la dinámica de las operaciones. Como ejemplo, contó que “muchas veces iban mujeres para llevar a los hijos al pediatra, pero cuando veían el camión de salud a la mujer se hacían mamografías o papanicolau, y se les daba asistencia en temas de sexualidad. A partir de esa atención surgían cuestiones más íntimas, relacionadas a violencia de género, a casos de abusos o adicciones. Después empezábamos a trabajar sobre esos problemas”.

El informe que presentó la Fundación muestra cómo, con el cambio de gobierno, el Plan se empezó a desarticular durante el año pasado. Mientras en 2015 la cantidad de operativos que se realizaron con las Unidades Sanitarias Móviles fueron 145, en 2016 sólo se hicieron 44. El número de personas atendidas bajó a raíz de esto de 31.967 a 12.721; la cantidad de vacunados de 2.638 a 726; y las dosis aplicadas de 13.943 a 6.957. Los principales destinatarios de estas vacunas eran los chicos, por lo cual, según Kreplak, “las consecuencias se van a notar considerablemente en los índices de salud de los próximos años”.

A su vez, el correlato de la disminución en las operaciones es la pérdida de trabajo por parte de los profesionales que forman, o formaban, parte del PSE. “Lo primero que hubo fue una tremenda parálisis del Plan. A muchos trabajadores los dejaron sin funciones; entre ellos a médicos, odontólogos, psicólogos, que terminaron renunciando porque son profesiones en las que no es difícil encontrar otro trabajo”, dijo Kreplak para detallar el modo en que se subejecutó el Plan. Luego agregó que “a muchos promotores de salud los reubicaron en otros programas que nada tienen que ver con la salud”, y que “no renovaron los contratos de los nutricionistas, psicólogos, y trabajadores sociales que hacía tres o cuatro años trabajaban en el Plan”.

Mas allá de la disminución en la cantidad de operativos, el informe muestra cómo también cambió el desarrollo de las intervenciones. En 2015 los operativos se realizaban con distintas Unidades Sanitarias Móviles en conjunto; en 2016 la Unidades trabajaron de manera desarticulada, y algunas no fueron utilizadas en todo el año. Se usaron un máximo de 4 de las 12 Unidades con las que cuenta Plan, 2 o 3 de atención primaria y una de odontología. “Ya no se hacen intervenciones complementando las distintas Unidades. A muchas las tienen guardadas, totalmente echadas a perder. La de imágenes, por ejemplo, no se usó en 2016”, advirtió Kreplak. El estudio finaliza con la conclusión de que el uso de las Unidades pasó a responder a problemas puntuales, en lugar de tratar la situación sanitaria de los barrios de manera integral. Por este motivo, Kreplak se refirió a “un cambio en la concepción de salud, que pasó de ser considerada como un derecho, a ser tomada como beneficencia”.

Contaminantes con permiso

El 23 de marzo pasado, Acumar publicó la resolución 46/2017, que en su artículo 4 aprobó la nueva “Tabla Consolidada de Límites Admisibles de Vertido de Efluentes Líquidos”. Son siete los químicos contaminantes nuevos que se permiten en esta tabla, “muchos de ellos prohibidos desde 1969”, según explicó en diálogo con PáginaI12 Beatriz Mendoza, la impulsora del juicio que en 2004 hizo un grupo de vecinos contra Acumar por el deterioro sanitario de la cuenca. “La resolución es de un grado de perversión inimaginable. Favorece a las empresas contaminantes en detrimento de las poblaciones que viven sobre el Riachuelo”, aseguró. La activista denunció además “el despido de 1000 cooperativistas que hacían la limpieza de la superficie de la cuenca”, y advirtió que “es el momento más crítico en relación a la protección de la gente por parte de Acumar”. “Las consecuencias de todo esto se van a ver en un plazo más largo”, concluyó Mendoza.

Una crónica del abandono

Testimonios de vecinos que perdieron la atención.

“Ayer me tuve que ir hasta Avellaneda para que me atendiera un médico. La salita de acá del barrio estaba, como siempre, colapsada”, cuenta a PáginaI12 Miriam Coronel, vecina de la Villa 21-24 de Nueva Pompeya. Recién a la mañana pudo volver a su casa; pasó toda la noche en el hospital con suero. “Si hubiera estado el camión de la Unidad Sanitaria Móvil me atendían acá”, agrega, mientras cruzaba el barrio por la calle Zavaleta en dirección al Riachuelo. Con el cambio de gobierno a fines de 2015, Acumar desarticuló el Programa Sanitario de Emergencia. De las 12 Unidades Móviles, actualmente sólo usan 4. “Los vecinos siempre preguntan por los camiones”, asegura Liliana Figueredo, otra vecina. “Las Unidad de odontología, por ejemplo, de un día para el otro no las sacaron más. A muchos vecinos les sacaron todos los dientes, les hicieron el molde para ponerles los implantes y nunca más volvieron. Hay gente que se quedó sin dientes”.

La calle Zavaleta es la que divide a los barrios Nueva Pompeya y Barracas de la Ciudad de Buenos Aires. Atraviesa la Villa 21-24 desde avenida Alcorta hasta el Riachuelo, como la columna vertebral del barrio; las casas se multiplican hacia este y oeste. Una cuadra antes de la cuenca, Zavaleta se convierte en un pasillo. Para llegar hasta el lecho hay que doblar a la izquierda, bordear una cancha de fútbol cinco y seguir por las vías del tren. Los rieles apenas asoman entre el barro; son pocos los centímetros que los separan de las casas de ladrillo a ambos lados. La vía, sin embargo, todavía está en uso: “Dos veces por día pasa el tren de carga”, advierte Figueredo, a metros de llegar al espacio en donde tendría que estar el camino de sirga.

“Allá muchas veces estacionaban los camiones”, dice Coronel y señala al que parece ser el último lugar abierto entre las casas de dos o tres pisos, antes de desembocar al Riachuelo. Al igual que con lo ocurrido con la Unidad de odontología, que trabajaba en conjunto con el Plan Argentina Sonríe, otros tratamientos también fueron interrumpidos el año pasado sin aviso previo. “A muchos vecinos de esta zona les habían hecho el fondo de ojos, y todos los estudios para hacerles los lentes. El proceso era así: primero hacían los estudios, se llevaban la información y después volvían con los lentes. Esta vez nunca volvieron”, detalla Coronel.

Lo mismo ocurrió con uno de los temas de salud más delicados para quienes viven cerca del Riachuelo: la contaminación de la sangre con plomo. Miriam Coronel vive en la 21-24 desde hace 14 años. Se mudó al barrio cuando todavía estaba el basural conocido como “La Quema”, en la región en la que ahora vive. “Algunos chicos nacieron, crecieron y se hicieron adultos contaminados de plomo. Pero desde que empezó a trabajar Acumar en 2012, empezaron a hacer estudios y a detectar a los chicos que tenían. Las Unidades se encargaban de hacer el seguimiento de los chicos con plomo. Les hacían análisis de sangre para ver si bajaba o subía el nivel, y si era necesario los derivaban a hospitales, como al Garrahan por ejemplo”, explica. En muchos casos, los chicos no eran derivados al hospital, pero para esos cuadros es fundamental mantener un control constante. Las vecinas afirman que el seguimiento no sólo fue interrumpido, sino que además, en muchos casos, Acumar se quedó con los estudios clínicos, por lo cual no pueden usarlos para acudir a otro médico. “Así pasó con mi hija más chica. Le hicieron los estudios, le detectaron que tenía plomo, pero quedó todo ahí. Nunca más volvieron. No sabemos nada; si bajó, si subió, si le puede afectar en algo”, cuenta Figueredo.

Las vías cruzan el lecho sobre un puente de madera vieja y hierro oxidado. Abajo, el agua marrón parece estancada de tan espesa. Se puede ver que corre por las bolsas de nylon que flotan y avanzan lentas río abajo. En ese lugar de la cuenca, el lecho dibuja un meandro que deja una pequeña porción de terreno, como una península, en donde está ubicada la cancha de Victoriano Arenas. Allí encuentra tierra firme el puente ferroviario que une a la 21-24 con Avellaneda. Coronel recuerda que cuando todavía existía La Quema, eran las vías las que dividían al basural del barrio. También cuenta cómo se expandieron las casas sobre esa zona, que ahora es conocida como San Blas. En el año 2012, según estima Coronel, Acumar empezó a trabajar de manera más activa en la villa: “lo primero que hicieron fue recorrer los barrios más necesitados y tomar a mucha gente que quería trabajar pero no encontraba en dónde. Darles trabajo ya era una forma de inclusión para el barrio, pero además, como conocían bien a todos los vecinos los iban a buscar para llevarlos hasta las Unidades, para contarles en dónde estaban, porque siempre las estacionaban en distintas regiones del barrio. Su trabajo era de vincular a los vecinos con los profesionales”, explica.

Una vecina que todavía trabaja en Acumar cuenta a este diario cómo era el trabajo hasta 2015 y cómo cambió a partir del año pasado. “Antes los camiones venían de a tres, nunca uno sólo. La idea era coordinar el trabajo de las distintas Unidades”, relata y subraya que “para nosotros es muy difícil conseguir turno para una ecografía o un electrocardiograma. Con las Unidades, los vecinos podían hacerse los estudios ahí mismo”. “Uno de los camiones estaba destinado para que las mujeres se hicieran mamografías y papanicolau -continúa-, y como muchas vecinas tenían dudas de si hacerse los estudios o no, nosotras que las conocíamos las convencíamos de que los hicieran”. Durante 2016, los contratos para los trabajadores y trabajadoras del Plan se redujeron a plazos de tres meses. Fue el caso de los más afortunados; a muchos, nunca les renovaron. “El trimestre pasado 52 compañeros quedaron en el listado de los que podían no renovarles. Todavía no está definido, siempre nos tienen hasta último momento sin saber”, dice la vecina. En cuanto a las actividades que realizan actualmente, cuenta que “desde el año pasado estamos haciendo encuestas. Recorremos el barrio, les preguntamos a los vecinos qué necesitan, pero después no se hace nada. Sacan tres camiones nada más, y los ponen como pantalla, no se usan como antes. El resto de las Unidades están todas guardadas”.

La obra para el camino de sirga ocupa menos de 100 metros de la costa del Riachuelo y se termina en las vías. Del otro lado, las casas apenas se sostienen sobre el barranco, casi sobre el agua. Entre los juncos y las algas de la orilla, sobresale un caño ancho: vierte un líquido que se inyecta en el agua como una nube de polvo gris. “Ese es el caño que junta todo lo de las cloacas del barrio”, indica Coronel. Desde la parte más alta del lecho, de vez en cuando, bajan manchones similares. “Todas estas casas -dice Coronel en referencia a las viviendas que se amontonan en la costa-, son las que más sufren de la contaminación con plomo. Para algunas familias se están construyendo las viviendas que están al lado del barrio, sobre la calle Iguazú. Pero interrumpieron la obra varias veces, igual que la del camino de sirga. Eso sí, ahora que vienen las elecciones volvieron a mandar a todos los obreros”.

Fuentes:

Juan Funes, El ajuste que llega a los más ajustados, 18/05/17, Página/12.

Juan Funes, Contaminantes con permiso, 18/05/17, Página/12.

Juan Funes, Una crónica del abandono, 18/05/17, Página/12.

La obra de arte que ilustra esta entrada es "El Riachuelo", 1916, óleo sobre tela, 72,3 x 84,5 cm, Museo Nacional de Bellas Artes. Del pintor, grabador y escenógrafo argentino Pio Collivadino (1869- 1945).