por
María Laura Langhoff, Alejandra Geraldi y Patricia Rosell
El
oeste pampeano se localiza dentro de lo que se conoce como diagonal
árida sudamericana (Bruniard, 1982). Esta extensa región se
caracteriza por las escasas lluvias y, por ende, escasa
disponibilidad de agua tanto superficial como subterránea. Sin
embargo, comparte la parte final de la subcuenca del río Atuel que,
a su vez, integra la cuenca del río Desaguadero. Históricamente
este curso de agua ingresaba en el noroeste provincial a través de
cinco brazos formando un extenso humedal conocido como “Bañados
del Atuel” y uniéndose luego al río Salado. La presencia de estos
cursos de agua contribuyó en épocas tanto prehistóricas como
prehispánicas a mantener una presencia humana que interactuaba con
un medio semiárido provisto de un oasis natural.
Sin
embargo, esta situación se modificó durante el siglo XX por la
disminución drástica del caudal del río Atuel como consecuencia de
los desvíos clandestinos en la vecina provincia de Mendoza y en 1947
con la construcción de la represa El Nihuil. El resultado fue la
agudización de la desertificación, alteración medioambiental y
pérdida de población en una zona donde se estaban dando los
primeros pasos de asentamiento bajo la nueva etapa territoriana.
En el
siglo XIX en la etapa colonial independentista se constituyeron las
primeras catorce provincias de lo que sería el núcleo del futuro
Estado argentino, dentro de estas se conformó la provincia de
Mendoza cuya producción, por distancias ante todo, se orientaba
hacia el mercado trasandino. A fines de dicho siglo el avance del
Estado ya constituido hacia territorios hasta entonces ocupados por
poblaciones originarias, se efectivizó con la denominada campaña al
“desierto” de Roca. Estos nuevos territorios una vez incorporados
al modelo productivo agroexportador, no fueron incluidos íntegramente
en la vida política, quedaron, por lo tanto, bajo la figura de
territorios nacionales con la tutela directa del ejecutivo nacional.
El Territorio Nacional de La Pampa Central es uno de los que se creó
en esta etapa. Junto con los otros territorios nacionales fueron
declarados como provincias en el año 1951.
Esta
condición política de disparidad entre estas dos jurisdicciones
vecinas, Mendoza y La Pampa, contribuyó a alentar un uso diferencial
del río originando tensiones en diversos momentos y desembocando en
un conflicto que involucra a diversos actores, además de los
pobladores y perjudicados directos por el mal manejo del agua, como
son también los sectores políticos, empresarios y profesionales,
dentro de este último se pueden incluir a los docentes y su tarea
concientizadora respecto al cuidado del agua.
La
propuesta con este trabajo es aportar al análisis cronológico de
estas tensiones y el conflicto, exponer que actores se ven
involucrados en cada situación y cuáles son sus demandas a través
del tiempo. Además analizar qué representaciones se han ido
conformando en esta lucha en torno al territorio hidro-social
compartido.
El
marco teórico desde el que se trabaja se corresponde con la ecología
política del agua, se toman los conceptos de ciclo hidro-social y
territorio hidro-social para estructurar el análisis en torno a los
juegos de poder para acceder y controlar los usos del agua en
espacios semiáridos. Por otra parte se consideran los aportes desde
la antropología con el concepto de lugar y su significación en las
luchas de las comunidades por la preservación de sus espacios.
La
metodología que se utiliza comprende el uso de datos cualitativos
como lectura y análisis de fuentes oficiales consultadas en archivos
provinciales y repositorios digitalizados, además de consulta
puntual de artículos de prensa también en versión digital y la
interpretación de mapas. En cuanto a los datos cuantitativos, se
utilizan estadísticas de población que permiten realizar un
seguimiento de las fluctuaciones en el oeste pampeano a lo largo del
siglo XX.
La
ecología política es una línea de investigación que aporta una
perspectiva crítica-constructiva en el análisis de conflictos de
poder en torno a los bienes naturales. Diversas miradas se han
desarrollado al interior de este campo dando origen a interesantes
aportes muchos de ellos desde el hemisferio sur, los cuales muestran
la otra cara y alternativas de estudio y solución de los problemas
socio-ambientales. Dentro de este esquema se está construyendo lo
que se puede llamar el sub-campo de la ecología política del agua.
El agua indispensable para la vida ya no puede ser considerada solo
como un recurso natural, es necesario comprender que es un bien común
y como tal debe ser utilizada concientemente.
Históricamente
se han sucedido conflictos en torno a fuentes de aguas diversas y,
sobre todo, en zonas áridas. En el contexto de avance capitalista en
lo que se puede llamar su fase neo-extractivista, la disponibilidad
de agua dulce se encuentra amenazada por los usos indiscriminados en
monocultivos, megaminería y extracción de hidrocarburos. Su
circulación en la naturaleza ya no se concibe desde el ciclo del
agua, sino que se incorpora la acción que la sociedad produce en
este. En tal sentido se habla de ciclo hidro-social. La distribución
del agua no es equitativa y está mediada por tensiones y relaciones
de poder que involucran a distintos actores y a sus diversas
representaciones del agua (Swyngedouw, 2009; Boelens, 2015).
En
relación con ello se trabaja con el concepto de territorio
hidro-social (Boelens, et. al., 2016). Es en el territorio que se
producen y conjugan las experiencias culturales, económicas,
sociales, políticas y medio ambientales y donde, justamente, se
ponen en juego las representaciones e imaginarios del agua y donde se
enmarcan los conflictos. Estas conceptualizaciones evidencian la
complejidad en el acceso al agua, donde no solo esta acción se
reduce a la gestión o realización de obras. Implica también la
comprensión de un universo socio-ambiental particular en cada lugar
y que supone estrategias de lucha.
El
caso de la disputa por el río Atuel en el oeste pampeano, se enmarca
en la lucha por el acceso al agua en poblaciones desfavorecidas tanto
social como geográficamente. En esta situación tanto la provincia
de Mendoza como La Pampa se ubican dentro de la diagonal árida, pero
ambas tienen trayectorias políticas, sociales y económicas
diferentes como quedó expuesto anteriormente. Hasta la constitución
del estado nacional esta región conto con ocupación humana. En la
zona del centro oeste de la provincia de La Pampa, los registros
arqueológicos indican la presencia humana desde hace unos 5000 años
antes del presente. En la etapa hispánica y colonial cuando aún los
bañados del Atuel estaban activos, en la zona cercana a la localidad
de Santa Isabel hay indicios de ocupación del espacio en el sitio
Vallejo (Austral, 1971). La ocupación criolla de Mendoza y el
desarrollo de actividades económicas impulso a algunos exploradores
a buscar algunas alternativas para llegar al Atlántico, tanto es así
que en 1833 en la expedición de Félix Aldao al “desierto”, el
coronel Garretón afirmaba que el río Diamante se unía al Colorado
y se suponía que aquél era navegable en verano durante las
crecidas, por fragatas (Difrieri, 1980).
Sin
embargo, la lectura y análisis de las fuentes trabajadas hasta el
momento, llevan a suponer que la constitución del Estado nacional a
fines del siglo XIX y la imposición de una lógica económica
orientada a mercados externos tendió a la creación de asimetrías
espaciales fuertes encubiertas bajo la consolidación de las
provincias y la creación de los territorios nacionales. Por un lado
Mendoza con una producción que a fines de dicho siglo se orientó a
la vitivinicultura (Jorba, 2000) y, por ende, con altas demandas de
agua junto a la consolidación del oasis de San Rafael-General
Alvear, mientras que al sur la fundación de colonias y el
asentamiento de población se vio dificultado por la falta de
continuidad de las políticas y apoyo del ejecutivo nacional.
Las
fuentes oficiales como cartas de pobladores elevadas a los
gobernadores territorianos con sus reclamos por la merma del caudal
del Atuel, junto a las estadísticas de población permiten observar
los puntos de tensión que se han producido a lo largo del siglo XX.
También del cruce de diversas fuentes tanto oficiales como estudios
socio-históricos y geográficos pampeanos, ayudan a establecer el
periodo en que se desencadena el conflicto y las tensiones
posteriores que contribuyen a la no resolución de aquel. A
continuación se describen tanto las tensiones como el conflicto.
En
este trabajo las tensiones sociales son conceptualizadas como las
situaciones previas al conflicto que hacen evidente las fricciones
que luego se traducirán en juegos de poder durante el conflicto
entre los distintos actores involucrados. Los actores del oeste
pampeano históricamente afectados por el corte del río Atuel son,
en primer término, los puesteros y luego los habitantes de las
localidades del área de estudio: Santa Isabel y Algarrobo del
Águila. Este actor se caracteriza por una tenencia
precaria-irregular de la tierra, la crianza de caprinos complementada
con trabajos temporales en el medio urbano, su vida doméstica gira
en torno al “puesto” donde además se suelen realizar actividades
artesanales.
En
segundo término interviene el gobierno con los representantes a
nivel provincial, es decir, los sucesivos gobernadores y los
legisladores que han tomado partido por las demandas del oeste. Aquí
se ponen en consonancia dos lógicas: por un lado las del poblador
que, en muchos casos, es descendiente de los pueblos originarios y ha
trabado una relación con el entorno semiárido basada en la
subsistencia donde es esencial la existencia del río. Por otro el
sector político que interviene como mediador y vocero en las
demandas por el río con un discurso que se apoya en la visión de
impulsar el desarrollo y crecimiento. Por último la organización de
asambleas y organizaciones civiles que luchan por el retorno del río
además de impulsar acciones de concientización sobre la
preservación del agua. En este caso las asambleas que se formaron en
las últimas décadas del siglo pasado, han sido el motor de la
movilización socio-ambiental pampeana por el agua.
La
cronología de las tensiones previas al conflicto se inicia en la
década del treinta, precisamente en el año 1937 con el reclamo que
presentaron los pobladores de la zona rural de Santa Isabel al
gobernador Duval. El disparador del reclamo fue el desvió aguas
arriba, en territorio mendocino, de un brazo del Atuel para regar
tierras particulares de un poblador de aquel lugar. Este poblador
realizó un tapón que interrumpió el flujo de agua, se lo conoció
como “Tapón de Ugalde”. Ante la demanda intervino el ingeniero
Balbi enviado desde Irrigación de Nación, quién pone en evidencia
en su informe el retroceso que comienza a sufrir la zona de los
bañados del Atuel y los usos legales e ilegales por parte de
particulares, que hace la provincia de Mendoza.
En la
década siguiente, en 1947 se construyó la represa del Nihuil luego
de estudios realizados en años previos sobre su factibilidad. Su
construcción se hizo sobre el cauce del Atuel en Mendoza. El embalse
de las aguas interrumpió los ciclos de crecidas y alimentación de
los bañados en el oeste pampeano, como así también, la unión con
el río Salado. Como consecuencia se afectó negativamente el lento
crecimiento poblacional y productivo que tenían las localidades de
Santa Isabel y Algarrobo del Águila totalmente dependientes del
medio rural. Se produjo un éxodo de población en los años
siguientes tanto hacia el este, a ciudades como Santa Rosa y General
Acha, como hacia el sur mendocino, a las localidades de General
Alvear y San Rafael. En este sentido los registros censales
provinciales muestran para el departamento Chalileo (cabecera Santa
Isabel) los siguientes números sumando población urbana y rural: en
la década de 1920, 1750; en 1935 los habitantes eran 1888, en 1942
era 2102; en 1947 2420, hacia 1964 se aprecia la disminución con
2048 y en 1980 el total eran 1729 habitantes. En el departamento
vecino, Chicalcó sucede algo parecido con 769 en 1920; 1198 en 1935;
1037 en 1942; en 1947 la población total era de 1189, en 1960 era de
1105; en 1964 se mantuvo estable con 1211 habitantes y en 1980 con
1199. Acá se puede ver un estancamiento, no hubo un crecimiento
(Difrieri, 1981). Las cifras están desprovistas de mayor información
que permita hacer más profundo el análisis, queda para otra etapa
de la investigación consultar otras estadísticas para realizar
cruces que permitan obtener más información.
El
año 1947 se puede establecer como punto de conflicto. El corte total
del río originó el empobrecimiento de una amplia región de
delicado equilibrio ecológico y social, por la escasa población. El
reclamo en este momento llega al presidente Perón por el envío de
una carta de un poblador de Santa Isabel que plantea la situación
desoladora que se presentaba en la zona. Posteriormente en el año
1951 se concreta la provincialización, ello dio el marco para
encauzar los reclamos por el rio ante el Estado nacional y Mendoza.
En esos años se inicia una política del agua junto al
aprovechamiento del río Colorado con la construcción del dique Casa
de Piedra.
Las
tensiones que se dieron estuvieron asociadas al conflicto, revisten
la importancia de los reclamos, la recolección de testimonios de
habitantes del oeste que buscaron el modo de resistir la pobreza y la
pérdida de sus actividades económicas. En la década de 1970 el
gobierno provincial presenta ante nación la demanda a Mendoza por el
río. Esta se respaldó en un completo estudio de la cuenca del
Desaguadero y en una investigación histórica de la existencia del
río en territorio pampeano.
La
resolución se produjo en 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia
proclamo la interprovincialidad del río y obligaba a Mendoza a
realizar sueltas periódicas de agua para brindar agua al oeste
pampeano. La vecina provincia nunca reconoció este fallo amparándose
en que el río nunca fue compartido con La Pampa. En defensa de su
postura esgrimió diversos fundamentos pero, sobre todo, una
representación del agua y el territorio que se articuló en torno a
la idea de que La Pampa nunca hizo un uso productivo del río si en
algún momento lo tuvo, ni tampoco propone un uso a futuro si
dispusiera de esas aguas.
Aquí
se inició otro ciclo de tensiones que se fue contextualizando con
las resistencias y movilizaciones socio-ambientales que adquieren
notoriedad en el nuevo siglo ante el avance de nuevas prácticas
extractivas sobre territorios hasta entonces marginales.
Paralelamente hay una mayor concientización social sobre la
importancia de conservar y hacer un uso adecuado de bienes comunes
como el suelo y el agua. En este marco deben comprenderse estas
nuevas tensiones cuyo puntos culmines se dan en el año 2008, 2011 y
en el 2016. Estas tensiones se originan en estos casos por los
intentos de los distintos poderes políticos de lograr una solución
al conflicto. En el año 2008 la presidenta Fernández de Kirchner
firmó un convenio para que se realicen las obras de infraestructura
hidráulica que permitan el retorno del río a La Pampa. Este
convenio fue ratificado por La Pampa no así por Mendoza. En el año
2011 el caso fue presentado ante el Tribunal Latinoamericano del
Agua, luego de la visita a la zona de los bañados del Atuel y la
pérdida de este valioso ecosistema, dicho ente llevó adelante un
fallo moral no vinculante pero que sentó un antecedente y visualizó
a nivel internacional la situación de daño ambiental. En tanto en
el año 2016 la ONU se proclamó por la necesidad de llegar a un
acuerdo y que el Estado nacional garantice que el río sea compartido
por ambas provincias. Esta postura generó nuevas resistencias por
parte de Mendoza.
Estas
últimas tensiones estuvieron acompañadas de acciones por las
organizaciones sociales y asambleas como fueron los “botellazos”
tanto en Buenos Aires en la Casa de La Pampa, por cortes de rutas en
la ruta nacional 143 en cercanías de Santa Isabel, como así también
distintas intervenciones artísticas en Santa Rosa y las localidades
involucradas. Junto al reclamo político se ha construido un reclamo
desde el campo cultural, muestra de ello es “El cancionero de los
ríos” que recoge letras de canciones vinculadas al río y al agua,
donde el relato hace referencia directa al lugar y universo en el que
viven los habitantes del oeste. Se pone en evidencia la
representación del agua como líquido vital para la existencia, con
sus significados en el pasado, el dolor de la pérdida del lugar por
el éxodo y el futuro incierto ante una demanda que tiene más de
cincuenta años y no es escuchada ni aparenta tener resolución a
corto plazo.
Los
resultados de este primer análisis de las fuentes para establecer
una cronología de tensiones y definición del momento de conflicto,
se pueden exponer en tres etapas: primero las tensiones que indican
los primeros indicios de alarma ante la disminución del caudal; una
segunda etapa donde se produce el conflicto con el corte total del
río con la construcción de la represa del Nihuil; por último, una
tercera etapa en la que se mantiene el conflicto hasta la actualidad,
sumándose momentos de tensión que se generan cuando desde el ámbito
gubernamental se plantean demandas por vía judicial o la
intervención de otras esferas de decisión que exceden a las
provincias como el ejecutivo nacional u organismos internacionales
(como el Tribunal Latinoamericano del Agua y la ONU).
Este
análisis permite un acercamiento a los actores. Por un lado los
puesteros y habitantes de las localidades del oeste con una
representación del agua ligada a la subsistencia y, por otro lado,
el gobierno provincial que se presenta como parte demandante en las
distintas instancias judiciales ante Mendoza y el estado nacional. En
este caso el río representa el recurso negado en el contexto de una
desigualdad jurídica.
La
elaboración de esta cronología aporta elementos para el estudio del
ciclo hidro-social que se fue conformando en el siglo XX donde el
ciclo de una cuenca hídrica fue alterado bajo un nuevo modelo de
producción (vitivinicultura y producción de energía) que acentuó
la aridez en el oeste pampeano como así también su carácter de
zona de zona marginal.
Bibliografía.
Austral, A., “El yacimiento arqueológico de Vallejo, NO de la provincia de La Pampa. Contribución a la sistematización de la prehistoria y la arqueología de la región pampeana”, en: Relaciones, N° 5, 1971.
Boelens, R.; Hooesteger, J; Swyngedouw, E; Vos, J. y Wester, P., “Hydrosocial territories: a political ecology perspective” en: Water International. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898 [Consultado: 01 de agosto de 2016].
Bruniard, A., “La diagonal árida argentina: un cambio climático real”, en: Revista Geográfica, N° 95, 1982.
Difrieri, H., Historia del río Atuel, Buenos Aires, UBA, 1980.
Evolución del poblamiento del área de influencia del Atuel en territorio de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, Gobierno de La Pampa, Administración Provincial del Agua (A.P.A.), 1981.
Jorba, R., “Cambios tecnológicos y trasformaciones económico-espaciales en la vitivinicultura de la provincia de Mendoza (Argentina), 1870-2000”, en: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Barcelona, 83, N°69, 2000.
Swyngedouw, E., “The political economy and political ecology of the hydro-social cycle”, en: Journal of Contemporary Water Research & Education, Manchester, N° 142, 2009.
AlejandraGeraldi y Patricia Rosell se desempeñan en la Universidad Nacional del Sur UNS
Fuente:
María Laura Langhoff, Alejandra Geraldi, Patricia Rosell, Tensión y conflicto por el acceso al agua en el oeste pampeano. El caso del río Atuel, 21/06/17, No a la Mina.
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