Hace 9 años la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, la provincia y la Ciudad limpiar la cuenca más contaminada de la Argentina: Matanza-Riachuelo. Hoy, más de ocho millones personas que habitan cerca de la cuenca, sufren enfermedades.
por Rosa D'Alesio
Eduardo Reese es
arquitecto y especialista en Planificación Urbana y Regional,
integrante del CELS, docente del Taller de Desarrollo Territorial de
la licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano de la
Universidad Nacional de General Sarmiento. También es docente de
distintas maestrías en dicha universidad y en las de Buenos Aires,
La Plata, Mar del Plata y Córdoba. Coordinador y docente del curso
de desarrollo profesional “Gestión del Suelo en Grandes Proyectos
Urbanos” del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, EUA).
Desde el CELS
integra el Cuerpo Colegiado, conformado por Asociación de Vecinos La
Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Greenpeace
Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que ha
resultado un aporte para el análisis de la problemática de la
Cuenca Matanza Riachuelo. Elaboraron distintos documentos presentados
en audiencias públicas y ante la Corte Suprema de Justicia, desde
donde piden que se cumpla el fallo de la Corte de 2008, que ordenó
el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para conocer los
avances de este fallo, entrevistamos a Eduardo Reese.
El 7 de julio de
2008 la Corte Suprema de Justicia ordenó a los gobiernos de la
Nación, la provincia y la Ciudad limpiar la cuenca más contaminada
de la Argentina, la cuenca Matanza- Riachuelo. Desde el fallo a esta
parte, ¿cuánto han avanzado en el saneamiento?
En su fallo, la
Corte tenía una serie de mandas que los condenados debían cumplir y
que avanzaron de manera muy despareja en estos años. Algunas
tuvieron un avance mayor y otras menores, pero, en general, todo el
fallo está muy atrasado en su cumplimiento por múltiples razones.
En particular
porque la autoridad responsable de la cuenca, Acumar, una institución
que se creó para cumplir con este fallo, ha tenido una gran cantidad
de problemas políticos y de funcionamiento. Como autoridad de cuenca
nunca se comportó como tal, porque no tuvo la capacidad de coordinar
a la Nación, a la Ciudad, a la provincia de Buenos Aires y a los 14
municipios, que junto a otros organismos, están implicados en la
ejecución de las soluciones.
Nunca se comportó
como una autoridad territorial capaz de coordinar un plan efectivo.
Más grave aún, la última resolución que tomó la presidenta de
ACUMAR, Gladys González, referida a los vertidos de sustancias
contaminantes ha sido un retroceso, ya que autorizó que se viertan
sustancias que antes no estaban permitidas como: Aldrin, Clordano,
DDT, Dieldrin, Endosulfan, Endrín, Heptacloro, Lindano y Paration,
todas ellas prohibidas por la Convención de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), a la cual Argentina ha
adherido.
Desde el Cuerpo
Colegiado hemos solicitado a la Presidenta de ACUMAR la urgente
reformulación del texto de la normativa y ante el Juez a cargo de la
ejecución de la sentencia del caso Mendoza.
Por todo esto es
que la cuenca se encuentra altamente contaminada, con errores y
fracasos muy importantes en el cumplimiento del fallo.
El 30 de
noviembre de 2016 ustedes, desde el CELS, junto a organizaciones
sociales y ambientales, presentaron en la audiencia convocada por la
Corte Suprema de Justicia un informe de Cuerpo Colegiado, donde
alertaban sobre la falta de políticas para el saneamiento de la
cuenca y reclamaron a las autoridades que reviertan esta situación
¿qué respuestas obtuvieron? ¿se avanzó en los reclamos que
hicieron?
El informe que
presentamos ante la Corte es muy parecido a las conclusiones y los
contenidos del que acabamos de presentar, porque en realidad la
situación no ha distado de la que informamos en noviembre del año
pasado. Hemos señalado los distintos incumplimientos en las
distintas mandas; estoy hablando de contaminación de aguas, de aire,
de limpieza de basurales, de ejecución de obras de redes de agua,
cloacas, de viviendas de villas y asentamientos.
En aquel informe
incorporamos también una demanda a la Corte porque entendemos que la
población sigue estando inconvenientemente representada desde el
punto de vista de sus intereses, sobre todo la población de más
bajos recursos. No tienen voz, no tienen posibilidades de
participación en este proceso, siendo ellos los más afectados.
Nosotros reiteradamente le hemos reclamado a la Corte, que se tome
una decisión de implementar una serie de medidas que mejore la
participación popular en las distintas decisiones y en la audiencia
de noviembre se volvió a hacer silencio sobre esto. Por lo cual
lamentamos mucho que la Corte no comprenda la importancia que tiene
la participación de distintos sectores sociales y sobre todo de los
sectores más vulnerados en las decisiones de la causa.
Recién usted
decía que Gladys González estaba permitiendo el vuelco de
sustancias tóxicas antes prohibidas, incluso los basurales que se
habían eliminado volvieron a ocupar esos terrenos para ese fin, y
ustedes, en el informe elaborado por el Cuerpo Colegiado dicen que
aún se vierten en la cuenca más de 1000 toneladas al año de
sustancias tóxicas, metales pesados e hidrocarburos. Si de la
presidencia de ACUMAR avalan esto ¿cómo se puede resolver la
contaminación del riachuelo?
En principio
ACUMAR actúa en general sobre las consecuencias y no sobre las
causas, como el caso de los basurales que vos mencionás. Si se
levanta un basural y no se toman decisiones sobre los procesos
sociales y económicos que los generan, y en las que están
involucradas muchas familias que lamentablemente necesitan vivir de
los residuos, obviamente el basural se va a volver a instalar. No se
soluciona con limpiarlo y nada más. El proceso de desarrollo de la
cuenca combinó un crecimiento económico y productivo contaminante
con un crecimiento urbano librado al mercado. Así se generó un
pasivo ambiental y urbano que tiene importantes efectos negativos
sobre la salud y la calidad de vida de la población. En el nuevo
documento volvimos a decir lo que en noviembre planteamos
extensamente. Tanto ACUMAR como la Corte tienen que pensar un proceso
de modificación de las causas estructurales que provocan la
contaminación y sobre todo el estado de deterioro social, ambiental
y territorial de la cuenca. De lo contrario aunque se limpie un
terreno o se arregle un caño o se construya una calle, todo seguirá
igual porque los procesos sociales que generan los problemas son muy
fuertes, muy vigorosos. Si no se opera sobre ellos no se soluciona
nada.
¿Una de las
medidas sería relocalizar a la gente que habita alrededor de la
cuenca?
En la cuenca
viven cerca de 500.000 personas en villas y asentamientos con alto
nivel de precariedad. La calidad de vida de una parte importante de
los ellos, mejoraría en gran medida si se implementaran procesos de
urbanización integrales. Pero también hay una gran cantidad de
familias que deben ser trasladadas porque corren serios riesgos por
las inundaciones y la contaminación. Sin embargo, esto no se lleva a
cabo. De las 17.700 relocalizaciones que tenían que realizarse solo
se ejecutó hasta el momento el 35%. Estas familias fueron
trasladadas a barrios pésimamente ubicados y construidos. La gente
vive peor que como estaba antes.
Construir
condiciones indignas para los más pobres, lo único que hace es
profundizar la desigualdad social.
En materia de
salud, continúa incumplida la manda en cuanto a la realización de
estudios epidemiológicos, mapa de riesgo ambiental y diagnóstico de
todas las enfermedades de origen ambiental. La presidenta de ACUMAR,
Gladys González, junto a la exministra de Salud de la Provincia de
Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmaron un convenio para poner en marcha
el Plan Sanitario Ambiental. Y teniendo en cuenta que hay más de
ocho millones de personas que rodean la cuenca que sufren
enfermedades, como bronquiolitis (que durante el 2016 ascendió a 33
mil casos) ¿conoce cuáles son las políticas de salud que se
llevaron adelante desde que se firmó el convenio u otros que se
hayan implementado antes de este convenio?
A fines de junio
de este año firmaron el convenio que vos mencionás. Este se
enfocaba en la atención primaria de la salud de los habitantes de
los 14 municipios de la Cuenca. Luego de la firma no se conocieron
novedades de su implementación y pocos días después la ministra
renunció a su cargo. Mientras tanto, como insistimos en el informe,
la atención de la salud no parece ser un derecho de la población.
En 2016 se
actualizó el informe sobre el Plan Integral de Saneamiento Ambiental
(PISA), ¿qué opinión tiene sobre este nuevo informe? ¿Esta nueva
evaluación es una herramienta que sirva para sanear el riachuelo?
El primer PISA se
elaboró en 2010 y se actualizó en 2016 a pedido del juez Rodríguez.
Es tal el desorden que hay, que no sabemos si este último sigue
vigente o no. De cualquier manera el PISA es el reflejo de lo que
comenté recién: un conjunto de líneas de acción fraccionadas y de
carácter remedial que operan sobre las consecuencias y no sobre las
causas; por eso sus resultados son mediocres. Tal como está
redactado y tal como está pensado, no tiene impacto para solucionar
las cuestiones estructurales que afectan a la cuenca.
¿Qué opina
sobre la gestión de ACUMAR?
Las principales
fallas que presenta el actual modelo de gestión de la ACUMAR no sólo
se deben a una limitación en sus capacidades institucionales, sino
también a la falta de una perspectiva estratégica que incorpore
además un enfoque de derechos humanos de manera de identificar y
priorizar acciones capaces de modificar estructuralmente los procesos
de desarrollo de la cuenca, dotándolos de integralidad, equidad y
sostenibilidad. Pero además es sorprendente el nivel de
incertidumbre que ha tenido la conducción de ACUMAR en estos
dieciocho meses, donde hubo tres presidentes en ese lapso, constantes
cambios de decisión y un nivel de debilidad institucional que
asombra.
¿Cuál es su
balance de Gladys González en ACUMAR y qué opina sobre su
presentación en las próximas elecciones al cargo de senadora?
La señora
González está en todo su derecho a presentarse como candidata a un
cargo político. Lo que no está en su derecho es a conducir una
institución como ACUMAR que requiere firmes decisiones de largo
plazo con el nivel de inestabilidad político institucional que tiene
en este momento.
Fuentes:
Eduardo Reese: “La presidenta de Acumar autorizó que se viertan sustancias en el Riachuelo que no estaban permitidas”, 19/07/17, La Izquierda Diario. Consultado 20/07/17.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Riachuelo" del artista Oscar Vaz.
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