por Daniel Sabsay
Hoy en el
Congreso tendrá lugar una audiencia pública para que la ciudadanía
pueda opinar sobre el impacto ambiental de las represas Kirchner y
Cepernic.
Lamentablemente,
la audiencia fue convocada durante el receso parlamentario por
vacaciones de invierno, de manera que la gran mayoría de diputados y
senadores estará ausente. Este hecho, sumado al escaso tiempo con el
que han contado los ciudadanos, las ONG y los organismos
especializados del Estado para leer y analizar las miles de páginas
que conforman el estudio de impacto ambiental, atenta contra un
debate integral acerca del modelo de desarrollo que queremos y las
alternativas energéticas que podrían reemplazar a las
megarrepresas, que están en retroceso en todo el mundo por los daños
que ocasionan a la biodiversidad.
El estudio de
impacto y la audiencia pública fueron realizados como consecuencia
de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 21 de
diciembre de 2016. El máximo tribunal envió una poderosa señal
institucional al decidir que el procedimiento de toma de decisiones y
la participación ciudadana sean evaluados por el Congreso.
Organismos
cruciales como el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, y
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no pudieron analizar
exhaustivamente el informe oficial y reclaman estudios
complementarios. No se han completado las tareas de rescate del
material arqueológico, patrimonio cultural que quedará sumergido de
concretarse la obra.
Parecería que
nos dirigimos hacia una decisión apresurada y peligrosa que obedece
más a un cronograma impuesto desde la República Popular China que a
un análisis de riesgos integral en relación con los daños que el
proyecto hidroeléctrico podría ocasionar desde una perspectiva
biológica, sísmica, geológica y arqueológica, entre otras. No se
entiende por qué motivo desde el Ministerio de Energía no se les ha
brindado tiempo suficiente a los expertos. Quizás el motivo obedezca
a la voluntad de que organismos técnicos especializados e idóneos
no logren analizar a fondo el estudio de la empresa estatal Ebisa
repleto de vicios formales y sustanciales.
Entre ellos se
encuentra el conflicto de intereses que involucra a Jorge H.
Marcolini, quien en el pasado, como consultor privado, avaló la
construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (hoy
Kirchner y Cepernic, respectivamente). En la actualidad lo hizo desde
su rol de presidente de Ebisa y luego aprobó su propio informe en
carácter de subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Esta
situación implica el germen de nulidad de todo el procedimiento,
pues desnaturaliza la valoración equilibrada indispensable para la
decisión pública.
Las represas
inundarán áreas prioritarias para la biodiversidad, afectarán a
los peces migradores, llevarán a la extinción a una especie
endémica como el macá tobiano y sepultarán bajo el agua el enorme
valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia.
Esperemos que los
diputados y senadores vean el documental Matar al río. Represas a
cualquier costo en Santa Cruz que se encuentra gratis online, que
presten atención a lo que la ciudadanía expresará en la audiencia
pública de hoy y reflexionen sobre el patrimonio natural en juego.
Si ellos no lo hicieren, la última palabra la tendrá la Justicia.
De este diálogo ambiental entre poderes depende el futuro del río
Santa Cruz.
Constitucionalistas
Fuente:
Daniel Sabsay, Una audiencia en defensa del medio ambiente, 20/07/17, La Nación. Consultado 20/07/17.
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