Cuestionado. En este predio cercano a Villa Parque Santa Ana se proyecta el complejo Cormecor. Foto: La Voz |
Lo hizo a través de un informe remitido a la UNC. El organismo nacional recomienda buscar otra localización.
Ayer se hizo
público un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación que
recomienda dejar sin efecto el análisis de impacto ambiental y que
se evalúen nuevas alternativas para instalar el complejo ambiental
que Cormecor proyecta en inmediaciones de Villa Parque Santa Ana.
El informe
técnico fue enviado por Juan José Böckel, subsecretario general a
cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), como colaboración en el marco del pedido
de intervención que realizó la Cámara Contencioso Administrativa
de Primera Nominación a la casa de estudios, en la causa que
mantiene paralizado el emprendimiento de Cormecor.
La Cámara
solicitó a la UNC que analizara si los cuestionamientos al estudio
de impacto ambiental que se realizan son pertinentes, si se tuvieron
en cuenta esos cuestionamientos en el informe y si se tomaron medidas
adecuadas a normativa vigente.
La Defensoría
del Pueblo de la Nación inició el estudio del caso Cormecor a
pedido de vecinos de Villa Parque Santa Ana. Como en el transcurso de
esa investigación se suscitaron los amparos -y dado que el
organismo no puede actuar si hay causas judiciales- optó por
remitir sus recomendaciones a la UNC en carácter de “colaboración”.
Se trata de la primera intervención directa de un organismo nacional
en el largo conflicto en torno al complejo ambiental de Cormecor.
José Aiassa,
presidente de esa sociedad intermunicipal encabezada por la
Municipalidad de Córdoba, minimizó el impacto de esa actuación de
la Defensoría, dado que no es vinculante. Además, recalcó que
Cormecor realizó todos los estudios correspondientes y cuenta con
licencia ambiental. Desde la Provincia no hubo interpretaciones:
remarcaron que se trata de una opinión más sobre un tema que está
judicializado.
El estudio de la
Defensoría fue realizado por la ingeniera agrónoma Andrea Fizzotti,
quien apunta contra los argumentos de Cormecor y la Secretaría de
Ambiente para radicar el complejo ambiental al sur de la ciudad.
Conclusiones
El informe
concluye que “la localización del proyecto no es adecuada, por la
cercanía al municipio de Villa Parque Santa Ana, la dirección de
los vientos predominantes, por los riesgos de afectación del agua
subterránea que abastece a dicha localidad, los riesgos de impacto
sobre el agua del canal Los Molinos que provee a la ciudad de Córdoba
y por el ordenamiento ambiental vigente”.
Luego agrega: “El
diseño del proyecto no presenta suficientes previsiones para
minimizar la generación de residuos, y además contempla un escaso
porcentaje de tratamiento de residuos”.
En tercer lugar,
afirma: “El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
presenta numerosas deficiencias, dadas principalmente por la falta de
participación de los mayores afectados en la definición de la
localización -los vecinos de Santa Ana-, por las inexactitudes
de la información presentada en el estudio de impacto ambiental y
por la ausencia de evaluación de distintas alternativas de
localización”.
“Estas
deficiencias ponen de manifiesto que no se han cumplimentado
debidamente las instancias del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental establecidas en la Ley General del Ambiente”,
señala Fizzotti.
Luego de las
conclusiones, recomienda al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía
“dejar sin efecto la autorización del estudio de impacto ambiental
del proyecto”, “evaluar nuevas alternativas para la localización
de complejos ambientales para el tratamiento y disposición final”
y “realizar una evaluación ambiental estratégica de la política
de gestión de residuos, con la participación de todos los actores
involucrados”.
Lucila Taboada,
jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría, aclaró que se
trata de un documento no vinculante, al tiempo que remarcó que las
acciones de la repartición están suspendidas porque la radicación
del complejo de Cormecor está judicializada. Admitió que si el tema
no estuviese en la Justicia, se habría procedido al envío del
dictamen a cada organismo interviniente.
Cuál es hoy la
situación del proyecto. La causa está en manos de la Cámara
Contencioso Administrativa. Hasta que no haya resolución judicial,
Cormecor no puede adjudicar la licitación para la construcción del
complejo ambiental ni comenzar ninguna obra.
La Cámara
solicitó la intervención de la UNC para la revisión de los
estudios de impacto ambiental en los que se basa la autorización de
la Secretaría de Ambiente a Cormecor. Los amparistas recusaron a
miembros de la Cámara.
Fuente:
Defensoría del Pueblo de la Nación sumó objeciones a Cormecor, 03/08/17, La Voz del Interior. Consultado 04/08/17.
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