viernes, 4 de agosto de 2017

Defensoría del Pueblo de la Nación sumó objeciones a Cormecor

Cuestionado. En este predio cercano a Villa Parque Santa Ana se proyecta el complejo Cormecor. Foto: La Voz

Lo hizo a través de un informe remitido a la UNC. El organismo nacional recomienda buscar otra localización.

Ayer se hizo público un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación que recomienda dejar sin efecto el análisis de impacto ambiental y que se evalúen nuevas alternativas para instalar el complejo ambiental que Cormecor proyecta en inmediaciones de Villa Parque Santa Ana.

El informe técnico fue enviado por Juan José Böckel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), como colaboración en el marco del pedido de intervención que realizó la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación a la casa de estudios, en la causa que mantiene paralizado el emprendimiento de Cormecor.

La Cámara solicitó a la UNC que analizara si los cuestionamientos al estudio de impacto ambiental que se realizan son pertinentes, si se tuvieron en cuenta esos cuestionamientos en el informe y si se tomaron medidas adecuadas a normativa vigente.

La Defensoría del Pueblo de la Nación inició el estudio del caso Cormecor a pedido de vecinos de Villa Parque Santa Ana. Como en el transcurso de esa investigación se suscitaron los amparos -y dado que el organismo no puede actuar si hay causas judiciales- optó por remitir sus recomendaciones a la UNC en carácter de “colaboración”. Se trata de la primera intervención directa de un organismo nacional en el largo conflicto en torno al complejo ambiental de Cormecor.

José Aiassa, presidente de esa sociedad intermunicipal encabezada por la Municipalidad de Córdoba, minimizó el impacto de esa actuación de la Defensoría, dado que no es vinculante. Además, recalcó que Cormecor realizó todos los estudios correspondientes y cuenta con licencia ambiental. Desde la Provincia no hubo interpretaciones: remarcaron que se trata de una opinión más sobre un tema que está judicializado.

El estudio de la Defensoría fue realizado por la ingeniera agrónoma Andrea Fizzotti, quien apunta contra los argumentos de Cormecor y la Secretaría de Ambiente para radicar el complejo ambiental al sur de la ciudad.

Conclusiones
El informe concluye que “la localización del proyecto no es adecuada, por la cercanía al municipio de Villa Parque Santa Ana, la dirección de los vientos predominantes, por los riesgos de afectación del agua subterránea que abastece a dicha localidad, los riesgos de impacto sobre el agua del canal Los Molinos que provee a la ciudad de Córdoba y por el ordenamiento ambiental vigente”.

Luego agrega: “El diseño del proyecto no presenta suficientes previsiones para minimizar la generación de residuos, y además contempla un escaso porcentaje de tratamiento de residuos”.

En tercer lugar, afirma: “El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental presenta numerosas deficiencias, dadas principalmente por la falta de participación de los mayores afectados en la definición de la localización -los vecinos de Santa Ana-, por las inexactitudes de la información presentada en el estudio de impacto ambiental y por la ausencia de evaluación de distintas alternativas de localización”.

Estas deficiencias ponen de manifiesto que no se han cumplimentado debidamente las instancias del procedimiento de evaluación de impacto ambiental establecidas en la Ley General del Ambiente”, señala Fizzotti.

Luego de las conclusiones, recomienda al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía “dejar sin efecto la autorización del estudio de impacto ambiental del proyecto”, “evaluar nuevas alternativas para la localización de complejos ambientales para el tratamiento y disposición final” y “realizar una evaluación ambiental estratégica de la política de gestión de residuos, con la participación de todos los actores involucrados”.

Lucila Taboada, jefa del área de Medio Ambiente de la Defensoría, aclaró que se trata de un documento no vinculante, al tiempo que remarcó que las acciones de la repartición están suspendidas porque la radicación del complejo de Cormecor está judicializada. Admitió que si el tema no estuviese en la Justicia, se habría procedido al envío del dictamen a cada organismo interviniente.

Cuál es hoy la situación del proyecto. La causa está en manos de la Cámara Contencioso Administrativa. Hasta que no haya resolución judicial, Cormecor no puede adjudicar la licitación para la construcción del complejo ambiental ni comenzar ninguna obra.

La Cámara solicitó la intervención de la UNC para la revisión de los estudios de impacto ambiental en los que se basa la autorización de la Secretaría de Ambiente a Cormecor. Los amparistas recusaron a miembros de la Cámara.

Fuente:
Defensoría del Pueblo de la Nación sumó objeciones a Cormecor, 03/08/17, La Voz del Interior. Consultado 04/08/17.

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