Otro proyecto serrano en la mira de la Justicia

Denuncian desmonte y consumo excesivo de agua en “resort”. La empresa asegura que el proyecto es sustentable.

por Lucas Viano

La Justicia investiga una serie de delitos ambientales que podrían haberse cometido en la ejecución del proyecto Pueblo Nativo. Se trata de un emprendimiento de lujo ubicado a la vera del Camino de los Artesanos, entre La Cumbre y Villa Giardino, en el valle de Punilla. Incluye cabañas, un resort cinco estrellas, spa , lotes para casas de fin de semana, un centro de convenciones y una cancha de golf.

Vecinos agrupados en la ONG Asamblea Giardino Despierta denunciaron en 2015 una autorización irregular, desmonte en zona protegida y consumo de agua en exceso. La denuncia también involucra a exconcejales y funcionarios del municipio de Villa Giardino.

Desde la empresa indicaron que tienen las autorizaciones necesarias y que el proyecto busca cuidar el ambiente serrano.

“Estos proyectos de alta gama en las Sierras tienen que respetar el ambiente para ser sustentables. El turista quiere el paisaje serrano”, comentó Jorge Chemes, presidente de AMD, firma dueña del proyecto.

A principios de agosto, el fiscal Martín Bertone ordenó un peritaje técnico. “Convocamos a especialistas de las universidades, un geólogo especialista en hidrología y una ingeniera agrónoma, que actuaron como peritos oficiales. Se realizaron inspecciones oculares y se tomaron fotografías y diferentes mediciones”, detalló Bertone. Agregó que espera tener los resultados dentro de dos meses. Del peritaje también participaron expertos de la querella y de la defensa.

Los potenciales delitos que se investigan son sustracción de agua en exceso, daño ambiental por desmonte, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos que autorizaron el proyecto.

En mayo pasado, una jueza frenó el proyecto inmobiliario El Gran Dorado, ubicado en San Antonio de Arredondo, por razones ambientales. Una situación similar ocurre con el proyecto Candonga Villa Serrana, también frenado judicialmente tras una denuncia de vecinos.

Este nuevo caso, aún en etapa de investigación, demuestra que la Justicia comienza a escuchar los reclamos ambientales de la ciudadanía.

Carlos González Quintana, abogado de la ONG, explicó que los funcionarios municipales autorizaron el emprendimiento en una zona que había sido declarada como reserva. “Tampoco presentaron un estudio de impacto ambiental ni hubo audiencia pública, como prevé la ley”, aseguró.

Chemes aseguró que tienen todas las autorizaciones correspondientes y que presentaron el estudio de impacto ambiental para la construcción del hotel, ya que el resto del establecimiento, incluido el campo de golf, estaba cuando adquirieron el predio.

“La intervención de la Justicia es positiva. Es razonable que haya gente preocupada por el tema ambiental. El fiscal actuó de forma responsable al solicitar el apoyo técnico de peritos”, indicó Chemes.

González Quintana también denunció que el proyecto estaría situado en zona protegida por la ley de bosques nativos de la provincia. “No hace falta ser técnico para darse cuenta de que el predio está desmontado. Hay 500 plantas recién sembradas”, comentó.

Chemes indicó que el predio estaba en parte ya desmontado y poblado de especies invasoras. Por ese motivo, presentaron un plan de reforestación con especies nativas, el cual están ejecutando.

Los peritos también pudieron observar los dos pozos de agua con los que se riega el campo de golf. “Según sus caudalímetros, consumen 15 mil litros hora cada pozo”, indicó González Quintana.

El empresario indicó que los pozos fueron autorizados y tienen un proyecto para reducir el consumo. “Achicamos el ancho de los fairways y usamos pasturas que requieren menos agua”, detalló.

Casos frenados por denuncias

En mayo pasado, una jueza frenó el proyecto inmobiliario El Gran Dorado, ubicado en San Antonio de Arredondo, también en Punilla, por razones ambientales. La medida había sido requerida en 2013 por la Asociación de Amigos del Río San Antonio (Adarsa), en una acción de amparo contra la empresa Gama, la Municipalidad de San Antonio de Arredondo y la Provincia.

La jueza admitió el planteo y declaró inconstitucional por viso de ilegalidad la ordenanza que otorgaba la prefactibilidad del proyecto. Además le ordenó a la empresa recomponer el impacto ambiental producido por el desmonte.

Candonga Villa Serrana. La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación resolvió hace unos días continuar con la paralización de las obras de la red de tendido eléctrico en el loteo Candonga Villa Serrana, en inmediaciones de la capilla histórica, en las Sierras Chicas.

La decisión ocurre en el marco de la acción de amparo presentada por Vecinos del Chavascate, de las localidades de El Manzano, Cerro Azul y Agua de Oro. El grupo Ticupil quiere tender la red eléctrica en un predio de 308 lotes. Los vecinos denunciaron que se trata de zona roja de bosque nativo y podría afectar la captación de agua en la región. Se mantiene vigente la resolución de paralizar los trabajos en el loteo, ubicado 38 kilómetros al norte de la Capital.

Fuentes:

Lucas Viano, Otro proyecto serrano en la mira de la Justicia, 12/08/17, La Voz del Interior. Consultado 12/08/17.

Casos frenados por denuncias, 12/08/17, La Voz del Interior. Consultado 12/08/17.