Carlos González Quintana, abogado de la APDH.
por Franco
Spinetta
El abogado de la
APDH y de la ONG Naturaleza de Derechos, Carlos “Chuzo” González
Quintana, es uno de los denunciantes, junto con su compañero
Fernando Cabaleiro, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
González
Quintana y Cabaleiro estuvieron durante más de siete días en las
inmediaciones de la Pu Lof en Resistencia reconstruyendo los hechos
del 1 de agosto, cuando la Gendarmería despejó un corte sobre la
ruta 40 e ingresó a la comunidad. Desde entonces, Santiago Maldonado
está desaparecido. El informe final tiene como destino el expediente
autónomo iniciado por la CIDH.
Ambos abogados
aportaron, además, testimonios clave que volvieron a responsabilizar
a la Gendarmería por la desaparición del joven artesano. En diálogo
con PáginaI12, González Quintana no duda de que a Santiago “lo
cargó Gendarmería” y apuntó contra el juez federal Guido
Otranto, a quien considera “manifiestamente parcial”. “Le da
mayor veracidad a 6 declaraciones contradictorias de los efectivos de
Gendarmería y no les cree a los 4 integrantes de la comunidad que
han declarado frente a él”, advirtió.
- ¿Cuál cree
que fue el verdadero objetivo del rastrillaje del lunes?
- Fue un
verdadero atropello judicial que ha vulnerado derechos fundamentales
de los familiares de la víctima y de los organismos de DDHH que
formamos parte de este proceso, ya sea como querellantes o como
veedores. Ingresaron a buscar a Santiago Maldonado 50 días después,
amparados en la insostenible hipótesis de que pudo haberse ahogado y
haber sido arrastrado por las escorrentías del Río Chubut... Una
verdadera escena de película. El lunes estaba previsto que
declararan ante Otranto un par de integrantes de la comunidad en
resistencia. Eran testimonios claros y determinantes para confirmar
la única hipótesis posible, que a Maldonado lo llevó Gendarmería.
No se pudieron recibir esos testimonios y como si fuera poco llevó
adelante un procedimiento viciado de nulidad absoluta. Todo un
desatino judicial de una gravedad inusitada, que pone al juez al
borde de un nuevo pedido de apartamiento, esta vez por mal desempeño
de sus funciones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
- Durante la
confección del informe para la CIDH, ¿con qué se encontraron en el
territorio?
- El territorio
recuperado por la Pu Lof en Resistencia en Cushamen son
aproximadamente 1000 hectáreas del millón y medio que posee el
magnate Benetton en la Patagonia. Están custodiadas por un puñado
de comuneros que permanecen estables en el campo. No son más de 13
incluyendo a los weichafes, zomos y pichis (guerreros, mujeres y
niños). Se encuentran muy desamparados ante la constante acción
represiva y hostigadora de las fuerzas de seguridad, que de manera
casi constante ejercen hechos de violencia institucional contra las
personas y las cosas en el Pu Lof. La situación de los peñis y las
lamien (hermanos y hermanas) es preocupante. En tanto, la sociedad
esquelense consume la información que los medios hegemónicos
cercanos al Gobierno transmiten. La construcción mediática del
“enemigo interno”, en referencia a los “mapuches violentos y
terroristas” ha encontrado terreno fértil en una parte de la
sociedad.
- Sergio
Maldonado ha dicho que su principal miedo es que “tiren” el
cuerpo de Santiago para lavar culpas...
- Todas las
bolas están en el bolillero y puede salir cualquiera. Los
principales sospechosos de esta desaparición forzada se han
encargado de sembrar diferentes hipótesis que solo han servido para
distraer, confundir y desviar el foco. Yo pienso que no es tan fácil
plantar un cadáver después de tantos días. El cuerpo habla. Es un
objeto probatorio en sí mismo. Igualmente nunca sostuvimos otra
hipótesis que no sea la verdad. Lo que objetivamente sucedió. A
Santiago lo cargó Gendarmería y tarde o temprano la verdad sale a
la luz.
- ¿Por qué
Otranto toma como más firme el testimonio de los gendarmes?
- Otranto no es
nuevo en estos conflictos. Ha intervenido media decena de veces en
situaciones referidas a la Pu Lof y al proceso de recuperación
territorial. A esta altura de los hechos podemos afirmar que es un
juez que ya no puede ocultar su perfil antimapuche; está presionado
y condicionado por sectores concentrados de poder y se muestra
manifiestamente parcial a la hora de valorar el poder convictivo de
los testimonios. Le da mayor veracidad a 6 declaraciones
contradictorias de los efectivos de gendarmería y no les cree a los
4 integrantes de la comunidad que han declarado frente a él. Haber
sugerido ante la prensa que Maldonado se ahogó y fue arrastrado por
el río es una inaceptable e irresponsable actitud. Un juez no puede
adelantar opinión en una causa que está en un incipiente proceso de
instrucción. Quedan innumerables elementos probatorios para
incorporar, testimonios que receptar, peritajes que ordenar, y sin
embargo decide exponerse públicamente con una hipótesis que es la
menos probable.
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