Sala de Prensa Ambiental
El Proyecto 2+2,
conocido como Autovía de Montaña que atravesará el valle de
Punilla amenaza ser una lápida de cemento para el ecosistema,
financiada por la provincia y que no admite la opinión de los
vecinos.
La opción más
destructiva para solucionar problemas de tránsito en el principal
corredor turístico de la provincia se va abriendo camino a fuerza de
decretos y contrataciones directas, mientras los cerros son mutilados
y algunas empresas cobran fortunas costeando la modificación del
paisaje, que será irreversible.
El gobierno de
Córdoba sigue avanzando sobre el riesgo de desequilibrar un
ecosistema, afectando no solamente ríos y arroyos, fauna y flora si
no también la identidad histórica de sus habitantes, produciendo un
cambio en el paisaje serrano del Valle de Punilla, principal región
turística de la provincia.
Sin un Estudio de
Impacto Ambiental que garantice la calidad de vida en la región, el
gobierno de Córdoba puso primera sin siquiera escuchar la opinión
de los habitantes de la zona. Se trata del proyecto bautizado en las
oficinas gubernamentales como “2+2”, que se va desarrollando sin
participación ciudadana y que los vecinos de Punilla rechazan a
medida que van conociendo sus particularidades. Razones no les
faltan: el proyecto que hasta ahora impulsa el gobierno atraviesa un
yacimiento de uranio de 100.000 toneladas, el 76,4 % de su trazado
invade zonas rojas que son áreas naturales protegidas de bosque
nativo por una ley que el propio gobierno incumpliría, además de
embestir una Reserva Natural en Cosquín.
Está a la vista
que el tráfico de la ruta 38 que cruza el valle de Punilla es lento
durante los meses de temporada turística, pero el multimillonario
negocio que propone el gobierno levanta sospechas de estar dirigido
para favorecer a empresas constructoras, previendo luego la explosión
del desarrollo inmobiliario y de la actividad minera, en otras zonas
de la provincia, para abastecer de material a la construcción de
esta autopista de 45 km de extensión.
El proyecto no ha
sido presentado públicamente aun, como tampoco el Estudio de Impacto
Ambiental completo que tendrá la obra, pero a partir de algunos
indicios que salieron a la luz se encendió el alerta sobre
situaciones de desmonte de bosque nativo, el derribo de laderas de
los cerros, lo que producirá un impacto sustancial en la
biodiversidad y en el agua que baja de las sierras luego de cada
lluvia. Pero lo más notorio es que tendría implicancias económicas
para el turismo regional, por la alteración irreversible del
paisaje, como ya se puede ver en la construcción del puente sobre el
lago que se realiza en la Variante Costa Azul, en el sur de la comuna
de San Roque.
En la antesala
del 2019, año electoral en que Juan Schiaretti buscará su
reelección y, fiel a su estilo, el gobernador ambiciona en lo
inmediato inaugurar obras cubiertas de suntuosidad aunque de dudosa
utilidad para sus gobernados, haciendo alarde de construcciones
fastuosas en la vitrina de una gestión que muestran a un Estado rico
pero financiadas con el dinero de contribuyentes cada vez más
pobres.
Los caminos de la
vida
La gravedad de la
impostura oficial se transparenta, por ejemplo, cuando en el año
2011 el Instituto de Planificación para el Área Metropolitana
(IPLAM) -organismo del propio Estado provincial- propuso un proyecto
para agilizar el tráfico vehicular en la zona ampliando las rutas
existentes. Este proyecto, elaborado hace 6 años, prevé la
construcción de una autovía por el este de las localidades del
cordón serrano. Sólo un 4,4 % de dicha traza se realizaría sobre
bosque nativo en categoría roja, en sectores ribereños al río
Cosquín y evitando afectar zonas de bosques nativos.
Pese a ello,
sorpresivamente este año el gobierno provincial arremetió con un
nuevo Plan desoyendo lo propuesto y a los propios habitantes de la
región, decidido a avanzar con una nueva traza embistiendo cerros
que dibujan la zona montañosa.
El gobernador,
más allá de la acumulación de críticas al proyecto oficial, ha
ratificado la intención de avanzar en la obra antes de culminar su
mandato: “Es lo que han aconsejado los técnicos y lo que menos
perjudicará el ambiente”, dijo y agregó que “de la evaluación
de los especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba
contratados surge como aconsejable hacerla en su mayor parte por el
este”. ¿Quiénes son estos “especialistas” a los que el
gobernador hizo alusión?
Los monjes negros
de la autovía
Según
documentación a la que pudo acceder Sala de Prensa Ambiental, el
gobierno provincial viene derivando de manera indirecta presupuesto
para la obra, aun sin cumplir con los requisitos legales de la
Audiencia Pública y el Estudio de Impacto Ambiental, desde hace 1
año.
El hecho surge a
partir de que, en medio de la polémica con los vecinos, el
gobernador Schiaretti sostuvo en declaraciones a diversos medios de
comunicación que la Universidad Nacional de Córdoba aconsejó la
traza que propone el proyecto oficial para la autovía. Trazado de
cemento que atraviesa bosque nativo protegido, un yacimiento
subterráneo de uranio y una Reserva Natural en Cosquín. Lo cierto
es que la Universidad Nacional de Córdoba no se ha expedido
oficialmente sobre la polémica obra. En realidad, y tal vez como
travesura política, el gobernador hacía referencia a un Estudio de
un espacio de una Facultad: la de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales llamado Instituto de Investigación en Servicios Públicos
e Infraestructura (IISPI).
Sala de Prensa
Ambiental pudo establecer que el IISPI y la Cámara de la
Construcción son viejos conocidos. De hecho, el Instituto en
cuestión, junto a la corporación constructora trabajan en un
proyecto llamado “Córdoba 2025”, en donde trazan líneas
estratégicas de infraestructura vial para la provincia.
Además de
trabajar con la Cámara de Constructores, el IISPI tiene una relación
particular con el gobierno de Córdoba.
El IISPI fue
empleado a través de contratación directa por una cifra descomunal.
Cerca de $10.000.000 por un estudio de factibilidad económica para
la autovía. Estas cifras astronómicas desembolsa el Estado
provincial por contratación directa, lo que ha causado malestar
dentro de la propia Facultad, ya que aplicando este mecanismo eliminó
toda posibilidad de participar a otras dependencias académicas de
indudable prestigio en el ámbito universitario.
El acuerdo fue firmado el año pasado con cláusulas de confidencialidad entre el Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y el IISPI.
Sin haber cumplimentado con el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, sin prever qué daños puede ocasionar en términos de riesgos de inundaciones, desmontes o remoción de componentes radiactivos el gobierno provincial, desde el 2017, ya tiene decidido construir esta Autovía. Así lo demuestra la contratación directa que realizó en marzo del año pasado con un Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estrechamente ligado a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO Córdoba), encargándole un Estudio de Factibilidad Económica por un valor superior a los $ 9.000.000.
Sin haber cumplimentado con el Estudio de Impacto Ambiental, es decir, sin prever qué daños puede ocasionar en términos de riesgos de inundaciones, desmontes o remoción de componentes radiactivos el gobierno provincial, desde el 2017, ya tiene decidido construir esta Autovía. Así lo demuestra la contratación directa que realizó en marzo del año pasado con un Instituto de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, estrechamente ligado a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO Córdoba), encargándole un Estudio de Factibilidad Económica por un valor superior a los $ 9.000.000.
En este panorama
poco claro, aparece la figura del ingeniero Santiago Reyna, asesor
directo del ministro de Agua y Ambiente de la provincia, Ing. Fabián
López, actualmente procesado por su vinculación con Odebretch
durante su gestión acompañando al ex-ministro Julio De Vido;
aquella empresa que, a pesar de haber sembrado coimas en toda
Latinoamérica, “trabaja bien y es barata”, según declaraciones
del propio gobernador Schiaretti.
Respecto de
Odebretch el año pasado el Secretario de Ambiente, Javier Britch,
como integrante del Ministerio de Agua y Ambiente, del cual Reyna es
asesor, tuvo que aclarar un episodio no muy claro con la empresa.
(Ver
http://www.periodismoambiental.com.ar/vinculan-al-secretario-de-ambiente-de-cordoba-con-odebretch/)
Sumado a la falta
de transparencia, tampoco queda claro si el ing. Santiago Reyna, ha
sido designado por el gobierno provincial como su representante, ya
que desde hace meses visita a los intendentes y jefes comunales de la
región para “convencerlos” sobre las bondades de la megaobra.
Con un marcado perfil bajo, el ingeniero desarrolla su misteriosa
tarea, a pesar de no figurar en la formalidad del proyecto. Sin
embargo, en un comunicado de la municipalidad de Cosquín el
misterioso ingeniero aparece citado como uno de los responsables del
proyecto.
Pero además, el
ing. Reyna sería en las sombras el nexo entre la Secretaría de
Ambiente y el IISPI; de hecho, hay indicios de informalidad y de
fuerte influencia de Reyna sobre el plan actual de la Autovía,
transformándose en el monje negro del proyecto. Tampoco queda clara
cuál es su función: si actúa en este proyecto como Gerente General
de GCIS CC, un consorcio de consultoras de ingeniería; o de CEAS
S.A, otra consultora para estudios y proyectos ingenieriles -la cual
preside- o como la voz oficial del Ministerio de Agua y Ambiente, ya
que viene acompañando como asesor al Ing. Fabián López desde hace
casi una década: primero en la Sub-Secretaría de Recursos Hídricos
de la Nación, cuando López integraba el equipo del ex–ministro
Julio De Vido.
Puente sobre el
San Roque: primer indicio de la opción más destructiva
Como botón de
muestra, a la vista está la destrucción del paisaje que realiza la
Unión Transitoria de Empresas, conformada por José J. Chediack
S.A.I.C.A y Astori Estructuras S.A, quienes vienen ejecutando los
trabajos desde el año pasado para el nuevo puente sobre el lago San
Roque, con una inversión de $ 1.300.000.000, según lo comunicado
por el gobierno de manera oficial.
Las empresas
asociadas al gobierno provincial en el proyecto parecen haberse
ensañado con el paisaje serrano de la comuna San Roque en nombre de
un progreso de dudosa calidad. El puente en cuestión, desfiguró a
fuerza de retroexcavadoras y dinamita el paisaje de la zona,
deteriorando cerros hasta dejarlos irreconocibles. Esos pequeños
universos que habitaban cada rincón de dichas sierras han
desaparecido para siempre y, como anécdota del desconocimiento de
los componentes ambientales que serían afectados por la obra del
puente, los autores del estudio oficial incluyeron especies que no
habitan en el bosque serrano, como el “quirquincho chico” -que
habita en la llanura chaqueña- y mencionando nombres comunes
inexistentes para la fauna de la región, como “paloma turca”,
“ranita de las cunetas” o “lagarto ocelado”. Así, quedó
demostrado que la ligereza era tal que, en aquel estudio presentado
por el gobierno, presentaron fotografías de otras especies para
hacer mención a las nativas -como el caso de una foto en la que se
veían pirañas amazónicas- cuando mencionaban en el texto la
presencia de palometas en los cursos de agua de Punilla.
Decretazo
cemental
El pasado
miércoles 21 de marzo, el gobierno provincial anunciaba con bombos y
platillos la creación del Parque Nacional Traslasierra para proteger
un ecosistema del norte provincial.
El mismo día,
pero sin anuncio esplendoroso claro está, publicaba en el Boletín
Oficial el Decreto 320/2018, en dónde aprobó un presupuesto que
roza los $ 4.000.000.000 para la construcción de la suntuosa Autovía
sin haber presentado aun el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental
de la obra, ni tampoco haber realizado la Audiencia Pública que la
Ley Provincial de Ambiente obliga.
Este Decreto que
resuelve el financiamiento de la obra provocó tanta sorpresa como
estupor, ya que la construcción de dicha Autovía se ha transformado
en un proceso viciado de informalidades: $ 3.939.000.000 destinados
por decreto y sin consulta a los habitantes de Punilla que aun no
logran conocer el proyecto oficial.
Fragilidad
ambiental
Sala de Prensa
Ambiental, también pudo acceder a un documento técnico elaborado
para la Comunidad Regional de Punilla en el año 2012. Precisamente,
las zonas con tasas de fragilidad ambiental más altas -marcadas en
rojo-, se sitúan donde el gobierno provincial proyecta hacer pasar
su autovía.
Allí, se
advierte -tras un año de trabajo de un equipo multidisciplinario de
profesionales, técnicos y científicos- criterios que establecen
zonas de fragilidad ambiental, donde quedaron plasmadas las áreas
que requieren mayor ordenamiento y protección territorial. Mapas
elaborados a partir de un proyecto financiado por la Comunidad
Económica Europea, en un trabajo conjunto entre la Comunidad
Regional de Punilla -conformada por municipios- y una ONG italiana.
Un cementerio en
el cementerio
El gobierno de
Schiaretti, en sus dos mandatos, tiene su sello de marketing y
grandilocuencia con ejemplos como el Faro del Bicentenario, en la
ciudad de Córdoba, que terminó siendo una torre inútil de 102
metros de cemento vertical, en el que terminaron armando un arbolito
de navidad. En el Faro, el gobierno de la provincia malgastó $
9.000.000 de los contribuyentes en una provincia con muchas
necesidades y urgencias. Entre sus pergaminos, cuenta también la
construcción del nuevo camino del Cuadrado, desoyendo las repetidas
advertencias de profesionales respecto a la traza que pergeñaron.
Obra vial de montaña que permanece gran parte del año cerrada por
desmoronamientos y grietas en el asfalto, que ya lleva actualizado un
gasto de $780.000.000.
Por su parte, el
valle de Punilla desde hace años padece un lago contaminado,
producto de la falta de cloacas que hacen que toda la materia fecal
del valle vaya a parar a los ríos que alimentan al mayor espejo de
agua de la provincia.
A pocos
kilómetros del lago sobre el que construyen el nuevo puente está,
en estado de abandono, un complejo minero donde se extraía uranio
para procesarlo como combustible para las centrales nucleares:
piletones a cielo abierto con rajaduras por donde escurren los
químicos y ácidos utilizados para “limpiar” el uranio. Pasaron
3 décadas desde que la empresa que explotaba el yacimiento de Los
Gigantes se declarara en quiebra y abandonara el lugar sin que jamás
se haya remediado, a pesar de las promesas eternas que iban en ese
sentido.
Tampoco, el
gobierno provincial se ha ocupado más que de entretener a los
carlospacenses con falsas y reiteradas promesas de saneamiento del
lago.
Hay quienes
afirman que la palabra cementerio viene de cemento, pues ahí es
donde “cementan a los muertos”. Otra acepción indica que cemento
puede interpretarse como piedra quebrada. Cualquiera de estas dos
acepciones describe el desolador panorama que va dejando el gobierno
provincial a su paso, decidido a encarar obras faraónicas sin medir
las consecuencias y haciendo estragos en la calidad de vida de los
ciudadanos que habitan gran parte del valle de Punilla.
Un Estado
provincial suntuoso que se muestra millonario gastando el dinero de
los contribuyentes cada vez más pobres. Basta con ver el estado de
hospitales públicos o escuelas para pensar si esa erogación de
fondos está bien destinada y si atiende las urgencias cotidianas y
vitales de los sectores mas desprotegidos de la sociedad.
El gobierno
provincial jamás cumplió con las necesarias inversiones prometidas
para prevenir nuevas inundaciones en Sierras Chicas, ni saneó el
lago San Roque, no atendió la situación de la mina de uranio de Los
Gigantes; tampoco prestó atención al reclamo de décadas por las
cloacas en el valle de Punilla, por citar sólo algunos ejemplos.
Esta semana se
cumplirá 1 año de uno de los mayores desastres socio-ambientales
ocurridos en la provincia: la inundación del predio de residuos
peligrosos TAYM S.A -del grupo Roggio- cuando las aguas arrastraron
esos contaminantes hasta el Canal Los Molinos que abastece de agua
potable al 30% de la ciudadanía cordobesa.
Sin embargo, el
gobierno del Contador Schiaretti decretó gastar casi $ 4.000.000.000
en una Autovía suntuosa, dinero que por supuesto saldrá del
bolsillo de todos los cordobeses.
Fuente:
Daniel Díaz Romero, Proyecto 2+2: una biopsia para el paisaje cordobés, 27/03/18, Sala de Prensa Ambiental.
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