por Daniel Gutman
BUENOS AIRES, 5
abr 2018 (IPS) - La capital de Argentina está desbordada por la
basura. Nadie la quiere cerca pero cada vez habrá más, porque los
planes para incentivar la reutilización y el reciclaje no han dado
el resultado esperado. Ahora, la novedad es que las autoridades
proponen una vieja solución: quemarla.
La iniciativa
enfrenta un obstáculo complicado de superar: la incineración de
basura está prohibida por ley, debido a su impacto nocivo sobre el
ambiente y la salud de las personas.
Pero como los
depósitos donde se entierra la basura están desde hace años sobre
el límite de su capacidad, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pidió formalmente el 23 de marzo a la Legislatura (parlamento) local que derogue la prohibición.
En los
fundamentos del proyecto de ley presentado con ese fin -que elude
mencionar la palabra “incineración”- el gobierno capitalino, con
especiales competencias, promete implementar un sistema para
“recuperar la energía contenida en los residuos, bajo un proceso
de combustión controlado”.
“Más allá del
impacto en el ambiente y la salud de la incineración, nuestro temor
es que se deje de apostar al circuito de recuperación de basura, que
apenas es incipiente en Buenos Aires. Es evidente que a las plantas
incineradoras hay que abastecerlas”, dijo a IPS la activista
Cecilia Allen, de la Coalición Ciudadana Anti Incineración.
Se trata de una
de las más de 50 organizaciones sociales y ambientales que el
pidieron a la Legislatura que se rechace el proyecto el martes 3, el
mismo dia en que los diputados comenzaron a discutirlo en comisiones
de trabajo.
El petitorio fue
firmado también por decenas de personas individuales, entre ellas
Adolfo Pérez Esquivel, el activista de los derechos humanos que en
1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su denuncia de la última
dictadura militar (1976-1983).
Mientras tanto,
ese mismo día militantes de la organización ecologista Greenpeace
colgaron en el frente de la Legislatura una gigantesca bandera que
rechaza la quema de basura, luego de trepar por las paredes del
histórico edificio en el centro de Buenos Aires, donde hace 70 años
tuvo su oficina Eva Perón.
Los datos
oficiales muestran que los planes para reducir la cantidad de basura
que se entierra, que venían dando módicos resultados, ahora están
estancados.
De hecho, en
conjunto, el área metropolitana de Buenos Aires mandó a disposición
final 1.101.202 toneladas de basura en 2017, contra 1.094.708 que
había enviado año anterior.
A comienzos de
este año, la empresa estatal Ceamse, que se encarga de la
disposición de basura, hizo público un estudio realizado con la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, que
sostiene que, con el ritmo de crecimiento de población y económico
proyectado, las 18.000 toneladas diarias de basura que hoy genera la
Ciudad se convertirán en 25.000 en 2030.
Pero la situación
podría explotar mucho antes: los actuales rellenos sanitarios,
alertó Ceamse, colapsarán en cinco años.
La cuestión no
es nueva: ya a principios de este siglo comenzó a revelarse como un
grave problema para Buenos Aires, una ciudad que tiene unos 3
millones de habitantes y que es la que gestiona el gobierno autónomo.
Pero la población
llega a los 15 millones si se incluye su área metropolitana,
conocida como el Gran Buenos Aires, lo que representa 34 por ciento
de los 44 millones de habitantes del país.
En enero de 2004,
al cabo de varios años de protestas vecinales por la contaminación
y los malos olores, fue cerrado el relleno sanitario de Villa
Domínico, ubicado en una zona densamente poblada, a unos 15 minutos
del centro de la ciudad.
Desde 1978,
cuando se inauguró, el relleno había recibido 47 millones de
toneladas de basura.
Estas
instalaciones se fundamentan en una obra de impermeabilización del
suelo donde se deposita la basura, con el objetivo de evitar la
contaminación de las aguas subterráneas.
Luego del cierre
de Villa Domínico, quedaron otros tres rellenos habilitados en las
afueras de Buenos Aires, todos objetados socialmente y cerca del
límite de su vida útil.
En consecuencia,
Ceamse lanzó una licitación con el objetivo de instalar un nuevo
relleno sanitario a más de 50 kilómetros de la Ciudad, que fracasó
ruidosamente debido al contundente rechazo vecinal en los seis
municipios cuyas alcaldías se habían interesado en acogerlo,
atraídos por los posibles ingresos y fuentes de trabajo.
Apurada por estas
circunstancias, en noviembre de 2005 la Legislatura bonaerense
sancionó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,
conocida como Ley de Basura Cero, al ser este su principal
objetivo.
La norma fijó
ambiciosas metas de reducción de los residuos que se envían a
disposición final: 30 por ciento para 2010, 50 por ciento para 2012,
75 por ciento para 2017 y 100 por ciento para 2020.
El camino para
llegar a esos objetivos serían la recuperación y el reciclado, en
un recorrido que ha tenido marchas y contramarchas.
Como ejemplo, en
2009 el gobierno del entonces alcalde Mauricio Macri y desde 2015
presidente del país, frenó la recolección diferenciada de
residuos, con el argumento de que le generaban un gasto inútil al
Estado, ya que los vecinos no se preocupaban por separarlos en sus
viviendas.
Ahora, el
proyecto oficial propone reformar seis artículos de la ley de Basura Cero, para ampliar considerablemente los plazos, al fijar una
nueva meta de reducción de 50 por ciento para 2021, con respecto a
lo enterrado en 2012.
La norma original
tiene como referencia el volumen enterrado en 2004, cuando Argentina
todavía sufría las secuelas de la brutal crisis económica de 2001,
que redujo considerablemente el consumo.
“La situación
no da para más porque ya no tenemos más lugar para poner la
basura”, planteó a IPS el diputado Gastón Blancetiere, presidente
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura de
la Ciudad, una de las que ya comenzó a discutir el nuevo proyecto.
“Por supuesto
que sería deseable que nos convirtamos en una economía circular de
avanzada. Pero es utópico pensar que eso se puede conseguir en un
plazo corto”, aseguró Blanchetiere, integrante del bloque
gobernante en Buenos Aires, Vamos Juntos, aliado del presidente
Macri.
Puntualizó que
“lo que estamos proponiendo no es habilitar la quema, sino la
termovalorización, que permitirá la generación de energía con la
basura, como se hace desde hace años en distintas ciudades de
Europa”.
Efectivamente, en
febrero, el gobierno de la Ciudad llevó a un reducido grupo de
periodistas de los principales medios locales a un viaje a París,
Ámsterdam y Viena para que conocieran allí las plantas de
incineración de basura que generan energía, que son las que se
pretende instalar en Buenos Aires.
“La realidad es
que hoy la Unión Europea desincentiva la alternativa de
incineración, porque las chimeneas y los filtros no impiden la
contaminación del aire”, dijo a IPS el director de Greenpeace
Argentina, Diego Salas.
“Estamos de
acuerdo en que la situación de la basura en Buenos Aires es crítica,
pero lo que propone el gobierno es liquidar la ley de Basura Cero y
generar más problema”, agregó.
Para la
organización ambientalista, “se debe establecer la responsabilidad
extendida del productor por sus envases, fortalecer la industria del
reciclaje, tratar los residuos orgánicos y hacer recolección
diferenciada de residuos, todos puntos que hoy quedaron fuera de la
agenda”.
Edición
Estrella Gutiérrez
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Fuente:
Daniel Gutman, Desbordada, Buenos Aires ya no sabe qué hacer con tanta basura, 05/04/18, Inter Press Service.
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