por Daniel Green
y Juan Fal
El reciente
anuncio de la instalación en el país del gigante danés Vestas
constituye una buena ocasión para reflexionar sobre la posibilidad
de desarrollo que las energías renovables suponen y cómo la
política industrial de Cambiemos está dilapidando esa oportunidad.
Los países
centrales se encuentran en un sostenido proceso de transición hacia
dichas energías renovables. Producto de este proceso, se puede
observar en el primer mundo, un fuerte impulso en la creación de
empleo y capacidades industriales, el cual se ha apalancado en la
convergencia de la política de ciencia y tecnología, energética e
industrial. Este proceso, implica no sólo instalar capacidad de
generación renovable, sino, en lo fundamental, desarrollar
capacidades tecnológicas locales que hagan posible un sendero
autónomo de desarrollo hacia un mundo renovable.
En tal escenario,
contar con “tecnólogos” nacionales, es decir, empresas que
manejan su propia tecnología de generación, resulta clave para
poder generar empleos de calidad, desarrollo tecnológico, ahorro de
divisas y, a futuro, poder brindar servicios de alto valor agregado
que surgen luego de cierto recorrido en el mercado y como resultado
del manejo de dicha tecnología. Sin tecnólogos locales se cercenan
enormes potenciales de desarrollo, de ahí que los países centrales
han hecho ingentes esfuerzos para apoyar el desarrollo de sus
tecnólogos. Visto de esta manera, para un país con capacidades
industriales y tecnológicas, que son acompañadas por un vastísimo
recurso natural, la posibilidad de desarrollo ante la que se está es
enorme, en tanto se puede alinear explotación de recursos naturales,
con industria, desarrollo tecnológico y posibilidades futuras de
exportación.
Argentina está
haciendo casi lo opuesto de lo que la experiencia de desarrollo del
primer mundo muestra. Hasta el inicio del Plan Renovar contaba con un
muy escaso desarrollo de energías renovables en el sector eléctrico
(pero con dos fabricantes nacionales de molinos, caso único en el
hemisferio sur), producto de la ausencia de una política adecuada
sobre el sector. Con el inicio de Renovar se han realizado
licitaciones que han adjudicados contratos por algo más de 2.000 MW,
es decir, aproximadamente unos 700 molinos eólicos, entre los cuales
no se cuenta ni uno argentino. Esto se debe, fundamentalmente, al
diseño de la política, que ha ignorado a los fabricantes nacionales
en favor de la importación del 100 por ciento de los equipos.
Los motivos que
se han argumentado han sido tan diversos como vagos, pero pueden
resumirse en la falta de capacidad productiva para cubrir toda la
demanda, la supuesta inmadurez tecnológica de las firmas locales y
la falta de competitividad. Pero a contramano de los argumentos, la
realidad muestra que ni siquiera se ha intentado incluir a los
fabricantes nacionales, ya que aun siendo ciertos los argumentos
esgrimidos por el gobierno de Cambiemos, nada impide llevar adelante
una política para desarrollar a los fabricantes locales a la vez que
se importan equipos. Sin embargo, ese no ha sido el camino elegido.
Si se revisa la
cuantía de beneficios que se le darán a las empresas eólicas
extranjeras que ensamblen en Argentina, tales como Vestas, se podrá
apreciar la real orientación de la política, y, en el fondo, el
credo industrial de Cambiemos. Para la ronda 2 de Renovar se ha
implementado un nuevo mecanismo, que implica un subsidio para que
empresas como Vestas ensamblen una parte de los aerogeneradores en el
país. Estos, comprando torres nacionales, y sólo ensamblando la
góndola y el buje del aerogenerador, lo cual insume menos de 500 hs.
hombre-equivalente a unos 25.000 dólares a 50 dólares/h, permiten
que el proyecto acceda a un bono fiscal de cerca de 1.000.000 de
dólares por cada aerogenerador ensamblado en Argentina.
Si se hubiese
aplicado esta política a los fabricantes nacionales se obtendría el
mismo precio de MW/h que ofrecen los tecnólogos importados, pero
generando desarrollo nacional. En el fondo, la mayor diferencia
radica en que se requeriría direccionar el aporte del Estado desde
el desarrollador a la industria, o, dicho en otros términos, del
negocio financiero (desarrollo de parques) al industrial
(fabricación). Como los hechos han mostrado a la fecha, para
Cambiemos la mejor política industrial es la que no existe.
Daniel Green es economista.
Juan Fal es economista. coordinador Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Fuente:
Daniel Green, Juan Fal, Industria eólica, una oportunidad perdida, 03/04/18, Página/12.
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