En las audiencias
públicas, que terminaron hoy, los ambientalistas pidieron que se
frene el megaproyecto hidroelectrico; el Gobierno prevé que los
trabajos se reanuden en septiembre.
por Loreley Gaffoglio
Fue un
sinceramiento inédito: "Si no hubiéramos tenido este
compromiso (con China), no estaríamos haciendo las represas a esta
velocidad".
Por propia
iniciativa y sin que estuviera programado, el ministro de Energía y
Minería, Juan José Aranguren, cerró el debate hoy en la audiencia pública en el Senado por las hidroeléctricas patagónicas con esa
admisión, que atribuyó al respeto por la "seguridad jurídica".
Aclaró que la
Corte Suprema de Justicia exigió un estudio de impacto ambiental
(EIA) sobre las presas y no sobre el tendido eléctrico. Trató así
de desestimar los reclamos convertidos en clamor de decenas de
particulares, ONG y especialistas que, cohesionados detrás del
rechazo a las hidroeléctricas, arremetieron contra el EIA, impugnado
por "tendencioso, parcial y hecho a medida".
Fue el corolario
de un debate histórico donde terminó imponiéndose el pedido al
Ejecutivo para que frene el proyecto, convoque a una consulta
popular, renegocie el contrato con China, estudie la alternativa
eólica -más económica en la región del viento- y preserve un
patrimonio natural y cultural irremplazable en una región con marca
mundial propia como es Patagonia. Un destino con mayor potencial
ecoturístico del que recibe, actividad de la que viven miles de
santacruceños.
En esa apretada
síntesis, a la que se suma lo oneroso de una tecnología obsoleta
descartada en el mundo por su alto impacto ambiental, que terminará
costando aún más y que nació de la corrupción, podrían resumirse
los conceptos contra las presas.
Si en la primera
jornada abundaron los argumentos técnicos, jurídicos e
institucionales que subrayaron conflictos de intereses-rechazados por
el ministro-, en ésta última se apeló a la ética, al sentido
común y a la sensibilidad de un gobierno que dice estar comprometido
con el cuidado del ambiente: una pequeña bandera argentina
desplegada en el estrado por una de las oradoras apeló con esos
colores a la identidad del glaciar Perito Moreno, Patrimonio de la
Humanidad, y a las aguas celestes y prístinas del río Santa Cruz,
la cuenca que exploraron Darwin, Fitz Roy y Magallanes, hogar de los
primeros pobladores en ese extremo sur. De allí sus 170 sitios
arqueológicos poco estudiados.
Se escuchó
también un pedido concreto a la Justicia para que "vele por los
intereses superiores de la Nación y no por las equivocas acciones
del gobierno de turno".
Si en la primera
jornada primaron las adhesiones de funcionarios nacionales y
provinciales junto a la de algunos expertos consultados por el
gobierno, en el saldo final prevaleció por número un no categórico
a las represas.
Fuera de
protocolo hubo otra nota de color que esta vez provocó el aplauso
cerrado del ministro Aranguren: una abogada ambientalista, Teresita
Iturralde, entonó con su guitarra una canción dedicada al macá
tobiano, el ave amenazada, endémica de Santa Cruz, que se
extinguiría con las presas.
"En este
mismo edificio se sancionó la ley que creó el Parque Nacional
Patagonia para salvar al macá tobiano. Hace poco el ministerio de
Ambiente lanzó el programa extinción cero. Y ayer mismo escuchamos
aquí a personas firmar su acta de defunción", dijo Francisco
González Taboas, de Aves Argentinas. "Les pido a los
funcionarios no más ambigüedades y que nos integremos a un mundo
que valora, protege y conserva su ambiente y no al mundo de China que
ya destruyó todas su cuencas".
Al modificar su
hábitat, el riesgo de que desaparezca el macá fue certificado por
el doctor del Conicet Ignacio Roesler, abocado a su estudio. Precisó
que sería el cuarto tipo de macá en extinguirse, luego del macá
andino, el de Alaotra y el de Atitlán.
Además de
menciones a la encíclica Laudato si, que calificó a la energía
hidroeléctrica de vetusta y descartada por los países que preservan
sus ambientes, la noción de progreso y de prosperidad quedó
asociada a la de sustentabilidad, en un contexto de cambio climático
y de crisis de extinciones.
El mensaje de los
ambientalistas fue claro. Y así pidieron también conocer qué
funcionario será responsable por "el desastre ambiental por dos
megarrepresas a 2300 km de donde está el pico de consumo eléctrico".
Ahora el gobierno
deberá analizar los dictamines no vinculantes por parte de las
comisiones de Energía y Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de
Diputados. Contestará objeciones y se presentará a la Justicia para
que permita reanudar las obras. Como se consignó ayer, prevén que
estarán en condiciones de hacerlo en septiembre.
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Fuente:
Loreley Gaffoglio, Represas en Santa Cruz: fuertes críticas a las obras, el saldo del debate en el Senado, 21/07/17, La Nación.
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