Cómo financiar que Córdoba no se queme

El control del fuego es un asunto clave: córdoba ya no puede seguir perdiendo biodiversidad, bosques, paisajes ni capital turístico. Cómo sigue el Plan del Fuego, ya sin el impuesto.

por Fernando Colautti

Hace 13 años, Córdoba “inventaba” un modo de asegurar recursos para el combate de los incendios forestales que la venían maltratando. Nacía el impuesto al fuego, un tributo que nadie evadiría porque se imponía con las boletas de energía que abonan todos los cordobeses. La Provincia acaba de decidir ahora su extinción. Los usuarios, según sus consumos de electricidad, se ahorrarán entre 36 centavos y 7 pesos por mes.

El anuncio genera interrogantes en los 174 cuarteles de Bomberos Voluntarios, principales destinatarios de la recaudación de ese impuesto. El Gobierno provincial aseveró que esos fondos saldrán ahora de su presupuesto general.

El debate sobre el origen de los recursos para financiar el Plan Provincial de Manejo del Fuego tiene patas cortas: sea por un tributo específico o cubierto desde Rentas Generales, es siempre el contribuyente el que los aporta. La discusión debiera girar sobre cuál es el modo más eficiente y transparente para que la prevención y el control de incendios cuenten con recursos adecuados.

Un fondo específico fijado por ley tiene la ventaja de que permite saber de antemano el monto con que se cuenta y facilita el seguimiento y control de cómo se gasta. Si los recursos dependen de la voluntad política de cada Gobierno, el monto por asignar -y sobre todo por ejecutar- puede resultar más arbitrario. El sistema sería menos previsible y planificarle.

Desde los despachos oficiales apuntan, con lógica, que aumentar ese tributo era siempre complejo, por resultar una medida política antipática, y que más sencillo resultará ahora actualizar directamente las partidas.

La cuestión es que, más allá del origen, si no existe un fondo específico por ley, predeterminado, visible y controlable, cada gobierno podrá en el futuro definir cuánto y cómo destina al Plan del Fuego.

Para Córdoba, no es un tema más: hace a su sustentabilidad ambiental y económica. Por esa relevancia, ese debate ocupa nuestro Primer plano de hoy.

Cómo sigue el Plan del Fuego, ya sin el impuesto

La Provincia eliminó el tributo que se pagaba hasta el mes pasado con la energía. Promete sostener el programa sin cambios. Hay dudas e incertidumbre en los cuarteles de bomberos de cara a los próximos años.

por Fernando Colautti

Desde este mes, las boletas de energía que pagan todos los cordobeses tendrán un adicional menos: el impuesto al fuego desaparece luego de 13 años de vigencia.

La decisión del Gobierno provincial pudo resultar simpática para muchos, por la eliminación de un (leve) impuesto, cuando lo habitual es que se agreguen nuevos, pero genera al mismo tiempo interrogantes entre quienes trabajan en el combate contra los incendios en Córdoba. Especialmente, en los 174 cuarteles de bomberos voluntarios.

El tributo había sido creado para financiar, con un fondo específico, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Nació por ley, aprobada en 2004, y con fecha de vencimiento en 2019. Sorpresivamente, el gobernador Juan Schiaretti anunció hace 10 días que ese tributo sería eliminado. También aseguró que los recursos que recaudaba serán cubiertos desde ahora por Rentas Generales de la Provincia y que se sostendría el programa vigente. El Presupuesto 2017 preveía recaudar por esta vía 91,6 millones de pesos.

Ahora, existe un punto en debate: sin un fondo específico fijado por ley, podrían ser más arbitrarios el monto y los modos que cada gobierno destine ahora al Plan del Fuego y a los cuarteles de bomberos.

A la vez, la disponibilidad de recursos podría depender ahora más del contexto económico y politico de la Provincia en cada momento que de un fondo autónomo que -más allá de las discusiones que solía generar sobre su administración- no podía tener otro destino.

Compromiso oficial

Juan Carlos Massei, ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia, confirmó que el decreto ya firmado elimina ese tributo que Epec y las cooperativas eléctricas cobraron hasta el mes pasado a todos sus usuarios. “Los fondos que se generaban por esa vía saldrán del presupuesto general, y se creará una partida específica para que la Secretaría de Gestión del Riesgo sostenga el mismo esquema que rige hoy”, puntualizó.

Para este año, el ministro dijo que estarán disponibles los mismos fondos (más de 90 millones de pesos) que se preveía sumar con la recaudación del impuesto.

Ante la duda que esbozan los bomberos sobre la actualización del monto anual para sostener el sistema, Massei planteó que “será más fácil aumentar el presupuesto que lo que era incrementar ese tributo, porque todo ajuste de impuestos siempre se trata de evitar, porque suena antipático”. Recordó, en ese sentido, que el monto del tributo no varió entre 2011 y 2016, a pesar de la inflación.

En efecto, en esos cinco años la recaudación del impuesto al fuego se mantuvo en el orden de los 60 millones de pesos. Este año, con el ajuste aplicado, habría llegado a los 90 millones.

“Yo diría que es al revés: es más fácil para los bomberos conseguir un aumento de las partidas presupuestarias que hacer que se firme el incremento de un impuesto”, señaló el ministro, para intentar alejar dudas sobre el financiamiento futuro del Plan del Fuego.

Massei también adelantó que “en septiembre” se iniciarán reuniones con las federaciones de bomberos para empezar a analizar el presupuesto para 2018.

Los de naranja

Desde la Federación de Bomberos Voluntarios, que nuclea a la mayoría de los 174 cuarteles existentes, se admitió que la decisión provincial no les fue consultada. Ariel Vicario, vicepresidente de la entidad, apuntó que el Gobierno “se comprometió a sostener todo el esquema actual y a asignar los recursos previstos”, y marcó que si se cumple esa premisa la institución no objeta el cambio. También planteó la necesidad de que se asegure, de algún modo, “que los presupuestos asignados al Plan Provincial del Fuego sean reactualizados cada año”.

Pero dentro de los cuarteles es donde se perciben más inquietudes. Fabián Vargas, coordinador regional de los bomberos de Calamuchita, dijo que el cambio “creó una evidente incertidumbre”. Marcó que “muchos se preguntan cómo será” y esbozó una inquietud: “Si con un fondo específico se solían generar demoras en los pagos a los cuarteles, cabe preguntarse si no serán mayores si salen de Rentas Generales”.

Vargas planteó que debería buscarse algún mecanismo para que no sea tan incierta la partida disponible, y pidió que se asegure la continuidad de los planes de equipamiento de cuarteles y de las becas (remuneraciones) “a los casi 350 bomberos que cada día trabajan para el Plan del Fuego”.

Héctor Cejas, jefe del cuartel de Jesús María, sugirió que “como mínimo, el plan existente se mantenga, con los fondos suficientes”. Y destacó: “Este anuncio nos tomó por sorpresa, ni las comisiones directivas saben bien cómo será ahora; esperamos algunas reuniones para sacarnos las dudas”.

Pablo Fuentes, jefe del cuartel de Villa Dolores, indicó que “aún no cuentan con certezas” sobre los cambios por aplicar y sostuvo que “el programa es muy importante para Córdoba”, aunque prefirió no opinar hasta contar con más información.

En otros cuarteles de Traslasierra hubo bomberos que admitieron que “hay opiniones divididas”, entre quienes creen que el programa no se podrá afectar, más allá de donde salgan los fondos, y los que se muestran preocupados acerca de la disponibilidad de recursos en el futuro.

En casi todos los cuarteles defienden un punto que ha generado polémicas: el aporte a los 348 bomberos becarios, quienes reciben una paga mensual por una tarea diaria de prevención y vigía en las zonas de riesgo (las Sierras y el noroeste).

Ambientalistas prefieren un fondo específico y por ley

El Foro Ambiental Córdoba ha venido siguiendo de cerca la evolución del Plan Provincial de Manejo del Fuego. Desde esa organización, su coordinador, Federico Kopta, anticipó que “en principio no parece una buena noticia” la eliminación del impuesto. Opinó que desde que se creó ese fondo específico, “los logros fueron notorios en la reducción promedio de superficies quemadas y en el equipamiento de los bomberos”.

El ambientalista consideró que la novedad “genera incertidumbre” hacia el futuro porque “sin asegurar un piso, los recursos quedarán más sujetos a vaivenes económicos y políticos”.

Kopta opinó que el camino debería ser sumar más recursos económicos, pero con un fondo específico, que permita avanzar “en lo que le falta” al Plan Provincial de Manejo del Fuego. En ese sentido, sugirió “una mayor acción en educación y sumar como área de riesgo -para enfocar también ahí una mayor prevención- a todo el arco norte y noreste, que aún cuenta con montes y registra fuegos frecuentes”. Desde que se puso en marcha, el Plan del Fuego considera zonas de riesgo a las Sierras y al noroeste provincial.

El biólogo sostuvo que “un fondo específico es más controlable, porque bomberos, periodistas e instituciones pueden saber cuántos recursos hay y cómo se gastan”. También planteó que si los fondos salen de Rentas Generales “el control ciudadano será mucho más difuso”.

Impuesto al fuego: en qué se gasta y cómo se reparte

La distribución de los fondos siempre generó controversias: cuarteles que reclamaban por quedar afuera o por cobrar con demoras, o críticas por desconocer cómo se resolvía el reparto.

El impuesto al fuego, en sus 13 años de vigencia, fue un monto fijo y no un porcentaje sobre la factura. Luego de cinco años sin reajustes, en 2017 aumentó su valor. Este año -hasta julio- los usuarios residenciales pagaron 0,36; 5,60 o 7 pesos por mes, según sus consumos de energía. Los usuarios con tarifa social estaban exentos. Comercios y empresas abonaban 12 pesos y los grandes consumidores, 400 mensuales.

Hace 10 años (en 2007), el tributo recaudó 41,4 millones de pesos. Entre 2012 y 2016 se ubicó entre 56 millones y 61 millones de pesos. En 2017, con el ajuste aplicado del 33 por ciento promedio, se preveía que recaude 91 millones.

Por ley, el 10 por ciento del total recaudado (nueve millones en 2017) se repartía directamente, y en partes iguales, entre los 174 cuarteles de bomberos voluntarios. Eso representaba unos 50 mil pesos al año por cuartel.

Luego, según lo acordado entre Provincia y federaciones de bomberos, este año 45 millones de pesos más se repartirían a los cuarteles, también sin importar tamaños ni ubicación, a razón de 260 mil pesos anuales para cada uno, mientras acrediten sus papeles y balances al día.

Otros 27 millones de pesos se acordó destinar al pago de las becas que perciben 348 bomberos voluntarios de las “zonas de riesgo” (las Sierras y el noroeste provincial). Cada uno cobra 6.500 pesos mensuales, a cambio de una contraprestación de varias horas por día en tareas de vigía y prevención de fuegos.

Esos tres rubros suman 80 millones de pesos al año. De los 90 millones que recaudaría el impuesto, quedarían 10 millones para gastos en equipamiento, mantenimiento de aviones hidrantes, pago de sus pilotos, combustibles, más gastos operativos y otros.

Desde este año, ya no entraba en esa cuenta el pago a Apross para los bomberos voluntarios sin obra social, porque por su nuevo y mayor costo ya requería el aporte de Rentas Generales.

La distribución de los fondos siempre generó controversias: cuarteles que reclamaban por quedar afuera o por cobrar con demoras, o críticas por desconocer cómo se resolvía el reparto. Siempre se reclamó más transparencia informativa sobre el destino de los recursos que el impuesto recaudaba y una mayor apertura en la toma de decisiones sobre cómo se gastaba. En los dos últimos años, esas polémicas parecieron mitigadas.

Apross, más cara para bomberos

Lo que recaudaba el impuesto al fuego ya no alcanzaba, desde el año pasado, para cubrir los aportes comprometidos a los cuarteles de bomberos, mantener cierto reequipamiento y, además, pagar la obra social Apross a los voluntarios sin cobertura.

A los 91 millones anuales que preveía recaudar ese tributo en 2017, el Plan Provincial de Manejo del Fuego sumaba otro costo de unos 38 millones de pesos anuales para que la Provincia destine a su obra social, Apross.

Así, el programa demanda en realidad unos 130 millones de pesos por año.

De cinco mil bomberos voluntarios activos que colaboran en los 174 cuarteles existentes, unos 1.700 no cuentan con obra social. A ellos y a su familia directa (en total, unas 3.500 personas) los cubre Apross.

Pero hasta 2015, esa obra social provincial le cobraba al propio Estado una cuota casi simbólica. En 2016, sinceró los valores y ya el impuesto al fuego no alcanzaba para cubrir ese gasto. Pasó de una cuota de 50 pesos por mes por afiliado a una de 900 pesos. En total, de 200 mil pesos en 2015 se elevó el presupuesto para sostener esa cobertura a unos 30 millones en 2015 y a casi 40 millones en 2017.

El ministro Juan Massei enfatizó: “Sigue el compromiso de hacerse cargo de ese aporte y de sostener ese beneficio para los bomberos sin obra social”.

Fuentes:

Fernando Colautti, Cómo financiar que Córdoba no se queme, 17/08/17, La Voz del Interior. Consultado 17/08/17.

Fernando Colautti, Cómo sigue el Plan del Fuego, ya sin el impuesto, 17/08/17, La Voz del Interior. Consultado 17/08/17.

Impuesto al fuego: en qué se gasta y cómo se reparte, 17/08/17, La Voz del Interior. Consultado 17/08/17.