Las restricciones presupuestarias dejan en el paro al 35 % de los investigadores de la Plataforma Solar de Almería.
por Nuño
Domínguez
El mayor centro
de investigación de energías renovables en España vive una
situación kafkiana. Aunque dispone de millones de euros en
financiación, no los puede gastar debido a las restricciones
impuestas por el Gobierno desde 2016, lo que está dejando al límite
del colapso a un centro considerado estratégico por la Unión
Europea.
La Plataforma
Solar de Almería (PSA) se comenzó a construir en los años setenta
en el desierto de Tabernas, a pocos kilómetros de donde se rodaban
los espagueti western. En la actualidad es el mayor centro de
investigación de energía termosolar de Europa. De sus instalaciones
ha salido buena parte de la tecnología que se usa en las centrales
comerciales, donde hay una importante presencia de empresas
españolas.
“España tiene
instaladas el equivalente a dos centrales nucleares en forma de
plantas de energía termosolar”, explica Sixto Malato, investigador
de la PSA, dependiente del Ministerio de Economía. “Si ocupasen un
1,5 % de la superficie de los desiertos de la Tierra generaríamos
suficiente electricidad para todo el planeta”, asegura.
En conjunto hay
unos seis millones de euros que están bloqueados por normas impulsadas por el Ministerio de Hacienda para limitar el gasto,
asegura Malato. La última de estas restricciones, aprobada en enero,
impide a los organismos públicos de investigación (OPI) gastar más
del 50 % de su presupuesto hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado de 2018. La imposibilidad de usar esos fondos ha
dejado en la calle a 14 científicos, el 35 % de la plantilla de
investigadores con experiencia previa, resalta Malato. El científico
dimitió en noviembre como director de la PSA para intentar forzar al
Gobierno a que levante las restricciones, algo que aún no ha
sucedido.
Los
investigadores afectados no quieren ser identificados por miedo a
represalias. Sentados en la terraza de una una cafetería cercana a
las instalaciones, cinco de ellos explican su situación. Todos son
doctores o licenciados universitarios. La mayoría supera la
cuarentena y llevaba años trabajando en la PSA, siempre empalmando
contratos temporales. Una de estas personas es una doctora con varios
hijos, en el paro después de haber trabajado en la plataforma más
de 15 años. “El problema de nuestra situación es de España, del
estado de la ciencia y de las escasas perspectivas laborales de gente
que tenemos una formación muy alta”, explica. “Yo era la que
mejores notas sacaba en mi clase y ahora soy la que tengo más
inestabilidad laboral”, añade. “Con 46 años tenemos problemas
de gente de 26”, zanja otro de sus compañeros.
Estos parones
suponen meses de retraso para proyectos en los que participan varios
países europeos. Un ejemplo es Waterspoutt, financiado con 3,5
millones de euros para desarrollar tecnologías de desinfección de
agua con luz solar en Uganda, Sudáfrica, Etiopía y Malawi. “La
responsable por parte de la PSA pertenece a nuestro grupo y está en
el paro desde el 15 de febrero y sin fecha clara prevista de
reincorporación”, explica Isabel Oller, jefa de la Unidad de
Investigación de Tratamiento de aguas.
Estos días, la
larga hilera de receptores solares del sistema de generación directa
de vapor mira hacia el suelo. Esta instalación experimental, una de
las "más emblemáticas" de la plataforma, está parada
desde hace cuatro meses porque faltan repuestos que no se pueden
comprar, lamenta Eduardo Zarza, investigador en la plataforma desde
1985. Los trámites burocráticos también impiden pagar cuotas a
organismos internacionales de cientos de euros. “Una gran parte de
nuestros ingresos no provienen de los presupuestos generales del
Estado, sino de la Comisión Europea, y lo que pedimos es que los
podamos administrar de forma plurianual, no de forma anual como se
nos está obligando. Es como si nos mandasen a la guerra sin armas”,
señala.
La PSA tiene un
presupuesto anual de unos seis millones de euros, la mitad de ellos
procedente de proyectos europeos. Este centro de investigación
depende orgánicamente del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), donde hay unos 70 millones
de euros afectados por estos problemas, asegura Malato. “Si no se
levantan estas restricciones en uno o dos años tendremos que empezar
a devolver el dinero que nos llegó de Europa”, lamenta.
En una carta
enviada a finales de febrero a la que ha tenido acceso Materia, el
presidente de Estela, la patronal europea de energía termosolar,
exigió al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, que “el
Gobierno actúe con firmeza” para garantizar que la PSA “recupera
su eficiencia en la gestión de proyectos y el nivel de excelencia en
innovación”.
Un portavoz del
Ministerio de Economía reconoce los problemas que atraviesa la
plataforma, el Ciemat y el resto de los OPI. “Hemos pedido a
Hacienda que se puedan exceptuar esos 15 contratos de la normativa,
pero no sabemos cuándo se podrán formalizar. El hecho de no tener
presupuestos para 2018 no ayuda”, señala.
Fuente:
Nuño Domínguez, La agonía del mayor centro de energías renovables en España, 08/03/18, El País.
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