por Patricia Pintos
A raíz de las inundaciones, la geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata analiza, para El Digital, cuáles son las políticas pendientes.
Las recientes inundaciones que afectaron a varios municipios del aglomerado metropolitano de Buenos Aires sacaron a la luz los repetidos desaciertos de la política urbana de matriz neoliberal aun vigente en el posneoliberalismo.
Desde finales de los años ‘90s y de la mano de un urbanismo claramente distanciado de la preservación del interés común, la periferia metropolitana asistió al desplazamiento de la frontera urbana hacia territorios antes vedados al uso residencial por sus restricciones naturales por ser bajos e inundables.
Este es el caso, por ejemplo, de la cuenca baja del río Luján, donde el mercado desarrollador inmobiliario avanzó casi sin ataduras en la transformación de vastísimas superficies de humedales para la construcción de urbanizaciones cerradas náuticas con la sola pretensión de producir una oferta diferenciadora para el segmento premium, construida en torno de paisajes asociados al agua.
La presión ejercida por las empresas desarrolladoras sobre estas áreas de gran fragilidad ambiental contó con el apoyo tácito de los gobiernos municipales, abiertamente dispuestos a modificar sus normas de uso y ocupación del territorio, a flexibilizar las regulaciones sobre espacios protegidos y a habilitar ingentes superficies de suelo que pasaron a estar afectadas de manera permanente a emprendimientos que propician la segregación y acentúan la desigualdad.
Pero la responsabilidad es, también, compartida por los organismos provinciales que debían garantizar la protección de las zonas de desagües naturales. Además de no cumplir con ese mandato, y ante la falta de un criterio de análisis integral de cuenca, las aprobaciones otorgadas tampoco consideraron los efectos sinérgicos que tendrían semejantes transformaciones sobre las planicies inundables.
Los eventos recientes exhiben -en buena medida- los costos de los sucesivos desatinos de una gestión territorial librada al arbitrio del mercado desarrollador y con mínimas regulaciones. Para resolver lo hecho hasta aquí, será preciso realizar costosísimas obras hidráulicas. Sin embargo, el mayor desafío para las autoridades será asumir la decisión de no permitir el avance del proceso de ocupación residencial sobre las planicies de inundación.
¿Fin de ciclo del festival especulativo rentista en humedales? Es de esperar que quienes tienen la decisión se animen a ponerle el cascabel al gato.
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Fuente:
Patricia Pintos, “Hay que recuperar legitimidad en la gestión del territorio”, 07/11/14, El Digital.
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