Jáchal, San
Juan. El fin de semana transcurrió aquí con sus vecinos pensando
qué pasará hoy, a cinco días de conocerse el segundo derrame en la
mina de Veladero. El interrogante es si habrá anuncios del gobierno
sanjuanino -que ordenó una serie de trabajos a la Barrick- y si la
Justicia dispondrá medidas.
Los asambleístas
pedirán al intendente Miguel Vega que reclame a la Justicia
provincial tres monitoreos aguas abajo y de sedimentos. "La
situación es confusa; todo indica que la empresa frenó su actividad
recién el viernes", dijo Saúl Zeballos a La Nación. Quieren
que el planteo lo haga la comuna "porque su abogado es el de
todos los ciudadanos".
Voceros de la
Barrick ratificaron que seguirán realizando los trabajos de
levantamiento de paredes de contención que les indicó la provincia
a través del ministro de Minería, Alberto Hensel. El funcionario
dijo que los peritajes no detectaron presencia de cianuro en agua.
Sobre la
instalación de cámaras de seguridad en la zona del valle de
lixiviación para que la Policía Minera controle a través de ese
sistema, explicaron que "no hay requerimiento formal; entendemos
que será el gobierno el que las instrumente".
Desde el jueves
-cuando trascendió el segundo incidente ambiental- la comunidad no
abandona el debate sobre el tema. En la carpa de la asamblea "Jáchal
no se toca" llegaron representantes de organizaciones de defensa
del medio ambiente para apoyar su posición. Podrían, incluso,
marchar a San Juan en los próximos días.
La decisión de
los asambleístas es que, desde ahora, los representantes políticos
que lleguen al lugar firmen un compromiso por el cierre de la mina.
Fue el motivo que disparó la agresión al gobernador Sergio Uñac el
viernes.
El diputado
nacional sanjuanino por el Pro, Eduardo Cáceres, ratificó que en la
Comisión de Minería que preside esperan el informe de los peritos
que envió a Veladero la Nación para citar a de Minería. "La
competencia sobre la mina es provincial, pero queremos detalles de
cómo fue el proceso de información del incidente, si hubo perjuicio
y si la demora en comunicarlo pudo provocar problemas a la
población", planteó.
Para Cáceres
-quien fue echado de la asamblea en marzo por haber integrado la
comitiva que viajó a Canadá para buscar inversiones mineras-
agregó: "Somos conscientes de los problemas que podrían tener
los 3000 empleados de Veladero si se frena, pero también de que hay
otras empresas en condiciones de llevar adelante el proyecto".
El juez
provincial Pablo Oritja dispondría medidas esta semana. "No
debería hablarse de derrame porque no excedió el valle", dijo
la semana pasada. Su opinión no cayó bien entre los jachaleros.
Muchos lo cuestionan por cómo manejó el primer vertido de cianuro,
hace un año.
Los abogados de
la asamblea hicieron una presentación ante el juez federal Sebastián
Casanello. Diego Seguí indicó a La Nación que la expectativa es que
el juez federal ordene una auditoría en la zona para investigar si
hay glaciares, tal como lo plantea la ley que rige en esa área. "El
comunicado de la Barrick es una confesión explícita. Habla del
«deslizamiento de un bloque de hielo» que desacopló el caño
-agregó-. Admite que, como mínimo, están en zona periglaciar".
El fiscal federal
de Jáchal tiene una denuncia por el segundo incidente. Desestimó el
primero, in límine, por considerar que no era un problema
interjurisdiccional; sólo así sería de su competencia. Aquella
conducta sienta un precedente.
Por ahora, en
Jáchal no hay expectativas -ni ánimos- de que lleguen funcionarios
nacionales. El ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, estuvo en
marzo y los resultados no conformaron a los asambleístas.
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Fuente:
Gabriela Origlia, Jáchal, a la espera de repuestas, 19/09/16, La Nación. Consultado 21/09/16.
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