sábado, 8 de noviembre de 2014

El barrio se recupera y quiere saber qué pasó

66 heridos (dos graves), decenas de casas destruidas y espanto entre los vecinos es el saldo que dejó el siniestro. El empresario Raponi está detenido. Primeras medidas oficiales para reparar los daños.

por Rubén Curto

La tremenda explosión registrada el jueves por la noche en el local de la empresa química Raponi, de barrio Alta Córdoba, sacudió los cimientos del barrio y sigue generando onda expansiva en sus repercusiones.

Cuando la ciudad entera busca reponerse del impacto por el siniestro -se percibió en decenas de barrios-, las miradas están puestas ahora en la evolución de los 66 heridos contabilizados ayer, dos de los cuales -una mujer de 64 años y un joven de 15- luchan por su vida en el Hospital de Urgencias.

El intendente Ramón Mestre declaró el estado de alerta, emergencia social y zona de desastre al lugar afectado por la explosión. Pidió que se elaboren diagramas de emergencia, con afectación de personal, recursos y materiales para su ejecución. El área Gobierno dispondrá acciones para la prevención y protección de la población.

Mientras, la fiscal Eve Flores avanzó en la investigación de lo ocurrido e imputó a Sergio Hilton Raponi, responsable de la firma Raponi, a quien acusó de “estrago culposo agravado”.

Hipótesis detrás de la detonación equivalente a 5 toneladas de TNT

El acopio de productos no autorizados o un mal almacenamiento de sustancias para la que estaba habilitada la firma serían la causa de una explosión cuya intensidad fue casi un tercio de la de Río Tercero.

por Lucas Viano

Si bien la firma Raponi Industrial SRL estaba habilitada, todo indica que una grave irregularidad fue la causa de la explosión.

Por el momento, sólo se puede hablar de hipótesis y especulaciones, ya que tanto desde la fiscalía como desde Bomberos de la Provincia no dieron detalles sobre las causas del accidente. La fiscal Eve Flores confía en tener el primer informe de Bomberos el fin de semana.

La empresa estaba autorizada para fabricar tintas y pigmentos comestibles, fraccionar de productos de limpieza y como depósito de productos químicos no inflamables.

Aún hay 200 industrias fuera de norma

Muchas tienen permisos provisorios y están obligadas a relocalizarse. El municipio asegura que los casos de riesgo son pocos.

por Laura González

El depósito de químicos que explotó el jueves en Alta Córdoba, autorizado para almacenamiento de productos no inflamables, sirvió de disparador para reavivar el debate acerca de la presencia de industrias y comercios con algún grado de riesgo en barrios residenciales.

En la ciudad hay al menos 200 industrias y comercios que están fuera de norma y que deberían mudarse, según lo que dispone la ordenanza 8.133, aunque las autoridades aseguran que son poquísimas las empresas de riesgo que operan dentro de la Circunvalación.

La gran mayoría es porque el terreno autorizado les ha quedado chico y no pueden expandirse más; otros porque movilizan camiones de gran porte que ya no pueden ingresar al barrio; otros porque emanan humo y olores o generan efluentes que requieren un tratamiento especial; o porque producen ruidos molestos.

En todos los casos, son industrias o locales autorizados hace muchos años, que quedaron fuera de norma en 1985, cuando se reguló de manera global el uso del suelo en la Ciudad. En esa fecha, la 8133/85 dispuso dónde podían localizarse las actividades económicas y muchas –encuadradas en la norma anterior, de la década del ’60– quedaron afuera. El municipio fue emplazándolas y otorgándoles diferentes prórrogas durante años. El último intento fue en 2009, bajo la ordenanza 11.657, que les dio 180 días para que presenten un cronograma de reubicación. Poco más de 10 empresas se acercaron. Se prometió reflotar la ordenanza en 2013, pero la iniciativa no prosperó.

Problema de fondo
En la Capital hay unas 9800 industrias o actividades que requieren autorización por el uso que hacen del suelo y el impacto en el ambiente. En el propio municipio cifran en 200 las que están en abierta violación de la ordenanza, aunque cálculos privados hablan de dos mil.

“La ordenanza actual es muy restrictiva en cuanto a materiales peligrosos y se cumple; hay poquísimos casos de riego”, dice Juan Giunta, secretario de Planeamiento Urbano del municipio. La más conflictiva es una empresa que está cerca del Puente Cantón, en una zona que supo ser industrial, dedicada a gases industriales.

Ayer, muchos funcionarios imaginaban, sin decirlo abiertamente, el escenario que se viene: vecinos espiando a vecinos mediante el Google Street View, juzgando al otro y fracturando la convivencia barrial. Ecogas puede dar cuenta de lo que vivió luego de la explosión en Rosario. “No, yo no creo que eso suceda”, dijo Giunta.

Estado de situación
En Córdoba capital, persisten todavía algunos casos de industrias abiertamente peligrosas. También están las que, si no existen controles, pueden tornarse peligrosas. Por ejemplo, las que pasan a manejar productos riesgosos sin que nadie lo advierta.

“Es cierto que hay actividades que no están permitidas y otras que se han adaptado para bien; el problema es si los controles funcionan o no funcionan”, dice el urbanista Alejandro Cohen. “Ni la Provincia ni el municipio pueden mirar al costado”. Pero también hay otra problemática: zonas netamente industriales que, por la expansión desordenada de la ciudad, han sido invadidas por viviendas particulares y countries.

¿Quién se tiene que ir? ¿Hay formas de organizar esa convivencia? “Hay que evaluar muy bien la situación; no es fácil decirle a una industria que se vaya si el municipio y el Ministerio de Industria de la Provincia no le articulan una salida”, dice Mariano de Juan, exsecretario de Desarrollo Urbano. Se refiere a la posibilidad de ofrecerle un terreno alternativo o créditos blandos para instalar la planta, por ejemplo. “El problema es que en muchos casos, la industria estaba primero que el barrio en una zona netamente industrial”, agrega.

Un ejemplo es lo que sucede con la fábrica Porta, enclavada en una zona industrial R4, cuyos vecinos de barrio Inaudi y camino a San Antonio, posteriores a la industria, se quejan de los olores y riesgos para la salud. “Las dos cosas no pueden convivir, alguien tiene que irse, o la industria o el barrio”, dice la urbanista Miriam Liborio.

Exigir la relocalización de una industria que fue autorizada es complicado, tanto desde el punto de vista jurídico como económico. La industria da empleo, una mudanza podría implicar suspensiones y además, la posibilidad de que deje de tributar en el municipio.

Algunas quejas
Varios vecinos se quejaban ayer de que se demoró en formar el cordón de protección en torno al lugar del siniestro, lo que permitió que mucha gente se acercara.

Lo más fácil es culpar al Estado

El origen de ciertas tragedias tiene que ver con desatenciones, falta de control y egoísmos de personas comunes.

por Sergio Carreras

Por estos días, es un éxito internacional la película argentina Relatos salvajes, que expone las historias de un grupo de personas comunes que, enfrentadas a problemas cotidianos, estallan en arrebatos de violencia.

La explosión en el barrio Alta Córdoba habla de otro salvajismo: el de personas comunes que acaban produciendo otro tipo de explosiones, reales y de mayor gravedad, por no haber respetado las ­leyes o evadido los controles.

Si se comprueba la sospecha de que el establecimiento químico guardaba materiales inflamables, pese a que no estaba habilitado para ello por estar en una zona residencial, otra vez tendremos un ejemplo dramático de lo que ocurre cuando personas comunes -no políticos corruptos, no grandes delincuentes transnacionales- pasan por encima de las normas y desprecian las vidas de los demás.

En la ciudad de Córdoba, ­hizo falta que se incendiara un geriátrico y murieran quemados seis residentes, en septiembre de 2010, para que se descubriera el descontrol y la falta de recursos humanos con que se manejaban muchos de estos establecimientos. Los testimonios de familiares y enfermeras que sacaron a la luz las penosas condiciones de funcionamiento de estas residencias se multiplicaron a partir de la tragedia.

Cuando se inspeccionó, estaba todo bien, dicen en el municipio

El 4 de agosto se realizó la última revisión por parte de técnicos de Impacto Ambiental, quienes recomendaron autorizar la actividad de la química.

Al momento de realizarse las últimas inspecciones por parte de la Municipalidad de Córdoba, la empresa Raponi Industrial Química SRL cumplía con todos los requisitos exigidos, según los certificados que exhibió ayer la administración de Ramón Mestre.

Según consta en el expediente a través del cual el Municipio le renovó la autorización ambiental, el 4 de agosto pasado inspectores de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental constataron que en el establecimiento de calle Avellaneda, donde el jueves se produjo la explosión, “se realiza el fraccionamiento de sustancias líquidas de limpieza, tales como detergentes, desodorantes, cloro, desengrasantes y tintas cárnicas, que se utilizan para marcar animales faenados en frigoríficos”. La certificación detalla el proceso de fraccionamiento de productos de limpieza, el tratamiento de los envases, el tipo de residuos que se generan, la contención de derrames, etcétera.

Además, se deja constancia que, tal como establecen las ordenanzas vigentes, a esa altura, la empresa había cumplido con todos los requisitos. A saber: Certificado de Inspección de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba (7 de diciembre de 2012, con validez por cuatro años); inscripción en el Registro Industrial de la Provincia de Córdoba (15 de mayo de 2014); y visado de la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo de la Municipalidad de Córdoba (18 de junio de 2014).

Con todos esos antecedentes, los técnicos de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental recomendaron autorizar “ambientalmente” la actividad propuesta, lo que determinó la renovación de la habilitación para el funcionamiento del lugar donde ocurrió la explosión.

José María Fernández, secretario de Control y Fiscalización de la Municipalidad, dijo que cuando se inspeccionó, meses atrás, el local cumplía con todo; y que podía funcionar en el lugar donde está. “No puedo asegurar qué sucedió después -agregó-; si sumaron otra actividad u otras sustancias no declaradas antes. Eso lo dirá la Justicia con la investigación que está haciendo”.

300 inspectores

En la calle. Según informó la Municipalidad, en la actualidad hay 300 funcionarios de distintas áreas que se dedican a inspeccionar y controlar empresas, industrias, edificios y boliches, entre otras actividades y dependencias.

Trabajo. En lo que va de 2014, se realizaron 3.167 inspecciones que derivaron en 163 clausuras de ascensores, 3.802 actas por rotura de veredas, 226 clausuras de locales de espectáculos públicos y 1.308 actas de infracciones en boliches.

Fuente:
Rubén Curto, El barrio se recupera y quiere saber qué pasó, 08/11/14, La Voz del Interior. Consultado 08/11/14.
Lucas Viano, Hipótesis detrás de la detonación equivalente a 5 toneladas de TNT, 08/11/14, La Voz del Interior. Consultado 08/11/14.
Laura González, Aún hay 200 industrias fuera de norma, 08/11/14, La Voz del Interior. Consultado 08/11/14.
Sergio Carreras, Lo más fácil es culpar al Estado, 08/11/14, La Voz del Interior. Consultado 08/11/14.
Cuando se inspeccionó, estaba todo bien, dicen en el municipio, 08/11/14, La Voz del Interior. Consultado 08/11/14.

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